Jacqueline Peschard
La Crónica
31/03/2021
Por más absurdos y desproporcionados que sean los ataques del presidente López Obrador al INE, el hecho de provenir de la más alta magistratura del país, tiene consecuencias nocivas para nuestro ambiente político, ya de suyo intoxicado por la polarización que día tras día se ahonda en las “mañaneras”. Al desacreditar al INE y en particular a quien lo encabeza, no con argumentos sustentados sino con calificativos estridentes, el presidente ha dado carta blanca a auténticos forajidos dentro y fuera de su partido para socavar la credibilidad de la autoridad electoral.
En ocasión de las recientes resoluciones del INE, aprobadas por la mayoría de los consejeros electorales, para limitar la sobrerrepresentación artificial y dar cumplimiento cabal a la Constitución, así como para cancelar el registro de candidaturas a distintos cargos de elección, por no haber rendido informes de precampaña como lo exige el artículo 229 de la legislación electoral, el presidente volvió a denostar al INE para preparar un eventual desconocimiento de los resultados de los comicios, en caso de que Morena no logre la mayoría en la Cámara de Diputados.
En respuesta a la cancelación de su registro como candidato de Morena al gobierno de Guerrero por no haber rendido su informe de precampaña, Salgado Macedonio fue mucho más allá de sumarse a las declaraciones de Mario Delgado, quien afirmó que recurrirá a tribunales y a manifestaciones de protesta en las calles y las redes sociales para impugnar las resoluciones del INE. El candidato denunciado en, al menos 5 casos de acoso sexual, amenazó con hacerse de la gubernatura de su estado, con o sin elecciones (sic), es decir, convocó a sus seguidores a tomar el poder por la fuerza, en un franco desafío a la vía de las urnas como mecanismo legal y pacífico para acceder al poder. Está claro que Salgado Macedonio se envalentona, haciéndose eco de los ataques presidenciales al INE.
Desde fuera de Morena, Ricardo Salinas Pliego, dueño de TVAzteca y negocios asociados, quien como aliado presidencial se ha beneficiado de varias políticas del gobierno actual, se lanzó al ruedo para pedir que destruyan, o desaparezcan al INE. Con argumentos falaces como que su presupuesto sólo sirve para simular que se cumple la ley, olvida las pesadas tareas que debe desempeñar el instituto y que han servido para desmontar la desconfianza que los partidos políticos, incluido el antecesor de Morena, tenían en la Comisión Federal Electoral que se encargó de organizar los comicios durante la época de la hegemonía del PRI. La reacción de Salinas Pliego es grosera y extrema, pero, sobre todo, ignorante de nuestra historia política reciente y, por supuesto, del actual marco legal en la materia. Pide eliminar al INE y crear una nueva institución que esté dirigida por personas con perfil ciudadano que es justamente lo que se ha buscado desde hace 25 años. Demanda que el nuevo instituto esté sujeto a contrapesos que es precisamente la función que desempeña el TEPJF. El fundador del grupo Salinas quiere que quien reemplace al INE se enfoque a asuntos estrictamente electorales, pero se olvida que el financiamiento y la fiscalización de los partidos, junto con su acceso a tiempos en radio y televisión son materia electoral estricta, porque persiguen garantizar la equidad en la contienda.
Pero, desatar a forajidos no es la única consecuencia de la obstinación presidencial de desautorizar a la autoridad electoral, como fórmula simbólica de estar en la boleta. El presidente descalifica al INE con figuras retóricas insostenibles como identificarlo con el Supremo Poder Conservador, olvidando que las determinaciones del INE se someten a debate de los partidos políticos en el seno de su Consejo General y que todas y cada una de ellas puede ser controvertida ante el TEPJF. La presencia, con voz, de los partidos en el órgano de dirección del INE permite que se escuchen las diversas posiciones políticas, pero para lo que no hay lugar legalmente es para que intervenga el presidente, porque ello atenta contra la equidad y la competencia que son principios democráticos esenciales y que nos costó mucho tiempo establecer.
Abonar al descrédito de la autoridad electoral desde el discurso presidencial, con diversos calificativos, pero sin fundamento, es preparar el terreno para la desestabilización; es justificar que forajidos electorales tomen las casillas, se roben las urnas, o impidan el ejercicio libre del sufragio, generando confusión y desorden, poniendo en duda, ni más ni menos, que la integridad del voto.
El panorama es preocupante y no se vislumbra que el presidente quiera dejar atrás su posición de jefe de partido, para asumir la de jefe de Estado. Si algo logramos en los últimos treinta años de reformas electorales fue construir una institución capaz de organizar elecciones libres y competidas que han permitido alternancias en los distintos niveles de gobierno. Urge que todos los actores políticos asuman su responsabilidad para desvanecer los nubarrones que amenazan con hacer de las elecciones del próximo 6 de junio un escenario de conflicto y no uno de expresión pacífica de las diversas preferencias de los ciudadanos.