Raúl Trejo Delarbre
La Crónica
29/06/2015
Los taxistas y las televisoras claman por la intervención del Estado. Quieren que la autoridad actúe para que puedan seguir acaparando los mercados que han monopolizado durante demasiados años. La innovación tecnológica, en ambos casos, acerca a los ciudadanos servicios más baratos, confiables y variados. El entorno digital facilita la relación directa entre consumidores y, por otra parte, contenidos y servicios. Ese desplazamiento de los intermediarios o de los operadores tradicionales afecta los intereses creados de negocios fincados en el control de sus respectivos mercados y que, además, han adquirido notable influencia política.
Uber y Netflix son abominados por quienes, ante la falta de competencia, avasallaron los mercados en donde ahora incursionan esos novedosos servicios. Se trata de firmas emblemáticas, aunque no las únicas. Al conocido servicio de automóviles a los que se convoca con una aplicación desde el teléfono celular lo acompañan empresas como Cabify. Junto con Netflix, hay otros sistemas (Veo, Claro Video y otros) que proveen de películas y series que se pueden ver en la computadora, o en el televisor conectado a la red. Conforme aumenta el acceso de los mexicanos a internet, su disponibilidad y ubicuidad facilita la contratación de tales servicios.
Los malquerientes de Uber dicen que los gobiernos del DF, y de las ciudades en donde ya funciona, deben prohibirlo o al menos imponerle reglas similares a las que existen para los taxis. Es entendible que los taxistas se inconformen con el nuevo servicio. Lo ven como competencia alevosa porque los vehículos de Uber no están sometidos a los trámites y revisiones que cumplen los taxis. Y así es porque el de los taxis es un servicio público que se ofrece en las calles. En cambio, la contratación de un Uber es un acuerdo entre dos particulares que se reconocen mutuamente a través de la aplicación telefónica. Desde luego los conductores de Uber pagan impuestos y deben cumplir con exigentes reglas que establece esa empresa.
Los taxistas ofrecen un servicio esencial y ésta podría ser una oportunidad para que su trabajo sea revalorado y mejorado. Pero como están sujetos a liderazgos que suelen traficar con esa representación gremial, las protestas contra Uber se han convertido en conflicto político. Sobre los derechos adquiridos de los taxistas y sus líderes, que han acaparado el servicio de transporte en automóviles, se encuentra el interés de los usuarios que prefieren trasladarse en Uber.
Los antagonistas de los servicios audiovisuales por internet son más opacos que los líderes de taxistas. Pero también ejercen formas de presión que pueden llegar a la extorsión política. La expansión de servicios como Netflix afecta principalmente a las empresas de televisión de paga. Esas empresas, como Cablevisión y Sky, en su gran mayoría son propiedad de Televisa. Por su parte, Televisión Azteca quiere incrementar su presencia en ese mercado.
Las televisoras han alentado en las semanas recientes la publicación de notas periodísticas, muchas de ellas en columnas y diarios que se ocupan de temas económicos, acerca de los retos legales que implica el desarrollo de empresas como Netflix. “Over The Top”, OTT, les dicen en la jerga especializada a los servicios que distribuyen audio y/o video por internet sin que los proveedores de conexión a la red intervengan en el diseño o la explotación de tales contenidos.
No hay motivo para que la autoridad regule tales contenidos. Pero las televisoras (cuyos servicios de televisión de paga son afectados por la expansión de esos sistemas) ahora dicen que Telmex infringe su título de concesión al ofrecer televisión con un servicio OTT. La empresa Claro Video, filial de América Móvil y, por lo tanto, de Telmex, difunde películas por internet. Y como la concesión le prohíbe a Telmex brindar servicios de televisión, los adversarios de los negocios de la familia Slim dicen que allí hay una infracción que la autoridad debe refrenar.
En esas notas periodísticas, que se han publicado de manera concertada, se le exige al Instituto Federal de Telecomunicaciones que intervenga para regular los servicios “OTT”. Vale decir que por lo general esas columnas y páginas son muy receptivas a la información que las televisoras difunden acerca de sus propios negocios. La presión al Ifetel busca, por una parte, dificultar la incursión de Telmex en el mercado de los contenidos audiovisuales. Al mismo tiempo, pretende atemperar la expansión de servicios como Netflix que están desplazando a la televisión de paga en las preferencias de amplios segmentos de usuarios.
Sobre todo, con esa campaña periodística se pretende que los servicios “OTT” sean declarados parte del mercado de la televisión de paga. En ese mercado, conformado por la televisión por cable y satelital, Televisa ha sido declarada dominante. Si los servicios audiovisuales por internet fueran incluidos en dicho sector, la empresa de Emilio Azcárraga perdería su condición de dominancia y no tendría que acatar las restricciones que el Ifetel debe imponerle debido a su presencia hegemónica en ese mercado de televisión de paga.
Así es como taxistas y televisoras demandan la intervención estatal no para favorecer la competencia, sino para respaldar prácticas monopólicas. Pero la función del Estado, por mucho que les disguste a los caciques del autotransporte o a Televisa, no es favorecer, sino acotar la concentración empresarial.
El Estado tiene que regular los mercados, sin que esa regulación inhiba opciones. Regular significa que las calles estén abiertas para todos los servicios de transporte posibles. Desde luego si hay abusos o delitos, se tienen que sancionar. Si un auto de Uber, lo mismo que un taxista, chocan con otro vehículo, tienen que pagar por esos daños. Si un chofer de Uber o de taxi callejero comete una infracción, debe ser sancionado.
En el caso de los servicios audiovisuales, el Estado (en este caso el Ifetel) tiene la obligación de regular de acuerdo con el carácter de cada servicio audiovisual. La televisión abierta tiene obligaciones específicas porque utiliza una porción del espectro radioeléctrico. Por ejemplo, sus anuncios comerciales están sujetos a reglas de duración y contenidos.
El título de concesión de Telmex dispone que esa empresa no pueda ofrecer televisión. Y la televisión, de acuerdo con la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, es una forma de radiodifusión a la cual se define como la propagación de señales en “bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico…” que la población recibe “de manera directa y gratuita”.
En cambio, los contenidos audiovisuales que se difunden por internet circulan por una red privada, no son de acceso abierto, no se transmiten por señales de radiodifusión y, lo más importante, están protegidos por las disposiciones en materia de neutralidad de la red. Eso implica, de acuerdo con el artículo 145 de la Ley de Telecomunicaciones, que entre otras garantías: “Los usuarios de los servicios de acceso a internet podrán acceder a cualquier contenido, aplicación o servicio ofrecido por los concesionarios o por los autorizados a comercializar, dentro del marco legal aplicable, sin limitar, degradar, restringir o discriminar el acceso a los mismos”. Es decir, los contenidos que ofrezca cualquier proveedor de acceso a la red no pueden ser limitados por la autoridad.
Regular en beneficio de los consumidores y usuarios implica abrir el mercado. Un auténtico mercado tiene las opciones más variadas que sean posibles de acuerdo con el interés y la capacidad de sus destinatarios para acceder a ellas. Las televisoras, igual que los líderes de taxistas, se alinean en el flanco del acaparamiento y a contracorriente de la flexibilidad y la transparencia que facilitan las tecnologías digitales.