Jacqueline Peschard
El Universal
24/04/2017
¿Pueden los códigos de ética ser la solución a la corrupción?
Hace unos días, el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, quien actualmente preside la Conago, convocó a sus pares, los ejecutivos estatales, a diseñar y comprometerse con un código de ética para enfrentar el mal de la corrupción. En su opinión, la solución está en el ámbito de la ética, es decir, en el campo de los valores morales que guían la actuación de quienes nos gobiernan.
Por supuesto que los valores y principios detrás de las conductas de los gobernantes pueden hacer la diferencia entre una autoridad comprometida con el apego estricto a los dictados de las normas y una que busca rendijas y atajos para beneficiarse personalmente del poder. No podemos sino darle la bienvenida a convocatorias como ésta para discurrir desde distintas ópticas cómo combatir el tsunami de la corrupción y la impunidad que nos ahogan. El reclamo de Graco Ramírez es que no todos los gobernadores son corruptos, a pesar de la larga lista de sus ex homólogos que están siendo investigados, o que ya están consignados, por responsabilidades en los enormes desvíos de recursos que han sido detectados.
Pero, los códigos de ética para la gestión gubernamental sólo pueden ser complementos de las disposiciones normativas e institucionales que sirven para poner barreras a la discrecionalidad de los funcionarios. Apostar a un conjunto de principios éticos para corregir el mal uso de los bienes patrimoniales de los gobiernos es pensar que la gestión pública depende de la decisión individual, de la voluntad o de las buenas intenciones de cada quien, más allá de los marcos legales que rigen el funcionamiento de los entes públicos; es olvidar que sólo con buenos andamiajes jurídicos que obliguen a los funcionarios a conducirse de manera recta, so pena de ser castigados, es posible sentar las bases de una gestión pública proba.
Los códigos de ética son dictados de buena conducta a los que se adhieren voluntariamente los miembros de una organización para establecer patrones de comportamiento alineados a valores universalmente reconocidos como adecuados, pero apelar a ellos para lograr que se gobierne con rectitud es dejar la solución en manos de buenas intenciones. Es cierto que las personas le imprimen un determinado rumbo al ejercicio del poder y que no es lo mismo Obama que Trump, pero depender solamente de las orientaciones valorativas de los gobernantes, adoptadas por convicción propia, no es la mejor vía. Hay que fortalecer los mecanismos institucionales que existen para empujar a quienes detentan el poder a ceñirse a las reglas que están diseñadas para asegurar que existan pesos y contrapesos que limiten la arbitrariedad del poder.
Los códigos de ética son mecanismos de autorregulación que sirven como alternativa a la regulación pública, oficial. Los propietarios de medios de comunicación, por ejemplo, suelen optar por normas éticas propias para cumplir con la función social de informar con veracidad, con el argumento de que se trata de evitar quedar sometidos a una injerencia mayor de los poderes públicos que ponga constreñimientos a la libertad de expresión.
Debería ser una obligación de los gobernantes asumir públicamente compromisos éticos, pero ello no debe distraer la atención del objetivo principal de robustecer los procedimientos institucionales para frenar los abusos. Hay que recordar a Montesquieu en su texto clásico de hace más de dos siglos, El espíritu de las leyes, donde apuntaba que “… cualquier hombre que tenga poder tiende a abusar de él y lo hará mientras no encuentre límites. La virtud misma requiere límites. Para que no se abuse del poder es necesario que el poder frene al poder…”. Sí a los códigos de ética, siempre que existan buenas palancas institucionales para contener los abusos.