María Marván Laborde
Excélsior
17/09/2015
La Reforma Electoral de 2014, implementada por primera vez en el 2015, supone grandes retos para la elección presidencial de 2018. Toda reforma electoral propone soluciones a ciertos problemas, sin embargo, a veces provoca efectos secundarios que pueden llegar a ser peores que el mal original. Por ello es importante que, después de implementada la reforma, se abra un periodo de reflexión. Es menester contrastar la realidad a la luz de dos preguntas ¿Qué se esperaba que sucediera?
¿Qué sucedió en realidad?
El marco electoral mexicano se ha ido haciendo cada vez más complejo. Nuestras leyes están elaboradas a partir de la desconfianza que los partidos políticos se tienen entre sí. Todos se saben capaces de hacer las trampas que buscan evitar y otras peores que alguien más imaginará próximamente.
Nuestra normatividad electoral incluyó la consulta popular, la reelección y los candidatos que pueden postularse sin necesidad de apoyo de un partido político. Las tres figuras buscan suavizar la partidocracia y ofrecen mecanismos correctivos a la democracia representativa. Sin embargo, hay que reconocer, son soluciones ajenas a la lógica de nuestro marco legal.
Las candidaturas independientes, por ejemplo, se enfrentan a un dilema de difícil solución. El sistema electoral mexicano ha privilegiado, por buenas razones, el financiamiento público sobre el privado. El acceso de dinero público a los candidatos independientes es limitado por definición. Aun cuando se les trate como si fuesen un partido político, la cantidad que pueden recibir en lo individual será inferior a los topes de gastos de campaña. Si se les limita el dinero privado se imposibilitan condiciones equitativas en la competencia; pero si se les permite romper el principio de dominio del financiamiento público los candidatos de partido estarán en desventaja. ¿Cuál es el mal menor? ¿Qué solución es más justa?
La reelección plantea otros problemas. Hemos querido evitar, con bastante poco éxito, que los gobiernos intervengan en las elecciones y para ello hemos puesto una serie de reglas sobre la propaganda electoral y la actuación de gobernantes, especialmente los que desde un cargo van a buscar otro; les pedimos renunciar a fin de evitar que la plataforma de su puesto les genere ventajas indebidas. ¿Cómo vamos a normar la actuación de quién busque la reelección? ¿Les vamos a pedir que renuncien durante la campaña? Si los obligamos a renunciar, estrictamente no estamos hablando de reelección. Tomar decisiones ahora es importante porque la reelección entrará en vigor en muchos estados desde el 2018.
La Reforma Electoral del 2014 planteó muchos problemas de coordinación entre el INE y los OPLES. Tenemos que resolver cuestiones muy prácticas, como por ejemplo, el conteo de votos, la entrega de paquetes electorales y tener resultados para el PREP federal y estatal, recordemos que la rapidez y precisión del PREP son indispensables para la confianza en el proceso. Hay otros problemas más complicados que tienen que ver con funciones de los congresos locales que contradicen abiertamente los propósitos de la LEGIPE. La FEPADE, por ejemplo, tuvo que lidiar con estados en los que ya entró en pleno vigor el sistema penal acusatorio y otros en los que la reforma penal aún es un proyecto.
Las reformas de 2008 y 2014 han incrementado su carácter punitivo hasta el punto de amenazar con quitarle el triunfo a un candidato o eliminarle el registro a un partido, amenazas que por severas ni se han cumplido ni han servido para inhibir la mala conducta de los contendientes ¿deben permanecer en la legislación?
Todos estos son temas polémicos que no tienen respuestas únicas, por tanto exigen reflexión y sobre todo acuerdos y previsión. Por ello el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) han convocado a más de cuatro docenas de ponentes al Palacio de Medicina en el Centro Histórico de la Ciudad de México para reflexionar sobre temas que requieren solución antes del 2018. La cita es del 22 al 25 de septiembre y está abierta a todo el público. El diálogo es importante, urge proponer soluciones.