Ricardo Becerra
La Crónica
28/06/2015
Empecemos por el dato rudo y duro: en el año 2016, México vivirá la primera reducción del gasto público en el siglo XXI, con toda probabilidad, el recorte de presupuesto más importante en varias décadas acicateado por la caída de la producción y el precio del petróleo.
Pongamos los números: si las cosas ocurren conforme a los “Pre-Criterios” entregados por Hacienda, en el año 2016 tendremos un presupuesto 1.9 por ciento inferior al que se ejerció en el último año del Presidente Calderón, sólo que en un país habitado por 5.2 millones de personas más (http://www.conapo.gob.mx).
O si prefieren, vean el radical cambio de tendencia: con los doce años de gobiernos panistas, la tasa media anual de crecimiento del gasto rozó el 5 por ciento; el año que entra, decrecerá casi dos.
Estamos hablando de un recorte de 124 mil 300 millones de pesos que se configura ya, este año. El gasto de nómina se redujo 7.2 por ciento, pero lo fuerte ha ocurrido en Pemex, con un castigo de 62 mil millones de pesos menos y la CFE con 10 mil millones por debajo de lo programado. Para empezar.
O sea, la prioridad es -como siempre- la estabilidad no el crecimiento; cuidar las metas del déficit por sobre las necesidades de inversión, ya no digamos por sobre la promesa incumplida (en el Pacto por México) de un seguro de desempleo universal.
Recalca Hacienda: “la reforma hacendaria y las medidas preventivas adoptadas, permitirán que la trayectoria del ajuste fiscal sea gradual y ordenada… sin aumentar impuestos y sin recurrir a mayor endeudamiento ante la previsión de menores ingresos petroleros”.
Con el disfraz de la “responsabilidad” lo que el gobierno está proponiendo es, simplemente una locura: cancelar proyectos de infraestructura estratégicos justo en el momento en el que los inversionistas están ofreciendo financiación a interés cero o negativo. Y mandar a competir a PEMEX infringiéndole recortes simultáneamente. Una locura, como digo.
¿Se pueden hacer cosas distintas a las que canoniza Hacienda? Justo ahora el gobierno podría asumir un préstamo importante para que las obras de infraestructura cruciales no fueran postergadas, ni las escuelas, ni los hospitales, ni el aeropuerto, los ferrocarriles ni las carreteras. ¿A quien se le ocurren estas cosas? Al FMI por ejemplo, (Investment for the future, 6 julio 2014).
Vaya que necesitamos pensar las cosas de otro modo. Miren estas cifras: según el Plan Nacional de Infraestructura de 2012 a 2018 se requiere una inversión de 20.9 billones de pesos para infraestructura esencial ¡sin contar el nuevo aeropuerto, ni los ferrocarriles de cercanías, ni las obras de las zonas económicas especiales en Guerrero, Oaxaca y Chiapas! Se trata simplemente de que el país funcione con obra hidráulica, electricidad, manejo de basura, puertos, vivienda.
En todo el mundo se comprende lo impostergable. Encuentro el Memorando de Entendimiento para la creación del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras (AIIB), una nueva institución financiera internacional con 100 mil millones de dólares disponibles: “Vemos que el principal error de las políticas después de la crisis, es haberse abstenido de invertir en infraestructura… arrebatando la posibilidad misma de ensanchar el crecimiento y minar las bases para poder escapar de la crisis”. (http://www.aiibank.org).
En los siguientes meses, hay pocas cosas más importantes: cuidar la inversión pública y que el replanteamiento base cero, sea justamente repartido para que de la nueva austeridad no brote la misma inequidad, el rigor desigualador ni el clientelismo de siempre.
Tal vez, tomar en serio la dichosa fórmula “base cero” sea un buen pretexto para apostar por una enérgica reforma para la equidad social, al menos en tres sentidos: dotar a los mexicanos de un ingreso que le proporcione recursos líquidos en caso de desempleo; una reconstrucción de la seguridad social centrada en la salud y una política sostenida de recuperación salarial, empezando por los mínimos.
En esta agenda, la izquierda –si es que tiene ambiciones programáticas, más allá del pleito de familia- está en la obligación de priorizar el gasto social, especialmente el más eficaz y distributivo. Defender la inversión productiva y de infraestructura, así sea contratando deuda cuyas tasas siguen estando en mínimos históricos, dentro de paquetes claros que salvaguarden obras concretas y revisables (FMI dixit). En definitiva: redireccionar el presupuesto como palanca de crecimiento y con fines claramente redistributivos.
Para documentar este debate hay un documento en la mesa, otro memorándum: http://www.nuevocursodedesarrollo.unam.mx/docs/GNCDMemorandumMayo2015.pdf