Jacqueline Peschard
La Crónica
05/08/2020
Las generalizaciones son siempre abusivas e injustas, pero cuando se invocan como justificación de políticas públicas se corre el peligro de que sean ineficaces, porque no toman en consideración las distintas dimensiones de un fenómeno. Afirmar que todos los funcionarios de gobiernos anteriores abusaron del poder, o que todos los empresarios son corruptos puede enviar un mensaje contundente de diferenciación del gobierno actual respecto de sus antecesores, pero de poco ayuda a una reflexión seria, que analice con precisión una realidad que se torna cada vez más compleja, en el marco de la pandemia, y, a partir de ahí, se arme una política pública eficaz.
La emergencia sanitaria ha sido un catalizador de los problemas estructurales que arrastra nuestro sistema de salud y no sólo respecto de la adquisición de medicamentos e insumos y de su distribución, pero, éstas son dos áreas en las que existe una importante concentración de capital, sin embargo, recurrir a generalizaciones para diseñar respuestas a las deficiencias existentes es renunciar a contar con buenos diagnósticos como base para desarrollar buenas políticas.
El presidente López Obrador recurre con frecuencia a las generalizaciones; a visiones propias de un pensamiento binario, que simplifica la realidad, encajonándola en un juicio único, lo cual refuerza una visión maniquea del mundo. AMLO se ha quejado de proveedores de medicinas y materiales de curación que en 2018 vendieron al gobierno insumos por más de 34,000 millones de pesos, asumiendo que el elevado volumen de ventas conllevó abusos, sobreprecios, o tráfico de influencias, sin que haya mediado investigación alguna sobre en qué eslabones del proceso de compra ocurrió la desviación de los recursos públicos, ni tampoco quiénes fueron los responsables, tanto de parte del gobierno, como de los proveedores privados.
Las dos decisiones que el gobierno tomó la semana pasada para enfrentar el problema del abasto y el reparto de medicinas y vacunas están sustentadas en generalizaciones sobre malas prácticas en el sector: 1) que toda la industria farmacéutica nacional es un gran negocio, organizado a costa de la ciudadanía, por lo que la compra de medicinas por parte del gobierno debe hacerse de forma concentrada y fuera del país, aunque con la supervisión de la oficina de servicios y proyectos de la ONU para darle confiabilidad y 2) que para quebrar la concentración de las empresas distribuidoras de medicamentos, se creará una entidad pública que monopolice dicha tarea y que empiece a operar el próximo 15 de agosto.
Parece claro que el gobierno quiere dar una vuelta de tuerca drástica a la política de compras y distribución de medicamentos, enfrentando la concentración privada con la concentración pública, de ahí la rapidez con la que se aprobó recientemente la reforma a la Ley de Adquisiciones en el Congreso. La propuesta de adquirir medicinas y vacunas internacionalmente busca obtenerlas a menores precios, pero no puede ocultarse que hay una pretensión de dejar fuera, al menos en parte, a empresas farmacéuticas nacionales, con el argumento de que éstas tienen otros mercados, además del gubernamental.
En el caso de la futura instancia estatal de distribución, se trata de un área inexplorada por el gobierno, sobre la cual se carece de conocimiento y de capacidades técnicas instaladas, porque distribuir medicamentos no es lo mismo que repartir refrescos embotellados, aunque ese sea el símil que utilizó AMLO para explicar la viabilidad de su proyecto. Como sabemos todos, se trata de productos que en muchos casos requieren de un almacenamiento y transportación especial y, claro, con personal capacitado. Si lo que se quiere es asegurar que, además de que los medicamentos se adquieran a bajos precios, éstos lleguen a toda la población, es indispensable que la nueva instancia cuente con el presupuesto necesario para transitar por una importante curva de aprendizaje, antes de empezar a funcionar a cabalidad.
No hay duda de que existen oligopolios en la industria farmacéutica, que han sido los grandes proveedores de medicamentos de los gobiernos y que conforman una de las áreas del sector privado donde se registran amplísimas ganancias, pero ello no debería ser un problema de entrada, si existieran los controles públicos adecuados. Si se quiere urgentemente hacer frente al desabasto que existe en ciertas áreas del sector salud, la respuesta gubernamental tendría que centrarse más que en competir en un sector especializado y técnico como el de la distribución de medicamentos, en fortalecer las tareas que son propias de la autoridad como regular, vigilar y controlar el cumplimiento de las normas para asegurar que los medicamentos sean de calidad y la población los obtenga al mejor precio. Más que lanzarse, a partir de cero, a concentrar la distribución de medicamentos, el gobierno tendría que reforzar los controles de calidad y corregir las deficiencias que existan en la relación con el sector privado.
La pandemia reclama una presencia firme del Estado para hacer frente a la emergencia sanitaria que atraviesa el país, pero tiene que tener claro que optar por la concentración pública es una alternativa que lo obliga a someterse al más alto escrutinio de la población.