María Marván Laborde
Excélsior
05/02/2015
Hoy es aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917 y hoy es necesario decir que el Constituyente Permanente, el próximo día 7, habrá violado la Constitución reformada por ellos mismos. No es la primera vez y tampoco será la última.
La reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información significa un avance importante, amplió los sujetos obligados y fortaleció al IFAI, convirtiéndolo en un organismo constitucional autónomo. Su periplo a través de los Congresos locales, llevó meses. No parecía correrle prisa a nadie. En diciembre de 2013, la agilidad con la que la Reforma Energética consiguió el beneplácito de los estados, literalmente en horas, sirvió de acicate para que la sociedad civil presionara y en enero de 2014 se juntaran, finalmente y a regañadientes, los 16 votos que demanda nuestro federalismo para reformar la Carta Magna.
Los legisladores establecieron en su artículo segundo transitorio el compromiso de expedir en un año una Ley General del Artículo 6º y reformar la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dado que la ley se publicó el 7 de febrero del año pasado, estamos a 48 horas de que el plazo concluya.
Derivado de la autonomía constitucional otorgada al IFAI, el Senado adquirió la facultad de nombrar a sus siete comisionados. Se establecieron reglas que daban contenido a la amplia consulta ciudadana y convocaron a un grupo de personalidades de la sociedad civil activa en materia de transparencia para acompañar el proceso de evaluación de los postulantes. Al momento de la decisión final, hicieron a un lado el trabajo de los expertos. Los nombramientos fueron divididos con el criterio que ya conocemos, un supuesto equilibrio conseguido a través de su parte alícuota en la que cada partido exige la lealtad de sus candidatos. El resultado final violentó de tal forma el espíritu de la ley que el propio senador Javier Corral lo denunció como una farsa inadmisible.
El proceso de selección concluyó en mayo, hasta después de esto se inició el trabajo de redacción. Nuevamente fueron invitados organismos de la sociedad civil, se les sentó en la mesa y compartieron la pluma con el equipo técnico de los senadores, la apertura de la práctica parlamentaria parecía auténticamente innovadora y, por tanto, resultó, en su momento, esperanzadora.
El proyecto de ley que conocimos en noviembre es largo y complicado, en gran medida porque se tomó la decisión, de dudosa técnica legislativa, de reunir en una sola norma la ley general y la legislación federal. En teoría, la primera debería distribuir las competencias entre la Federación y los estados y el Distrito Federal y, la segunda, desarrollar las obligaciones de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, así como de los organismos constitucionales autónomos. Cada Congreso local se encargaría de la ley secundaria. Alimentados por la desconfianza y en nombre de la prisa, todavía con la intención de cumplir con el plazo, en lugar de hacer dos leyes, optaron por hacer sólo una.
Finalmente, el borrador estuvo listo los primeros días de noviembre. Para desfortuna nuestra, la fecha coincidió con el escándalo de la Casa Blanca. A partir de entonces el proceso ha estado prácticamente paralizado. Hasta el 2 de diciembre se presentó formalmente en las Comisiones Unidas, que deberían dictaminarlo para ser votado en el Pleno. Desde entonces y hasta ahora, el proyecto está sometido a quién sabe qué negociaciones opacas que han propiciado, además de la dilación, el escepticismo de la sociedad civil sobre el producto final.
Hasta ahora han empleado solamente 363 días y aún les falta un largo camino por recorrer, deben aprobarla en el Senado, enviarla a la Cámara colegisladora para su discusión y aprobación y, finalmente, remitirla al Ejecutivo para su promulgación. El pasado martes 3 de febrero Peña Nieto aseguró que la aprobación de la ley de transparencia es indispensable para el efectivo combate a la corrupción. Probablemente los legisladores del PRI y del PVEM obedezcan a su jefe y empiecen a tomárselo más en serio. Sin embargo, puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que dos días son insuficientes, el próximo sábado 7 no estará publicándose la ley. En el mejor de los casos violarán la Constitución sólo un poquito, también estoy cierta de que el incumplimiento no tendrá consecuencias para los legisladores o sus fracciones parlamentarias.
En un magnífico trabajo académico de María Amparo Casar, Ignacio Marván y Khemvirg Puente, llamado La rendición de cuentas y el Poder Legislativo, publicado en 2010, demuestran fehacientemente que el Poder Legislativo en México es constitucional y legalmente irresponsable. Los diputados y senadores no rinden cuentas ante nadie, en un muy desequilibrado sistema de pesos y contrapesos no hay autoridad alguna que pueda llamarlos a cuentas y exigirles responsabilidad. Otra vez violarán la Constitución y no pasará absolutamente nada.