Las próximas horas serán críticas para ver nacer el Sistema Nacional Anticorrupción. Asumo que hay muchos que quisieran ahogar las leyes secundarias que están discutiéndose ahora mismo en el Senado de la República, cuando falta apenas una brazada para llegar al otro lado del río. Pero quiero creer —necesito creer— que las y los legisladores que han librado esta batalla desde un principio tendrán las agallas para imprimir dosis equivalentes de firmeza y sensatez a estas horas cruciales.
Se necesita valentía para evitar que el sistema que ordenó la Constitución se desdibuje y pierda eficacia; pero también sensatez, para conjurar el oportunismo y la intolerancia. He ahí las dos estrategias de quienes están buscando que este sistema se hunda: los que presionan por el gatopardismo para que las cosas sigan igual, y los que condicionan hasta la última coma para impedir que prospere. Los extremos se tocan: unos desde el disimulo y otros desde el protagonismo.
Me consta que durante los últimos días —luego de largas pausas y tras la publicación de un primer documento del PRI y del Partido Verde que sólo consiguió producir la reacción conjunta del PAN, el PRD y la sociedad civil que ha participado en el tema— los diálogos entre bancadas políticas y organizaciones sociales se han multiplicado y se han venido corrigiendo imprecisiones, omisiones y excesos. Por eso sostengo que estamos ante la brazada final: la más difícil de todas.
Gracias a la excelente coordinación de Eduardo Bohórquez, quien ha representado a las organizaciones de la sociedad civil y de la academia que hemos colaborado en este esfuerzo común, sé de cierto que en este momento —justo mientras escribo estas notas— todas las cartas ya se han puesto sobre la mesa; que se han discutido hasta el agotamiento todos los proyectos iniciados por el PAN, el PRD, el PRI y las organizaciones sociales; y que las cuestiones técnicas del paquete legislativo que debe aprobarse antes del 28 de mayo pueden encontrar salidas plausibles, sin sacrificio de la profundidad que reclama el combate a la corrupción. Nadie podría adjudicarse la autoría total de esas líneas y nadie podría argüir que sus ideas han quedado fuera. Nadie, excepto quienes insistan en buscar —por cálculo político o por chantaje— que el sistema propuesto se asfixie.
Durante la deliberación a la que hemos tenido acceso, hemos constatado que sí es posible que el Congreso mexicano apruebe las siete reformas indispensables para que el nuevo sistema de combate a la corrupción comience a cobrar vida; que se han venido derrotando, uno a uno, los argumentos que intentaban deslavar las propuestas originales; y que ya no caben razones técnicas ni jurídicas válidas para bloquear el proceso legislativo que está en curso. Ya no estamos en el escenario de ganar algo, perdiendo mucho. Los papeles que se han puesto sobre la mesa, de buena fe, nos dicen lo opuesto: nos dicen que ese sistema podría comenzar a operar en el mes de mayo en condiciones muy favorables.
Pero falta lo más difícil: que la clase política mexicana levante la mirada más allá de las próximas elecciones y por encima de los titulares de los periódicos de mañana. Quienes hemos participado desde la academia y la sociedad civil nos hemos negado a jugar juegos políticos, a suscribir los proyectos de un solo partido o a excluir cualquier posibilidad de diálogo constructivo. Esos no son nuestros territorios. Celebramos la oportunidad de participar en todos los intercambios de ideas y propuestas técnicas y no hemos escatimado tiempo ni esfuerzo para honrar esa invitación. Pero siempre a sabiendas de que la última palabra la tendrán los legisladores. La otra orilla ya está a la vista: solamente falta que nuestros partidos alarguen el brazo y se salven de sí mismos.
IETD