Raúl Trejo Delarbre
La Crónica
02/10/2017
La tragedia no ha terminado. Hasta ayer domingo había registro de 361 personas fallecidas en cinco entidades del país. Tan solo en la Ciudad de México se han contabilizado 220 muertes, 135 de mujeres y 84 hombres.
En la capital del país se desplomaron 38 edificios pero hay mil 500 “en riesgo de colapso” según Luis Felipe Puente, Coordinador de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación.
Aún no se conoce cuántas viviendas habrán quedado inutilizables en la Ciudad de México, pero algunas estimaciones señalan que al menos 100 mil personas se quedaron sin techo. Se trata de más de 31 mil viviendas.
En el resto del país, a consecuencia de los sismos del 7 y el 19 de septiembre, hay más de 55 mil viviendas en pérdida total. En Oaxaca quedaron destruidas 33 mil casas. En Chiapas 16 mil 800, en Puebla 3 mil 300, en el Estado de México 1695, en Morelos 349. Se trata de la vivienda de más de 250 mil personas, de acuerdo con la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles. Además hay otras 100 mil viviendas con daños.
El gobierno federal ha estimado, hasta ahora, que la reconstrucción costará alrededor de 2 mil millones de dólares, unos 37 mil millones de pesos. El presidente Peña Nieto dijo que se destinarían 16 mil 150 para reconstrucción de vivienda, 13 mil mdp a la reconstrucción de escuelas y 8 mil mdp a la reparación de monumentos e infraestructura cultural.
Si las viviendas que el gobierno espera edificar con esos 16 mil mdp incluyen las que hacen falta en la Ciudad de México, se trata de 187 mil pesos por cada casa habitación. Si esas cifras se refieren sólo al déficit de vivienda que los sismos dejaron en otras entidades, cada nueva casa costaría hasta 293 mil pesos.
Esas cantidades pueden ser insuficientes si se piensa en viviendas de calidad equivalente a las que fueron destrozadas por el sismo. Además, especialmente si se edifican en los mismos sitios, esas nuevas casas o departamentos tendrían que estar sujetos las más estrictas normas de construcción para que resistan a los próximos terremotos.
El gobierno federal y los gobiernos locales no tienen por qué resarcir los daños de todos los damnificados pero su inacción en este asunto sería inadmisible. Muchos de quienes quedaron sin vivienda, especialmente en la Ciudad de México, eran propietarios de los inmuebles ahora destruidos o inhabilitados y debieron haber tenido algún seguro, especialmente si contrataron un crédito hipotecario para adquirir su casa. Esos recursos quizá sean insuficientes para reconstruir sus viviendas pero podrían recibir créditos blandos, afianzados en los predios de los que siguen siendo copropietarios.
Allí existe la oportunidad para favorecer una gran operación financiera en beneficio de esos propietarios que se quedaron sin vivienda. Eso sólo sería posible con respaldo y supervisión del Estado y por eso se requieren proyectos de reconstrucción segura, pronta y confiable. Dejar la reconstrucción y, desde ahora, el alquiler de viviendas solamente a las convenencieras tensiones del mercado sería una gran irresponsabilidad del gobierno federal y del gobierno de la Ciudad de México.
Las estimaciones sobre el monto que según se ha dicho será necesario para la reconstrucción, posiblemente se están quedando cortas. Además de viviendas, escuelas y monumentos, es preciso reforzar calles, vías rápidas y otros elementos de infraestructura urbana. Junto con ello, resultará indispensable invertir en la prevención contra nuevos sismos y otros desastres. Por supuesto es vital hacer edificaciones más sólidas. Pero junto con ello hace falta extender y mejorar programas de capacitación, establecer y generalizar protocolos y rutinas, hacer de la prevención una prioridad del Estado y no sólo motivo de conmemoraciones anuales.
No sólo hace falta saber en dónde debemos guarecernos cuando tiembla. También es preciso que cada médico, ingeniero, bombero o policía, y junto con ellos cada ciudadano, sepa a dónde dirigirse y a qué atender en caso de emergencia. En cada calle de nuestras ciudades los vecinos deberían estar preparados para responder, sin vacilaciones, a una contingencia como la que vivimos hace dos semanas. Todo eso requiere adiestramiento, educación y convicción en los cuales es preciso invertir esfuerzo y dinero.
Esos gastos han sido desdeñados por el gobierno federal. Se mantienen previsiones presupuestales para la atención de desastres cuando han ocurrido pero muy pocas para prepararnos ante ellos. La Auditoría Superior de la Federación ha señalado que, entre 2000 y 2014, el 80% del gasto en Protección Civil fue destinado a responder a emergencias y desastres y sólo una pequeña porción a las tareas preventivas. Peor aún, el presupuesto para gastos de protección civil en 2017 ha sido de 6400 mdp, un 25% menos que el año anterior cuando fue de 8600 mdp. Descuidamos la inversión para prevenir desastres y, además, recientemente los recursos para enfrentar las calamidades que ya ocurrieron han sido recortados.
El sismo del 19 de septiembre, que tantas cosas ha sacudido, tendría que propiciar una revisión muy drástica y rigurosa de las prioridades en el gasto público. Invertir, prevenir y proteger, tendrían que ser los objetivos principales por encima de otros gastos. La construcción (o reconstrucción en este caso) de infraestructura y vivienda, siempre favorece al desarrollo económico. Tendría que existir un gran proyecto del Estado para que esa reedificación establezca límites a las ganancias de las grandes empresas inmobiliarias y favorezca a las familias que han perdido sus casas —todo ello con absoluta transparencia.
Es preciso que todo ello se haga, además, con responsabilidad. Pero ese es un atributo que, por desdicha, se ha perdido en la llamada clase política. En nombre de la solidaridad se ha desatado una triste competencia por las propuestas más insensatas y demagógicas. La iniciativa del dirigente del PRI, Enrique Ochoa Reza, para cancelar el financiamiento público a los partidos y desaparecer a los legisladores plurinominales es una concesión a la más ramplona antipolítica y no tiene una pizca de magnanimidad.
Los actuales dirigentes priistas saben que las posiciones plurinominales hacen posible que en el Congreso se exprese la diversidad política que tan incómoda les resulta a muchos de ellos, pero que tan buenos resultados ha ofrecido a la estabilidad y la democracia en el país. Qué falta les hace a Ochoa Reza y sus compañeros de aventura política leer, aunque sea un poquito, a don Jesús Reyes Heroles.
En esa disputa por la espectacularidad política también concurren, lamentablemente, los dirigentes del Frente Ciudadano que integran PAN, PRD y MC. Pretender que desaparezca el financiamiento público, como han sugerido, implica ni más ni menos la privatización de la política como han alertado especialistas y ciudadanos alarmados con ese despropósito.
Hoy, como se dijo aquí hace una semana, existe la oportunidad de reducir sin aniquilarlo el financiamiento a la política, reemplazar centenares de millones de pesos por debates en televisión, emplear en espacios para la deliberación los spots que ahora repiten lemas y jingles hasta la desmesura y conservar límites y supervisión de la autoridad electoral a las donaciones privadas destinadas a los partidos. También hay que acabar con la exhibición de funcionarios y entidades del Estado, con cargo a nuestros impuestos, que se hace con la publicidad oficial.
Todas esas medidas exigen de una franca autocrítica por parte de gobierno y partidos y, claro, del reconocimiento de que las coordenadas de la vida pública se conmocionaron con el sismo. De nada sirve simular que volvemos a la normalidad como si el desastre fuera pasajero. No hay que olvidar que apenas estamos asomándonos a los costos y a las consecuencias de la tragedia.
ALACENA: Cataluña, causa e insensatez
La independencia de Cataluña es una causa harto discutible, que sus promotores han impulsado con un fundamentalismo que sería económica, política y culturalmente suicida si llegase a prosperar. Pero la respuesta del gobierno del presidente Mariano Rajoy al referéndum de ayer fue una expresión de barbarie y estulticia.
Con la represión a los independentistas catalanes, el gobierno español ha cometido un enorme agravio a los derechos humanos y a la legalidad que dice defender y además, evidentemente, los ha fortalecido. El referéndum era claramente impopular incluso entre partidarios de la causa catalana.
Ahora el gobierno de Rajoy tendrá que negociar plazos y formas para un nuevo entendimiento con Cataluña en una condición de debilidad política que él mismo ha creado. El Estado siempre se erosiona cuando, quienes lo conducen, tratan de imponérsele por la fuerza a la sociedad.