Raúl Trejo Delarbre
La Crónica
24/08/2015
En 1994, el gobierno del Reino Unido, agobiado por abundantes cuan políticamente costosos escándalos de corrupción, le encargó al prestigiado juez Lord Nolan que encabezara un comité para establecer normas de comportamiento destinadas a los funcionarios públicos. Los “Principios Nolan”, como se conoció al primer informe de ese comité, indican que quienes tienen cargos de autoridad en las instituciones del Estado deben tomar decisiones atendiendo al interés público y a no su interés individual, han de comportarse con integridad, objetividad, responsabilidad, transparencia y honestidad, y esos parámetros debieran ser el auténtico sustento del liderazgo.
En el origen de aquellos principios está el reconocimiento de que el comportamiento de quienes ejercen el poder político no se rige únicamente por las leyes. El orden jurídico es indispensable para regular las relaciones entre los individuos porque define conductas delictivas, establece sanciones y orienta así el desempeño de la justicia. Pero además de las normas jurídicas la conducta de los servidores públicos, igual que muchos otros aspectos en el trato entre las personas, está encauzada por normas éticas, explícitas o no, cuyo acatamiento o incumplimiento define los puntos de vista de la sociedad acerca de los gobernantes.
Para Virgilio Andrade y su jefe, el comportamiento de los funcionarios públicos solamente ha de ser evaluado a partir de la limitada legislación acerca de sus responsabilidades administrativas. Igual que los caballos a los que se les colocan anteojeras para que no se distraigan con lo que mirarían a sus costados, el titular de la Secretaría de la Función Pública y el Presidente de la República han querido ver, y que veamos, únicamente un segmento de los escándalos suscitados por la adquisición de la residencia para la familia Peña Nieto.
Con una estrecha concepción del conflicto de interés, Andrade y su jefe dictaminan que en la compra de la “Casa Blanca” no hubo irregularidades. Pero no es regular, es decir, no forma parte del desempeño habitual de los funcionarios públicos (al menos hasta ahora) la adquisición de una vivienda no solamente extraordinariamente costosa, sino, sobre todo, construida y financiada por un consorcio que ha sido beneficiario de numerosos contratos gubernamentales.
Toda la argumentación en el farragoso cuan previsible informe de Andrade sostiene que cuando la señora Angélica Rivera compró la casa en Las Lomas su marido aún no era Presidente de la República. Pero era gobernador cuando el consorcio Higa obtuvo contratos del Gobierno del Estado de México. De la misma manera, cuando Luis Videgaray compró una casa en Malinalco aún no era secretario de Hacienda, pero formaba parte destacada en el equipo del entonces presidente electo que ejercía recursos y desempeñaba funciones de carácter público. Esas circunstancias podrían haber sido señaladas por el comité de expertos, cuya creación sugirió hace varios meses el gobierno y que Andrade resolvió no instalar.
Resulta desmedido asegurar que no hubo irregularidades cuando el consorcio Higa, que antes y después recibió contratos federales y estatales, les hizo sendas casas a la esposa de quien sería Presidente y al funcionario que sería secretario de Hacienda. Esa situación es más irregular porque ambos inmuebles fueron financiados por ese grupo empresarial a tasas de interés menores a las bancarias.
La profusa retórica de Andrade no ha difuminado algunas claves del escándalo. La señora Rivera firmó en enero de 2012 la adquisición de la residencia por 54 millones de pesos que pagaría en ocho años. Durante tres años y medio pagó intereses de esa deuda hasta por 14.6 millones de pesos. El 11 de diciembre de 2014, un mes después de que se conocieron la compra de esa mansión y el tráfico de influencias que significó, Rivera canceló el contrato: la inmobiliaria le regresó el monto de aquellos intereses y ella pagó, por los tres años que estuvo en posesión de la casa, una renta de 10.5 millones de pesos.
Esa danza de cantidades millonarias no dejará de asombrar a muchos mexicanos para quienes el pago de una renta de pocos miles de pesos significa un sacrificio considerable. Desde que Rivera informó cómo adquirió la casa de Las Lomas y ahora en el documento del titular de la SFP, se ha sostenido que su patrimonio lo construyó gracias a su trabajo en Televisa.
De acuerdo con esa versión en junio de 2010, cuatro meses antes de su boda con Peña Nieto, Rivera obtuvo de Televisa un “convenio de terminación” por 88.6 millones de pesos, además de la casa de Paseo de las Palmas contigua a la que posteriormente compraría. Ese año la actriz declaró ingresos por 130.6 millones de pesos.
Se trata, al cambio de 2010, de unos 10.6 millones de dólares. Seguramente en el mundo de la farándula hay remuneraciones fastuosas, pero aún así las que obtuvo Rivera resultan sorprendentes.
Entre 2010 y 2011 la actriz ubicada en el décimo sitio entre las mejor pagadas de Hollywood fue Meryl Streep, que según la revista Forbes (5 de julio de 2011) en ese lapso ganó 10 millones de dólares. Así que los ingresos de Rivera la ubicaron entre las estrellas mejor pagadas del mundo, lo cual no deja de asombrar porque, a diferencia de las actrices que han recibido el Oscar de la Academia, sus reconocimientos más destacados han sido algunos premios TVyNovelas.
Lo más inquietante son los beneficios que Higa y su propietario han tenido en las administraciones encabezadas por el ahora esposo de la señora Rivera. Las empresas asociadas a la compañía que edificó y costeó esa residencia han sido agraciadas con 22 contratos del gobierno federal, además de muchos otros cuando Peña Nieto gobernaba el Estado de México.
La cancelación en noviembre pasado de la licitación para el tren rápido a Querétaro, que había sido resuelta a favor de un consorcio del cual formaba parte el grupo Higa, fue un reconocimiento inicial de las irregularidades que ciñeron la compra de la “Casa Blanca”.
Esa transacción se encontraba de tal manera en el filo de la ilegalidad que, cuando se hizo pública, la señora Rivera canceló la compra de la mansión en Las Lomas. Tal decisión solamente ha sido anunciada, de manera oficial, hasta ahora.
El secretario Andrade y el discurso gubernamental sobre ese asunto sostienen que como no hay infracción expresa a la letra de la legislación en materia de responsabilidades públicas, la compraventa de la casa no fue inadecuada. Se trata de una justificación a partir exclusivamente de una lectura literal y estrecha de los reglamentos. Andrade y el Presidente no toman en cuenta los beneficios a las empresas de Higa en el Estado de México y, además, ignoran las dimensiones éticas de la integridad, la honestidad y el interés público.
Peña Nieto ha reconocido que la adquisición de la residencia propició “interpretaciones que lastimaron e incluso indignaron” y por ello ofreció una disculpa. Siempre es saludable que los gobernantes reconozcan errores y sepan rectificar. Pero la de Peña es una disculpa sin convicción ni credibilidad: un empleado suyo dictamina que no hay conflicto de intereses (como si el hecho de indagar la responsabilidad de su jefe no fuera, de suyo, conflicto de tal índole), el gobierno y quienes le hacen eco se ufanan porque esa averiguación determinó que la legalidad no fue quebrantada, a partir de tal conclusión el Presidente se disculpa, ¿de qué? Aún en ese gesto, Peña Nieto y sus subordinados siguen creyendo que los ciudadanos miran la realidad con anteojeras.
ALACENA: Periodistas que investigan
La adquisición de la “Casa Blanca” para la familia Peña fue conocida gracias al meticuloso trabajo de Daniel Lizárraga, Rafael Cabrera y otros periodistas del equipo encabezado por Carmen Aristegui. Contribuciones como ésas y la necesidad de seguir indagando y difundiendo acciones del poder político escamoteadas a la transparencia hacen más lamentable que sigan ausentes de la radio.