Enrique Provencio
El Financiero
13/02/2016
Con el tiempo podrá aquilatarse mejor la Constitución de la Ciudad de México pero ya puede decirse que es una extraordinaria base para potenciar la democracia y el desarrollo local. Lo es no sólo porque define y amplía los principios y derechos sociales, sino también porque establece instituciones y garantías adecuadas para su aplicación y para la prosperidad económica incluyente. Nada más, tampoco menos.
En estos días se han comentado sobre todo los rasgos formales de esta Constitución, el estilo y la extensión, por ejemplo, pero se ha dicho poco acerca de los avances que introduce en la forma y la práctica del gobierno, sus contrapesos y control, el ejercicio democrático ciudadano, las alcaldías, la autonomía de la procuración de justicia, o las disposiciones para el buen gobierno y el sistema anticorrupción. Se han trivializado la consolidación de derechos y los pasos adelante en la definición de sus garantías, y los procedimientos para exigirlos y ejercerlos, entre muchos otros aspectos que demandan atención más cuidadosa.
Aún cuando se dijo que el proyecto era sesgado, la nueva Constitución da un trato equilibrado a todos los agentes del desarrollo y a sus formas de propiedad, considera explícitamente la promoción de la inversión con certeza jurídica, y fija obligaciones para apoyar las empresas y el empleo. También asume con claridad la economía de la innovación y el conocimiento, y establece un marco obligatorio para la eficiencia regulatoria.
La Constitución tiene reglas claras para planear y reordenar el desarrollo urbano, frenar la expansión sobre las áreas de conservación, conseguir un crecimiento racional en el uso de los recursos vitales, sobre todo del agua, el espacio disponible y los servicios ambientales.
Con las disposiciones que establece podrán coordinarse mejor las políticas, la edificación y la renovación de la infraestructura, la promoción económica y la calidad de vida de la población. También determina que la Ciudad deberá gobernarse con un horizonte de largo alcance, obligatorio para los programas de gobierno y de las alcaldías, y un ordenamiento que aplicará para toda la sociedad.
Es una constitución incluyente y plural, formulada en las condiciones y prácticas reales de la democracia de aquí y ahora, que estaba obligada a considerar e incorporar las perspectivas comunes de todos los partidos representados en la Asamblea Constituyente y de los grupos sociales que intervinieron. Lo consiguió.
Cada párrafo, se dictaminó y aprobó por mayorías calificadas, que tenían divergencias de fondo e incluso en su idea de lo que debe ser una constitución, pero que permitieron convergencias y acuerdos. El proceso en sí mismo fue una prueba democrática estimulante y promisoria.
En los próximos cuatro años tendrá que modificarse la mayor parte de la legislación y emprenderse un gran cambio institucional, complejo pero viable. Algunos resultados se verán pronto, otros llevarán más tiempo, pero aquí está ya la plataforma constitucional aprobada.