María Marván Laborde
Excélsior
30/04/2015
Acostumbrados a la mala, lenta y costosa impartición de la justicia, la sorpresa en el caso de Alondra Luna Núñez fue mayúscula. Más tardó un juez de Houston en ordenar el regreso de la menor, que las autoridades mexicanas en completar todos los procedimientos.
Dorotea García tiene siete años buscando a su hija, después de que su exmarido huyó con ella. Presumiblemente padre e hija se encuentran en México. A través de fotos en Facebook pensó reconocer a su hija, dado que ambas criaturas llevan el nombre de Alondra y una pequeña cicatriz en la ceja, la esperanza le hizo creer que las facciones eran las mismas.
No deja de sorprender la cadena de errores y torpezas de las autoridades mexicanas, tanto de la Secretaría de Relaciones Exteriores como del Poder Judicial del Estado de Michoacán y de la propia Interpol. Tanto la jueza Cinthia Elodia Mercado García como las autoridades involucradas de Relaciones Exteriores se apresuraron a cumplir, a su leal saber y entender, lo que mandata la Convención de La Haya sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, redactada en 1980 y aprobada tres años después.
De acuerdo con las autoridades, todos siguieron al pie de la letra los protocolos dictados por dicha convención. A pesar de que Alondra solicitó, expresamente, que se le hiciera una prueba de ADN, la jueza se negó. En su defensa alega que la Convención no obliga a realizar una prueba de este tipo; nunca se le ocurrió que hace 35 años era inimaginable e incosteable sugerir pruebas de este tipo. El mandato, que sí está claro, y aparentemente nadie leyó, es que la autoridad debe “prevenir que el menor sufra mayores daños”.
Resulta sumamente sospechosa la celeridad que le dieron al caso. Se me ocurren tres posibles razones. Una: los jueces en México siguen acríticamente los requerimientos de cualquier autoridad de Estados Unidos. Dos: hubo dinero de por medio que aceitó la maquinaria burocrática, judicial y policial. Tres: Cinthia Mercado es una jueza con título de abogada que carece del más mínimo criterio. En el peor de los escenarios, hubo una combinación de los tres factores.
Coincide el caso de Alondra con la presentación del estudio realizado por el CIDE sobre el diagnóstico para mejorar la justicia cotidiana. Este caso dramático ilustra la relevancia de las recomendaciones para mejorar la protección de las leyes a los ciudadanos.
Alondra es muy joven, pero sus padres seguramente recordarán que por años ha existido una incumplida orden de aprehensión en contra del exgobernador del Estado de México, Arturo Montiel, precisamente por haber retenido ilegalmente en México a sus hijos. ¿Cómo podemos convencer a la familia Luna Núñez de que en México no hay privilegios? Sólo a partir de la igualdad efectiva frente a la ley puede construirse un verdadero Estado de derecho. Sólo con instituciones que impartan justicia sin importar el apellido, el dinero o el poder del justiciable se consolidará la democracia.
El estudio presentado subraya la necesidad de construir relaciones de confianza entre la autoridad y la ciudadanía. Considera indispensable crear mecanismos de exigencia a los abogados, profesionistas que preferentemente se hacen cargo de la justicia. Si una jueza, a través de un procedimiento formalmente legal, te entrega a quien dice ser tu madre sin verificarlo, ¿puedes volver a tener confianza en la autoridad? Difícilmente.
Vuelve a plantearse la exigencia de la colegiación obligatoria para que, entre pares, haya mecanismos eficientes que vigilen la calidad de la enseñanza y certifiquen conocimientos más allá de los títulos universitarios. La colegiación es también un instrumento para establecer estándares éticos en el ejercicio de la profesión. ¿De qué le sirve a Alondra la explicación de que no se violó ninguna ley porque no es requisito hacerle la prueba de ADN? Si la niña hubiese sido irrecuperable, ¿dormiría la jueza con la tranquilidad del deber cumplido?
En 2016 partiremos de un presupuesto base cero, si éste no dedica recursos claramente etiquetados para la implementación del plan de trabajo entregado el lunes al Presidente, la justicia cotidiana no pasará de ser una ceremonia linda, pero inútil.