Ricardo Becerra
La Crónica
09/10/2016
A la memoria de Luis González de Alba.
No le gustaría este artículo pero, seguro,
invitaría un tequila por cada desacuerdo.
Era bastante previsible: decenas y decenas de articulistas –algunos muy respetables- han dado rienda suelta a una muy airada crítica contra la propuesta, base del trabajo de la Asamblea Constituyente en la Ciudad de México.
Muy pocos de los detractores se han tomado la molestia en formular una crítica puntual a los propósitos y los contenidos del documento y a paso veloz, han proclamado una descalificación global por los excesos retóricos que –pues, si- contiene la propuesta.
Hay algo que no entiendo de esos críticos: la ampliación de derechos es un mal, dicen, o cuando menos, un estorboso utopismo. Pensé que el mensaje de Bobbio, de Robert Dahl o de Dworkin había calado en nuestra cultura política: que el propósito del constitucionalismo moderno consiste en ensanchar la base de la dignidad y de la igualdad entre las personas. O sea: a los derechos básicos y clásicos se deben añadir otros nuevos –incluyendo los derechos económicos- que den cuenta de la complejidad y la diversidad de la sociedad moderna y más en una Ciudad tan masiva y aglomerada.
¿Qué no la teoría democrática enseña que vivir en ella (en una democracia) implica “el crecimiento de la esfera de los derechos, las libertades y oportunidades fundamentales más allá de lo estrictamente necesario para garantizar la igualdad política”? (R. Dahl. ¿Es democrática la Constitución de los E.U.? FCE, p. 147).
Y algo más: es la primera vez que se intenta conformar un orden jurídico del mayor nivel, conforme a la reforma constitucional de los derechos humanos de 2011 (Pablo Yanez dixit). Una obligación en donde todos los demás estados han preferido ignorar.
Pero los críticos no han tenido la paciencia de leer el conjunto de dispositivos y saludables novedades que contiene la propuesta: por ejemplo, y de modo muy importante, el reconocimiento de la plusvalía urbana como parte de la “riqueza pública” y que eso debe tener efectos en la recaudación, precisamente para garantizar la ampliación de aquellos derechos (Véase, Configuraciones 41, Azuela, http://ietd.org.mx/wp-content/uploads/2016/06/Indice-41-2.jpg). ¿Qué otro estado de la República, por ejemplo, se ha atrevido a formular ese nuevo orden fiscal, indispensable para no desatender los derechos, justo, en está época de crisis hacendaria?
Puede discutirse este o aquel derecho, sus redacciones, por supuesto, pero no la necesidad de ampliarlos, por ejemplo el medular “derecho a la Ciudad”, una noción ya universal, admitida por tratados internacionales (la Convención del Cambio Climático por ejemplo) y que resume una noción de vida y espacio propiamente urbano.
La lista de conceptos que configuran una nueva y mejor etapa de gobierno para la Ciudad es larga: los Delegados dejarán de ser amos territoriales y ahora estarán supervisados por Concejos electos; el nuevo Instituto de planeación que implica una reorganización completa de las Secretarías actuales y la obligación de contar con un plan urbano para el largo plazo (18 años) ¡por fin!; el diseño de gobiernos de coalición y de gabinete; a contrapelo de los prejuicios antipolíticos, se amplía el espacio de la representación proporcional (mitad uninominales, mitad plurinominales); todo lo que tiene que ver con buen gobierno; el objetivo de emprender una nueva etapa “constructiva” y de modernización de la infraestructura en la Ciudad (Véase el detalle de esta idea en Provencio, IETD; íbid); la creación de una banca local propia para el financiamiento de esos proyectos; la gran oportunidad de remover programas sociales redundantes o ineficaces, para integrarlos en sistemas universales de bienestar; colocar a la política económica como prioridad del gobierno local y en fin, el alto contraste con la Constitución federal que en las últimas décadas ha renunciado al desarrollo, la redistribución, para dedicarse a abrir todas las puertas a “los mercados”.
Y una pizca de optimismo: la semana que termina demostró que a pesar de la endemoniada pluralidad en la que trabaja la Asamblea Constituyente, fue capaz sin embargo, de darse su reglamento interior, elegir a su Presidente y su Mesa Directiva, por abrumadora mayoría.
Aclaro (por si fuese necesario) que trabajo en el Gobierno de esta Ciudad, pero en mi oportunidad periodística de los domingos, sostengo que estamos ante un documento que obliga a definirse, artículo por artículo, en una discusión política sustancial. En el páramo de la política nacional y de la opinión profesional, me temo, la propuesta del Jefe de Gobierno no es, ni de lejos, fácilmente desdeñable, como quisieran sus críticos.