Jorge Javier Romero Vadillo
Sin Embargo
23/09/2021
La noticia ha circulado ampliamente en diversas columnas periodísticas y ha provocado reacciones de varios claustros universitarios: el Fiscal General Alejandro Gertz le solicitó a un Juez órdenes de aprehensión por diversos delitos, incluido los de operación con recursos de procedencia ilícita y de delincuencia organizada, que ameritan prisión preventiva oficiosa como si de delincuentes de altísima peligrosidad se tratara, contra 31 científicos, académicos y funcionarios del Foro Consultivo de la Ciencia y la Tecnología, con base en una denuncia de la actual directora de Conacyt, la inefable María Elena Álvarez Buylla.
En un país atenazado por la corrupción y la violencia, pero donde no se ha ejercido acción penal contra nadie por los casos más conspicuos que involucran a altos funcionarios de gobiernos pasados, a pesar de que el Presidente de la República se llena cotidianamente la boca de dichos sobre el final de la corrupción, el Fiscal emprende una cruzada contra parte de la elite científica a la que la comisaria política encargada de combatir a la “ciencia neoliberal” para promover una “ciencia” comprometida con las causas populares le tiene inquina.
El Fiscal incapaz de presentar casos bien sustanciados contra los implicados en escándalos como el de Odebrecht, que claramente ha usado la justicia para sus venganzas personales y que le debe el favor a la comisaria Álvarez Buylla por haberle concedido el nivel III del Sistema Nacional de Investigadores, a pesar de ser un plagiario y de carecer de carrera como investigador, se muestra una vez más como un prevaricador vengativo que lanza un golpe desmesurado contra la comunidad científica y universitaria. Un Fiscal incapaz para realmente presentar frente contra el crimen organizado, ni contra los casos más graves de corrupción del pasado, se lanza a tratar de encarcelar a profesores universitarios en un penal de alta seguridad.
Por suerte, la ineptitud de Gertz es tan flagrante que no consiguió que un Juez girara las órdenes de aprehensión solicitadas, pues el caso estaba armado con el sello de la casa: la absoluta inepcia jurídica y la falta de pruebas sólidas. Sin embargo, insiste en presentar el caso, por lo que los implicados están a punto de vivir una pesadilla de arbitrariedad, que les puede destruir la vida y acabar con su patrimonio. Todo sea por vengarse de quienes no lo han admitido en el círculo en el que él considera que debería estar por sus grandes conocimientos y por hacerle el juego a la comisaria estalinista que le quiere llevar a su jefe una presa, como el perro que le lleva a su amo la lagartija que acaba de cazar en el jardín.
Lo más grave de este asunto es que forma parte de algo mayor: el acoso que este Gobierno ha emprendido contra la academia y la investigación científica. El Presidente de la República ha salido en su homilía cotidiana a apoyar la persecución y ha justificado los recortes al presupuesto de investigación científica con una más de sus andanadas de mentiras, pues según él el los recursos ahora recortados se repartían discrecionalmente entre dos grupos de influencia intelectual a los que detesta por ser sus críticos. Sin prueba alguna ha dicho que el dinero ni siquiera se usaba para investigar.
Es significativo que este Gobierno esté empeñado en la persecución de sectores pensantes de la sociedad, donde la popularidad presidencial es menguante. El caso penal contra el Foro Consultivo no en sino parte de una serie de acciones de debilitamiento que quienes han construido, en condiciones de precariedad crónica, una incipiente comunidad científica de excelencia. Primero fue la desaparición de los fideicomisos que servían para administrar fondos de donatarios privados para diversos proyectos de investigación, tanto en ciencias duras como de análisis social. Con esos recursos, diversos grupos académicos estudiamos alternativas a la guerra contra las drogas, desapariciones forzadas, corrupción, o se hizo evaluación de programas sociales de ahora y de gobiernos anteriores.
Si bien los investigadores de las grandes universidades hemos estado protegidos por la autonomía y por contar con sindicatos más o menos fuertes, los investigadores de los centros Conacyt, como el CIDE, especialmente detestados por la comisaria estalinista se están enfrentado a la decisión de considerarlos empleados de una suerte de organismos paraestatales, de manera que sean considerados como servidores públicos, sometidos a las abusivas condiciones laborales de apartado B del Artículo 123 de la Constitución, sin libertad sindical, pero también con serias limitaciones a la liberta de investigación y de expresión, de participación en foros de discusión o en los medios de comunicación.
En estos días el Comisariado de Ciencia y Tecnología la ha emprendido también contra el programa de Cátedras Conacyt, un intento por dotar de condiciones laborales dignas, aunque temporales, a jóvenes investigadores recién egresados del doctorado y para quienes no hay plazas en los centros de investigación y educación superior. El programa requería mejoras, pero lo que pretende la comisaria es desaparecerlo.
El clima ominoso contra el pensamiento crítico sustentado en evidencias se completa con las cantaletas matinales del Presidente de la República que suele descalificar con el sambenito de conservadores neoliberales a quienes no comulgan con la “ciencia” de la adulación. Durante los gobiernos anteriores, en las presidencias de Fox, Calderón y Peña, desde la academia se impulsaron fuertes campañas críticas contra la militarización, contra los nombramientos en la SCJN y en la Fiscalía de validos y cuates, contra la corrupción, por la rendición de cuentas. Nunca entonces hubo un clima de acoso e intimidación como el actual.
El siguiente golpe viene con la nueva Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, sin rigor jurídico, vaga y orientada a recortar los recursos a la investigación científica en un país que adolece precisamente de incapacidad innovadora y desarrollo tecnológico.
Entre todos los signos de retroceso autoritario que este Gobierno ha mostrado, el del control del pensamiento crítico es especialmente ominoso.