Raúl Trejo Delarbre
La Crónica
16/03/2015
Carmen Aristegui, y el periodismo que hace, forman parte de la vida pública mexicana. Quienes han propiciado la cancelación de su espacio radiofónico, o quienes con obtusa intolerancia festejan por anticipado esa posibilidad, se equivocan al suponer que de esa manera los contenidos incómodos que Aristegui difunde desaparecerían de nuestro escenario informativo.
Con el periodismo de Carmen Aristegui se pueden tener desacuerdos. Se han podido señalar a veces sesgos temáticos en sus coberturas, de cuando en cuando la insuficiencia de sus fuentes, en otras ocasiones carencias éticas. En todo caso ese trabajo periodístico es abierto y, en tanto que público, está expuesto al escrutinio de la sociedad. De eso se trata. Por eso, también, los enfoques periodísticos de esa informadora y sus colaboradores, aunque no siempre nos gusten a todos, resultan indispensables en la sociedad mexicana.
El periodismo complaciente no le sirve a nadie, excepto a los que hacen dinero y trafican influencias con él. La función del periodismo en una sociedad abierta es investigar, poner los acontecimientos en su circunstancia, crear contexto y abrir espacios para la deliberación. El periodismo, así entendido, resulta incómodo para aquellos cuyas acciones discrecionales son develadas gracias a esa tarea informativa. Ese periodismo, aunque perturbe y precisamente por ello, contribuye a establecer contrapesos delante del poder y de esa manera sirve a la sociedad. No todo el periodismo de Aristegui y sus colaboradores cumple siempre con esas aspiraciones, pero las practica con más frecuencia que la mayoría de los medios de comunicación en México.
Ese periodismo, aunque hay quienes lo abominan, satisface las expectativas, en materia de información, de un segmento muy importante de nuestra sociedad. Las numerosas expresiones de irritación y desazón ante la posibilidad de que pudiera ser afectada la libertad que Carmen Aristegui ha sabido ejercer, demuestran que su presencia en la vida pública es importante y es necesaria.
El episodio que ahora afecta a esa periodista y a su equipo de trabajo comenzó con una pifia, que pudo haber sido insignificante pero fue magnificada por la empresa MVS. Al participar junto con otros medios en el proyecto “Mexicoleaks”, que pretende recibir denuncias para investigarlas, el equipo de Aristegui involucró a MVS. Una aclaración hubiera bastado pero esa firma respondió con inusitada cólera.
A la explicación de la periodista, sorprendida por ese comportamiento de la empresa, MVS contestó con el despido de dos reporteros. A la declaración de Aristegui que pidió que sean reinstalados y sostuvo que se trata de un diferendo por la libertad de expresión, MVS respondió con un reglamento que les quita a los conductores de sus noticieros el derecho a tomar decisiones editoriales.
Los “lineamientos” de MVS obligan a supeditar su agenda informativa a un comité encabezado por la empresa, cancelan áreas de investigación de cada noticiero, les impiden a los conductores designar reporteros o comentaristas y establecen una evaluación periódica a cargo de “empresas especializadas” cuyos criterios no serán periodísticos sino mercantiles o políticos, entre otras disposiciones. El Ombudsman de Noticias MVS, Gabriel Sosa Plata, ha considerado que tales “lineamientos” contradicen el contrato que Carmen Aristegui tiene con esa firma.
Toda empresa privada, cuando se dedica a la comunicación, tiene derecho a tomar decisiones editoriales de carácter general. La más importante de ellas es la selección de sus conductores y el resto de los cuadros directivos. Contratar a un periodista para conducir un programa implica dejar a su cargo las decisiones sobre agenda, asuntos, enfoques y voces que incorporará a ese espacio. De otra manera, la empresa no estaría contratando a un periodista sino a un merolico, o a un muñeco de ventrílocuo.
Lo que quiere hacer MVS con esos “lineamientos” es homogeneizar sus noticieros para que en ellos no haya inflexiones, sino genuflexiones. No se trata del ejercicio de las facultades de una empresa para tomar decisiones legítimas sobre el medio que administra, sino de una decisión para cancelar espacios en donde se ha ejercido la libertad de expresión. Llama la atención ese viraje porque, si bien con desencuentros, hasta ahora la familia Vargas, propietaria de MVS, había respetado la libertad de periodistas como Aristegui. Ese periodismo les ha ocasionado problemas pero también les ha permitido ganar buen dinero.
El más conocido de los trabajos periodísticos de Aristegui y su equipo, la revelación de la “casa blanca” de la familia Peña Nieto, es impecable y no fue desmentido. Ningún acontecimiento en lo que va del actual gobierno ha sido tan costoso para la imagen del presidente de la República como la noticia de esa residencia que compró su esposa y el irregular financiamiento que recibió para adquirirla.
El hecho de que los reporteros despedidos en MVS, Daniel Lizárraga e Irving Huerta, sean precisamente quienes, junto con otros dos informadores, realizaron la investigación sobre la “casa blanca”, afianza las conjeturas sobre la causa del nuevo distanciamiento entre esa empresa y su conductora más relevante. La única explicación es que los propietarios de MVS quieren congraciarse con el gobierno, aunque sea de una manera tan burda y políticamente costosa.
La presencia de Carmen Aristegui y su grupo de trabajo es necesaria y saludable para la vida pública mexicana. Por eso, más allá del desenlace de este episodio en MVS, no sería descabellado que esos periodistas se hicieran cargo de un espacio informativo en un medio de comunicación de carácter público.
Allí está la emisora de televisión del recientemente creado Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, que en el DF se puede ver en la frecuencia del canal 30. Esa televisora aún no tiene noticiero. Se trata de una emisora del Estado, no del gobierno, con autonomía constitucional y cuyo presidente fue designado por el Senado.
Si el canal 30, para cumplir con sus principios rectores, requiere un espacio de noticias y discusión de asuntos públicos, y si Carmen Aristegui y su equipo tienen el respaldo de un sector importante de la sociedad, ¿por qué no pensar que ese noticiero puede estar a cargo de esos profesionales? No tendría que ser muy costoso. En la televisión pública de otros países hay ejemplos de programas informativos, en donde el análisis y el contexto reemplazan a las coberturas sofisticadas.
Con una opción así, Carmen Aristegui y sus colaboradores tendrían un espacio en donde desarrollar la libertad que han ejercido antes. Por su parte el canal del Sistema Público, cuya existencia hasta ahora es prácticamente desconocida, se beneficiaría en primer lugar con la atención de numerosos televidentes. Todos ganarían con una fórmula como esa.
Por lo pronto, si Aristegui y su equipo dejan MVS, todos saldrán perdiendo: periodistas, empresa, radioescuchas, sociedad e incluso, tenga o no responsabilidad directa en este asunto, el gobierno.