Raúl Trejo Delarbre
La Crónica
19/03/2018
El Congreso de la Unión tiene seis semanas para cumplir la instrucción de la Suprema Corte de Justicia que le ordenó legislar sobre la publicidad oficial. Las reiteradas dilaciones de los senadores y diputados federales acerca de ese tema llevaron a la Corte a favorecer el amparo presentado por Article 19 y otras organizaciones sociales interesadas en atajar la decantada costumbre de funcionarios, en todos los niveles, que utilizan la publicidad oficial para promocionarse.
La publicidad oficial, en México, ha sido un mecanismo de autolegitimación del poder político y, a la vez, un instrumento para sujetar a los medios de comunicación. Con el ejercicio de recursos públicos, que manejan discrecionalmente y con frecuencia sin rendición de cuentas alguna, los gobernantes han construido, o promovido, una prensa condescendiente y sobre todo, anodina. Durante ya más de seis décadas, el periodismo en México ha estado fundamentalmente atado a recursos públicos que son asignados a partir de agendas políticas.
En el Congreso hay varias iniciativas que permitirían cumplir la instrucción de la Corte aunque los partidos hasta ahora mayoritarios, comenzando por el PRI, no parecen muy interesados en una legislación que termine con el tráfico de recursos públicos en beneficio de intereses privados que ha significado la publicidad oficial.
El viernes pasado el Seminario Universitario de Transparencia que dirige la doctora Jacqueline Peschard en la UNAM, con respaldo de Fundar y Article 19 —las organizaciones que mejor se han preocupado por este asunto—, organizó en el Instituto de Investigaciones Jurídicas un encuentro sobre ese tema.
Allí sostuve que la publicidad oficial es el eje del sistema de connivencias que ha mantenido a un viejo periodismo mexicano que por lo general se limita a transcribir declaraciones y que no investiga ni busca aumentar sus públicos porque tiene un ingreso financiero asegurado gracias al subsidio gubernamental. Ese respaldo nunca es desinteresado. En todas las redacciones se experimentan las exigencias de jefes de prensa y otros funcionarios que, a cambio de órdenes de inserción para espacios publicitarios, requieren coberturas informativas de acuerdo con sus intereses. Por eso lo que hace falta no es regular la publicidad oficial sino terminar con ella. Para reemplazar la publicidad oficial he propuesto las siguientes diez medidas.
Uno. Que en el presupuesto de las entidades estatales, lo mismo en el poder ejecutivo en sus diferentes niveles que en los otros poderes e instituciones autónomas, quede cancelada la posibilidad de destinar recursos para cualquier contratación de espacios en los medios de comunicación.
Dos. Esa medida se aplicaría dos años después de aprobada la nueva legislación en esta materia. Mientras tanto el gasto en publicidad oficial quedaría reducido al 30% de los montos que se hubieran ejercido en el año presupuestario más reciente. No hay una cifra precisa acerca del gasto en la publicidad oficial que pagan el gobierno federal, gobiernos locales y otras entidades del Estado, pero se calcula que asciende, cada año, aproximadamente a 20 mil millones de pesos.
Tres. Durante los dos años de transición, el ejercicio del monto antes mencionado estaría destinado exclusivamente a la contratación de espacios en medios impresos o en línea. En el empleo de tales recursos quedaría prohibida la contratación de espacios en televisión o radio. La asignación de publicidad para medios impresos se haría de manera proporcional al gasto realizado en el último año tanto en el ejercicio de recursos federales como estatales, municipales y de otras instituciones.
Cuatro. Se crearía un Fondo para Auspiciar el Periodismo de Calidad y Socialmente Necesario con un porcentaje fijo del presupuesto federal que de ninguna manera sería superior al 0.05%. (En 2018 ese monto equivale a 2640 millones de pesos).
Cinco. Los recursos de ese Fondo serían asignados, a partir de convocatoria abierta, por una comisión ciudadana integrada por periodistas destacados y representantes de universidades. Tales financiamientos se destinarían a publicaciones y proyectos singularizados por su calidad, por la investigación periodística que realicen o por la especialización de sus contenidos.
Seis. Podrán competir por la asignación de esos recursos todos los medios periodísticos que así lo deseen, incluyendo publicaciones impresas y en línea y programas de televisión y radio ya existentes o en proyecto. En el caso de medios de radiodifusión el financiamiento se entregaría al grupo de periodistas que presente la propuesta y de ninguna manera a la empresa de radio o televisión en la que se proyecte difundirla. En la asignación de estos financiamientos se privilegiará a propuestas destinadas a ser transmitidas en medios de carácter social, comunitario y público.
Siete. Los recursos del Fondo serían otorgados por un periodo de dos años no renovable para el bienio siguiente y nunca serían superiores al 50% del financiamiento que la publicación así beneficiada requiera para su sostenimiento.
Ocho. El ejercicio de esos recursos no requeriría de la inserción de publicidad alguna ni condicionaría la política editorial del proyecto de comunicación que recibiera el financiamiento. Se trata de que los medios o proyectos favorecidos con tales recursos públicos puedan trabajar con plena independencia.
Nueve. Para la difusión de los mensajes que tenga que comunicar a la sociedad, el Estado y sus instituciones dispondrán de los medios de carácter público, así como de los espacios en línea con los que ya cuenta y los que pueda habilitar. En la sociedad contemporánea las personas se enteran cada vez más de los asuntos que les conciernen a través de redes y sitios digitales. Campañas de salud, alertas ante fenómenos naturales, avisos administrativos y toda clase de comunicaciones podrán ser difundidas, además, en los espacios de los que dispone el Estado mexicano en cada una de las estaciones de televisión y radio en todo el país (30 minutos diarios y, por otra parte, spots en hasta 18 minutos diarios en cada canal de televisión y 35 minutos diarios en cada radiodifusora). Hay que recordar que, además, la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece que todos los concesionarios de radio y televisión están obligados a difundir “información relevante para el interés general, en materia de seguridad nacional, salubridad general y protección civil”. El Estado no necesita pagar para difundir campañas, avisos o mensajes en radio y televisión.
Diez. Una medida adicional para promover el periodismo de calidad y su difusión sería asignar, mediante concurso abierto, los noticieros del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, el Canal 11 y las estaciones del Instituto Mexicano de la Radio entre otros medios de carácter público. Podrían participar en esas licitaciones grupos de periodistas profesionales que cumplieran los requisitos que la ley establece para los productores independientes. Los autores de las propuestas seleccionadas se harían cargo, por un periodo de tres años, con presupuestos garantizados y tiempos de transmisión en horarios preferentes, del manejo de tales noticieros.
La supeditación al dinero público adocenó y uniformó a los medios mexicanos. Legitimar la publicidad oficial perjudica a la libertad de expresión, mantiene un velo sobre la democracia y justifica (aunque se les intente modernizar) las prácticas que han articulado el sistema de condescendencias y restricciones que ha sostenido al viejo periodismo en México. En vez de ese esquema, que forma parte de un régimen político en decadencia, proponemos que la publicidad oficial, con una muy sustancial reducción del gasto hasta ahora dedicado a ella, sea reemplazada por un mecanismo que aliente la libertad y la calidad del periodismo.
ALACENA. Independientes, fiasco y trampas
La revisión que hizo el INE a las adhesiones presentadas por los principales aspirantes independientes a candidatos presidenciales muestra un lamentable panorama de irregularidades y ardides. De esas firmas, la autoridad electoral solamente acepta el 14% de las que enviaron Armando Ríos Piter y su equipo, el 41% de Jaime Rodríguez y el 55% de los respaldos para Margarita Zavala.
Para los lectores de esta columna esos resultados, y por lo tanto la imposibilidad para que sean registrados al menos dos de esos tres candidatos, no son una sorpresa. El 29 de enero en este espacio mostramos la enorme cantidad de inconsistencias en las campañas de los principales candidatos independientes a partir de información que desde el primer momento fue pública. Presentación de fotocopias en vez de credenciales de elector originales o de plano adulteración de esos documentos, registros duplicados, tráfico con datos personales para elaborar credenciales falsas son –entre otras–, en diferentes proporciones, las irregularidades que encontró el Instituto Nacional Electoral.
La revisión caso por caso de cinco millones 400 mil firmas ha sido posible gracias a la diligencia del personal del INE y a la aplicación informática con la que fueron registrados esos documentos, que la autoridad electoral recibía de inmediato. Con esa información el INE anunció que sólo uno de los tres candidatos que parecían haber recabado adhesiones suficientes, superaba el umbral de 866 mil que establece la ley. Margarita Zavala reunió apenas 3,575 apoyos por encima de esa cifra, a pesar de que había entregado casi un millón 579 mil registros. Es decir, la autoridad electoral rechazó más de 708 mil de las firmas que entregó esa aspirante. A Ríos Piter le rechazaron un millón 523 mil y a Rodríguez, un millón 199 mil.
La resolución del INE sobre el registro de aspirantes a candidatos presidenciales debe tomar en cuenta las adhesiones válidas. El dilema para la autoridad electoral, pero sobre todo para la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y para el Tribunal Federal Electoral, será qué hacer con las adhesiones inválidas. Más allá de errores de captura y confusiones, parece claro que muchos de esos presuntos respaldos son dolosamente irregulares.
En su resolución, el INE también debe considerar los informes financieros que debió haber entregado cada uno de los aspirantes. El escrutinio a los independientes aún no termina.