Raúl Trejo Delarbre
La Crónica
10/12/2018
El terrible crimen que se cometió en septiembre de 2014 contra los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa fue tan devastador que, para explicarlo, surgieron especulaciones apuntaladas en suposiciones políticas y no en hechos demostrables. La credibilidad del gobierno estaba tan maltratada que la versión de la PGR acerca del asesinato y la incineración de los 43 muchachos fue desechada por quienes quisieron considerar, simplista pero catárticamente, que fue el Estado.
La recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el Caso Iguala desbarata especulaciones, señala rumbos de investigación que las autoridades aún tienen que desahogar, cuestiona las muchas improvisaciones tanto de la PGR como de expertos internacionales que han distorsionado los hechos ocurridos hace 50 meses y, aunque con matices, coincide con la versión hasta ahora oficial sobre ese crimen. A los estudiantes de Ayotzinapa los asesinaron sicarios al servicio del narcotráfico que contaron con la complicidad de policías locales.
El documento que presentó el 28 de noviembre el titular de la CNDH Luis Raúl González Pérez, resultado de las investigaciones de la Oficina Especial para el Caso Iguala, es impresionante. En 2178 páginas (además de otras109 con varios anexos) se ofrece un recuento, colmado de información, acerca de 36 temas relacionados con la desaparición de los normalistas. La densidad de la agenda pública en las semanas recientes, pero también la amplitud de ese documento, han propiciado que en los medios no se reconozca su cardinal importancia. Se trata del recuento más acucioso que se haya realizado acerca de los hechos del 26 y el 27 de septiembre de 2014. Entre otros asuntos, se ocupa de los siguientes.
El peritaje de José Torero, el especialista que trajo el Grupo de Expertos Independientes y que dictaminó que en el basurero de Cocula no hubo un incendio capaz de incinerar los cadáveres de aquellos jóvenes, se hizo sin evidencia suficiente. Sólo estuvo 20 minutos en el Vertedero de Cocula y no recabó muestras de roca, de tal suerte que sus estimaciones las hizo con rocas “de origen y naturaleza distinta” a las que hay en ese sitio. “Sus conclusiones sobre el comportamiento de rocas al calor son meramente referenciales” dice la CNDH.
Los restos óseos encontrados en el basurero de Cocula y en el Río San Juan no han sido analizados plenamente. De 63 mil fragmentos recogidos por la PGR, fueron seleccionados 17 para que los estudiara el Instituto de Medicina Legal en Innsbruck, Austria. La CNDH considera que hay otros 90 fragmentos óseos y 21 fragmentos dentales con información genética que quizá permitirían identificar a varias docenas de los estudiantes desaparecidos. Pero además hay otros 424 fragmentos que, a juicio de la Comisión, también podrían ser examinados en Innsbruck.
Otra ruta de desaparición. Desde abril de 2016 la CNDH ha insistido en que, además de la que dio a conocer la PGR, hubo una segunda ruta que siguió uno de los autobuses interceptados por policías y en donde viajaban 15 o 20 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Esos jóvenes fueron subidos más tarde a tres patrullas que los llevaron con dirección a Huitzuco por indicaciones de un individuo conocido como El Patrón. La PGR no ha esclarecido tales hechos.
La identidad de El Patrón es una de las lagunas más importantes. Aquella noche el subdirector de la policía de Cocula, César Nava, viajó a Iguala y después de recibir una llamada telefónica dijo delante de otros agentes: “de orden de arriba me voy a llevar a los chavos”. La CNDH recoge testimonios que indican que Nava estaba al servicio del grupo delincuencial Guerreros Unidos y de ese personaje. La PGR, “debe enfocar sus investigaciones para descubrir la identidad de El Patrón considerando, además, que debe tratarse de un sujeto con alta capacidad para ocultar su propia identidad, mediante la recompensa o la amenaza como garantía de impunidad” dice la Comisión.
La Normal de Ayotzinapa no es ajena al entorno de criminalidad e impunidad que existe en Guerrero. En ese plantel “hay alto índice de adicción y tráfico indiscriminado de drogas con el consentimiento y complacencia de los directivos escolares. El líder estudiantil conocido por sus compañeros como La Parka y dos grupos de normalistas cercanos a él identificados como Los Pachecos, ejercían el control del tráfico de drogas al interior de la escuela”. Por otra parte los alumnos padecen frecuentes abusos, con el pretexto de fortalecer su adoctrinación ideológica, a cargo de los dirigentes estudiantiles que controlan la Normal. La CNDH subraya que los normalistas desaparecidos “son víctimas de los hechos y de las circunstancias. Nada justifica que hayan sido identificados, sin razón alguna, como miembros de alguna organización criminal”.
El doctor Luis de la Barreda escribió en Excélsior: “La CNDH ha actuado en busca de la verdad en un caso de gravísima violación a los derechos humanos sin dejarse contagiar por posturas interesadas en hacer prevalecer una versión subordinada a intereses políticos. Las nuevas autoridades de la PGR cuentan con sus aportaciones para atar los cabos sueltos de la investigación. Entonces, ¿cuál es el sentido de una comisión de la verdad?”.
La “Comisión de la verdad”, creada por el nuevo gobierno para esclarecer los acontecimientos en Iguala, tendría que partir del trabajo de la CNDH y no recorrer caminos ya andados. Pero, sobre todo, si realmente quiere indagar qué sucedió y por qué, tendrá que elegir entre las versiones políticamente correctas y la verdad apuntalada en los hechos, por impopular que resulte.