Credibilidad en fuga

Ochoa ha dicho estar atento al enojo ciudadano por la corrupción; en consecuencia, adoptó un discurso beligerante en su contra. Su postura intolerante se ha centrado en la figura de Javier Duarte. Recordemos que, semanas antes de la elección, el periódico digital Animal Político dio a conocer una investigación sobre sus redes de corrupción. La investigación resultó tan convincente que se tomó la determinación de expulsarlo del partido.

El presidente del PRI ha aprovechado su discurso para arengar al PAN y exigir que ellos también tomen medidas similares en contra de sus gobernadores corruptos, se ha señalado de manera particular a Guillermo Padrés, exgobernador de Sonora, a quien también la semana pasada le suspendieron sus derechos de militante.

Enrique Ochoa y Ricardo Anaya han discutido en la arena pública, los dos tratan de demostrar que el otro partido tiene los peores ejemplos de corrupción; al mismo tiempo quieren convencernos de que uno es mejor que el otro para acabar con este “flagelo de la sociedad”, así lo dicen una y otra vez.

En un evento mediático sin precedentes, la semana pasada anunció Javier Duarte que pediría licencia para abandonar el cargo de gobernador 48 días antes de que acabara su mandato; sólo así podría encarar a la justicia y defenderse de lo que él llama “infamias y mentiras”. A pregunta expresa del conductor Loret de Mola aseguró que no escaparía a la acción de la justicia. Los medios comentan que para ambos se han solicitado sendas órdenes de aprehensión. Hoy, tanto él como Padrés, han desaparecido.

La fuga de ambos pone a prueba no sólo la credibilidad de sus partidos, también está en juego la confianza en la Procuraduría General de la República, en el gobierno de Peña Nieto y en el recién creado Sistema Nacional Anticorrupción.

A nadie debería interesar más que a Ochoa y a Anaya que aparezcan los dos y sean llevados a enfrentar el proceso de justicia. Ya no sólo se trata de ofrecer un par de castigos ejemplares para calmar a la demandante opinión pública. Nótese que, con toda intención, no habló de chivos expiatorios, es sumamente difícil presumir la inocencia de ambos, aunque el debido proceso nos lo exija. Si caen ellos, será porque fueron hallados culpables.

A los juicios de Padrés y Duarte habrán de seguir los de todos los demás gobernadores que han sido señalados por los mismos o similares delitos. Habrá que investigar, y en serio, a los gobernadores de Quintana Roo, Nuevo León, Zacatecas, Chihuahua y algunos otros. El SNA deberá aprender de estos casos y generar inteligencia institucional para que no vuelvan a repetirse. A pesar de ser un proceso de mediano plazo, los partidos necesitan resultados creíbles antes de las elecciones del año que entra.

En 2017 se juegan tres gubernaturas, hemos centrado la atención en el Estado de México por razones obvias, pero no podemos menospreciar la importancia de Coahuila, donde tampoco ha habido alternancia y ni de Nayarit, donde ya gobernó el PAN. En 2018 elegiremos Presidente de la República, además, habrá elecciones en 29 entidades. La fortaleza o debilidad con la que lleguen el PAN y el PRI dependerá, en gran medida, de que estos casos no queden impunes.

Si bien es cierto que recae sobre el tricolor el éxito o fracaso de la PGR para perseguir a los dos exgobernadores, también es cierto que el PAN tendrá que demostrar que tiene un discurso consecuente para prevenir y castigar la corrupción en la medida de sus facultades y atribuciones.

Punto y aparte: La semana pasada pude constatar que tengo más de tres lectores. Al menos una decena de ellos me hicieron notar mi craso error histórico. No fue Benito Juárez quien restauró al Senado, aunque lo intentó, fue durante la presidencia de Sebastián Lerdo de Tejada que recuperamos la menguada institución. Les ofrezco una disculpa y agradezco su lectura.