Ricardo Becerra
La Crónica
24/01/2023
No es una hipótesis. No es una conjetura. No es un “riesgo”. Tampoco una posibilidad, es una certeza, una consecuencia inevitable: si la reforma electoral en la que se empecina el gobierno es por fin votada en los siguientes días, por la mayoría obsecuente de Morena en el Senado, México dejará de tener la capacidad para organizar elecciones limpias, posibilitar el voto libre, secreto y por tanto, no podrá garantizar la autenticidad del sufragio.
Una simple lectura de la serie de medidas contenidas en el llamado “Plan B” (que busca desmantelar al Instituto Nacional Electoral (INE) ya no mediante la reforma a la Constitución, sino a través del cambio de cinco leyes y la emisión de una nueva), en su conjunto, vulneran sin remedio la elecciones y el sufragio en México.
Se trata de un un cúmulo intencionado de violaciones a la Constitución. Todos y cada uno de los ejes vertebrales del sistema electoral mexicano se vulneran de una u otra forma. Por ejemplo: la autonomía e independencia del INE se transgrede al pretender destituir desde el Congreso, al Secretario Ejecutivo, facultad exclusiva del Consejo General. El Servicio Profesional Electoral prácticamente desaparece, al eliminarse el 85 por ciento de sus plazas, colocando al INE en una condición de incapacidad operativa para entregar credenciales, actualizar cartografía, convocar y capacitar a milllones de ciudadanos para organizar las elecciones. Un número importante de los órganos desconcentrados del Instituto se vuelven temporales, se les arrebata su calidad profesional. Ahora, el gobierno vuelve a meterse en el padrón electoral mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores, que validará la lista de los electores los mexicanos en el extranjero. Se cambia el concepto de propaganda gubernamental para permitirle a los funcionarios públicos intervenir directamente en las campañas y se minimizan las capacidades de sanción y fiscalización al INE frente a los partidfos políticos. Es decir, a través de cambios legales se pretende erosionar e incluso nulificar las garantías constitucionales que nos han permitido elecciones libres y auténticas.
No puede disimularse el inmenso daño pues destruye, en los hechos, el diseño operativo con el que IFE-INE ha trabajado en los últimos 30 años: se intenta el despido de alrededor de tres mil trabajadores, desaparecen Juntas Locales y Junta General Ejecutiva, varias atribuciones son acumuladas en un solo funcionario, los consejeros se vuelven administradores, el Órgano Interno de Control se convierte en un ente de dirección. El panorama de conjunto, insisto, deriva en otra institución, muy diferente a la que señala la Constitución.
Y sus presupuestos políticos no son menos graves: no hay la mínima intención de llegar a acuerdos. El INE actual es producto de un acuerdo nacional que se refrenda una y otra vez en el relevo de sus Consejeros y con reformas legales discutidas y consensuadas. Esto ha desaparecido en una involución salvaje y autoritaria de la mayoría. Los cambios enajenan de principio a fin a todos los partidos políticos de oposición, llevando al país a un escenario previo, incluso, a la transición democrática iniciada en 1977.
De este modo, el proceso electoral arrancará en medio de un profuso litigio constitucional, enfrentando un cúmulo de inconstitucionalidades nunca antes visto. En esta materia jugarán un papel crucial el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y sobre todo la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Pero, como lo ha dicho Enrique Provencio, lo más importante, lo que no podemos perder de vista ni por un momento, el peor daño y la mayor destrucción no se encuentra ni siquiera en el desmantelamiento del INE, ni en el desperdicio de las capacidades profesionales y técnicas de un servicio profesional probado; el mayor daño, es directamente contra los ciudadanos, su voto, en resumen: la autenticidad del sufragio. Y esto -ni más ni menos- es lo que se juega en el año que comienza.