María Marván Laborde
Excélsior
21/06/2018
Desde fuera, la explicación más plausible a las últimas decisiones de la administración Trump es que son parte de la estrategia electoral para refrendar el próximo noviembre el control de ambas Cámaras. Por ello apela a su base de apoyo que se siente amenazada y abusada por el resto del mundo.
Más allá de la guerra de aranceles que desafía a la Organización Mundial del Comercio, desde que Trump asumió la Presidencia en enero de 2016, ha provocado que Estados Unidos se retire de la Unesco, del Acuerdo de París sobre el cambio climático, del Acuerdo Nuclear con Irán y, en esta semana, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Con esto se coloca de lado “minoritario” acompañado de países como Corea del Norte o Irán.
Estados Unidos abandonó el Consejo de Derechos Humanos después de que adquiriera dimensiones de escándalo internacional la llamada “Política tolerancia cero”. En un esfuerzo por impedir que los migrantes mexicanos y centroamericanos crucen la frontera de forma ilegal se está separando a padres y madres de sus hijos.
El grado de crueldad y violación de los derechos humanos alcanzó proporciones inenarrables que quedaron evidenciadas en el video que muestra a niños, niñas y adolescentes, encerrados en jaulas. Criaturas entre siete meses y 17 años de edad han sido arrancadas a sus padres. Ciegos a la condición de las y los menores, la política de separación ha puesto tierra de por medio entre las madres y sus criaturas. No sólo se envían a separos distintos, se les cambia físicamente de estado para elevar el nivel de sufrimiento de ambas partes al máximo posible.
Las autoridades mexicanas y centroamericanas han sorteado múltiples obstáculos, entre ellos la falta de acceso a una información clara y precisa, para ubicar dónde han sido enviados los hijos y en qué lugar se encuentran los progenitores.
Cuando los funcionarios de la administración se refieren a los padres de estos niños como “las personas que introdujeron al país a los menores de edad” se intenta convertir, a través de un claro abuso de la semántica, a los padres de los menores en polleros traficantes de personas.
Cuidadosamente, no dicen que estos hombres y mujeres llegaron a Estados Unidos con sus hijos, hablan de menores que son introducidos al país por “esas personas” que deben ser juzgadas por las autoridades penales porque están cometiendo un crimen (tráfico de personas) y no una falta administrativa (entrar sin visa a un país).
La crisis humanitaria es de tal proporción que hasta el Partido Republicano ha reaccionado pidiendo a Trump que ponga fin a esta flagrante violación a los derechos humanos, finalmente ayer accedió a firmar un decreto en este sentido.
El pasado martes, después de seis semanas, el canciller mexicano salió en rueda de prensa a hacer un enérgico pronunciamiento a nombre del Estado mexicano. Justifica su prolongado silencio en el trabajo desarrollado por nuestros cónsules a través de la fuerte red consular que tiene México en prácticamente todos los estados. No hay duda del trabajo desempeñado por las y los cónsules para proteger a los connacionales. La gran pregunta es ¿qué planteamientos hizo o no hizo México en los más altos niveles del Departamento de Estado en Washington?
Quien quiera que gane la Presidencia el próximo 1 de julio tendrá grandes dificultades para definir su política frente a Estados Unidos. A nadie escapa la complejidad de la agenda de dos países cuya vecindad hace ineludible sentarse a la(s) mesa(s) a tratar problemas de toda índole, desde cuestiones comerciales, tráfico de drogas y armas y, por supuesto, migración.
No es sencillo predecir cómo se concebirá en términos integrales esta relación, lo que es ineludible es hacer un enérgico rechazo a esta expresión de desprecio por las causas humanitarias más sensibles: las y los niños del mundo.