Ricardo Becerra
La Crónica
14/09/2021
Si el famoso extraterrestre de la famosa nave hubiera llegado a México el primero de septiembre, hubiera escuchado al presidente López Obrador y luego -con curiosidad interplanetaria- se hubiese hecho del informe entregado al Congreso, habría concluido que aterrizó en un país normal, cuya marcha social transcurre con normalidad gracias a una administración pública normal. 2020, un año como cualquier otro.
Ni de los dichos, ni de los papeles entregados por el Ejecutivo se desprende que México vivió (y sigue viviendo) una crisis muy profunda en el orden social, económico, sanitario y humanitario.
Para la versión oficial aquí no hubo una tragedia humana ni una calamidad económica. Lo que hubo fueron muchas acciones de un gobierno ordenado que se sucedieron sin que la pandemia del Covid alterara una sola de las prioridades definidas, con envidiable clarividencia, desde el inicio de la administración.
La impresión de un gobierno petrificado y más allá, hipnotizado por su propio relato, incapaz de ver la magnitud de los problemas que sufre su gente, llega a un clímax cuando aborda la gestión de la pandemia y el exceso de mortalidad, cifra tremenda que alcanza los 497 mil 476 defunciones y que sin embargo, es manejada como un triunfo de la transparencia, de la comunicación gubernamental (en prístinos boletines) y no como lo que es: un cúmulo de sufrimiento humano que no había conocido México en al menos cien años. “Las acciones de gobierno dieron seguimiento al impacto de la pandemia en la carga de mortalidad por COVID 19 y de todas las causas, así como a las tendencias de mortalidad por zonas geográficas. De septiembre de 2020 a julio de 2021 se publicaron 17 boletines estadísticos de exceso de mortalidad” (p. 313). Lo importante no es la catástrofe que sucedió, sino que el gobierno la transparentó.
El informe está repleto de esos saltos, en los cuales la crueldad de la situación se metamorfosean en serenas acciones estatales. La pérdida de ingreso fue combativa por una “oportuna aceleración” de los programas que ya existían, y el cierre de un millón 10 mil 857 negocios, fue en realidad la oportunidad para mostrar cómo este gobierno puede repartir 25 mil pesos en créditos a cada uno de ellos. El tono gubernamental es así: “El enfoque integral de apoyo se sustentó en el acceso a plataformas de comercialización para aumentar ventas, realizar contactos y desarrollar estrategias de mercado. Al mismo tiempo se proporcionó asesoría y capacitación en temas de educación financiera y gestión administrativa…” (p. 231) todo dentro de una exquisita normalidad.
Ese tipo de escapismo, útil para evadir responsabilidades y para enmascarar la gravedad de una situación límite, no permite que el país capte el retrato de sí mismo: una destrucción de riqueza de menos 8.5% (la mayor desde la gran depresión); la desaparición de 833 mil empleos formales cuya recuperación total aún no ocurre, un año y medio después; la caída en la pobreza de 3.8 millones de personas; la caída del ingreso per cápita de 10.3 por ciento, más la otra epidemia, la de la violencia criminal que cobró la vida de 36 mil 579 personas. Esas son las grandes coordenadas del 2020 de las que el Informe de gobierno simplemente no se ocupa porque se entretiene en narrar una “transformación de la vida pública” que sucede, sobre todo, en la cabeza del presidente y de los funcionarios.
De ese modo, es imposible sostener una discusión adulta, incluso, basada en cifras oficiales. A cambio el gobierno propone contar sus acciones y sus logros administrativos, como si no hubiésemos vivido el peor año en la vida de la nación. Una disonancia psíquica y política que seguiremos pagando demasiado caro.