Raúl Trejo Delarbre
La Crónica
30/07/2018
Hasta ahora el único eje articulador de la llamada Cuarta Transformación es la voluntad personal del presidente electo. Cuatro semanas son pocas para aquilatar las posibilidades del gobierno próximo, pero en estos 28 días Andrés Manuel López Obrador y sus colaboradores cercanos se han empeñado en proclamar una exuberante cantidad de medidas y designaciones contradictorias y, en no pocos casos, incluso regresivas.
No hay congruencia entre la austeridad que se dice orientará el ejercicio público durante los próximos años y la descentralización forzada y costosísima que significaría trasladar fuera de la CdMx una treintena de secretarías y organismos públicos. Tampoco la hay entre el compromiso para que el gobierno esté a cargo de especialistas con experiencia y capacidad y las designaciones que indican todo lo contrario.
El presidente electo acapara la agenda. Pero en la conversación pública, en todos los espacios, no hay una sensación de certeza sino crecientes preguntas. La percepción que dejan estas cuatro intensas pero desordenadas semanas (y desde luego esta apreciación es estrictamente subjetiva) es de un inquietante desorden.
Los propósitos de austeridad y ahorro son encomiables. Frente al ofensivo dispendio de gobernadores y funcionarios que se ha develado en los años recientes, las restricciones y la vigilancia en el ejercicio del gasto público podrían ser una buena señal. Pero aún faltan reglas y pautas específicas. La propuesta para reducir a la mitad el financiamiento a los partidos tendría que ser reforzada con el mantenimiento de las restricciones para que reciban dinero privado; de otra manera se acentuaría la dependencia de la política, respecto de los poderes fácticos. El límite que el próximo presidente estableció para su propio salario puede ser entendido como signo de moderación, pero ajustar de allí hacia abajo el tabulador de la administración pública implica ignorar las condiciones del mercado laboral en esos niveles; además, forzar a que todos los funcionarios del Estado se sometan a esas remuneraciones infringe facultades de los organismos autónomos.
Andrés Manuel López Obrador tiene una apreciación maniquea y superficial, de los asuntos públicos. Suponer que todos los trabajadores de confianza son vividores y aviadores, ha sido una falta de respeto para decenas de miles de servidores públicos que no sólo cumplen con horarios y asignaciones laborales sino que, además, sostienen el cumplimiento de tareas sustantivas en toda la administración gubernamental. Sugerir que en el Estado Mayor Presidencial no hay mas que guaruras, revela un riesgoso desconocimiento de las tareas especializadas que ese organismo ha desempeñado con profesional eficacia.
Al contrario, reemplazar a las representaciones de secretarías federales en los estados con poderosos coordinadores únicos, implicará una sobrecargada concentración de poder y, también, riesgos de ineficiencia y dilaciones en la gestión de asuntos federales en cada entidad.
El anuncio de la reubicación de secretarías y organismos públicos ha ocasionado una extendida desazón entre centenares de miles de trabajadores y sus familias. Aunque se dicen sensibles a las preocupaciones de la gente, ni el presidente electo ni sus colaboradores han explicado, y mucho menos atajado, las consecuencias de esa desmesurada decisión. A pesar de que se proclaman contrarios a los abusos de poder, al anunciar esas medidas sin estudios previos, sin evaluación de consecuencias y ni siquiera con estimaciones financieras precisas, López Obrador y los suyos actúan con una prepotencia que puede perjudicar a todo el país.
La idea de que los ciudadanos participen directamente en la solución de cada dilema relevante que se le presente al gobierno es una argucia para no tomar decisiones de manera franca, asumiendo sus riesgos y consecuencias. Un día anuncian que sí y otro que quién sabe, pero si se hace la consulta acerca del aeropuerto los ciudadanos serán convocados a resolver sin tener aptitud en los asuntos técnicos sometidos a esa votación. Las preguntas en esa consulta serían intencionadamente engañosas, para propiciar una votación favorable a los propósitos del gobierno.
Algo similar sucederá con los llamados foros “por la reconciliación”. La orientación de esas reuniones parte de una estimación falsa. En México no estamos en guerra como ha sucedido en varias naciones centroamericanas. Aquí no hay una insurgencia armada que se haya levantado contra el Estado militarizado. Lo que tenemos es un combate a la delincuencia en donde el gobierno ha cometido errores y durante el cual, por omisiones logísticas pero también por connivencia y debilidad de algunas autoridades, en varias zonas se ha extendido el poder de los delincuentes. En esos casos no hay reconciliación posible sino únicamente la aplicación de la ley.
En materia de seguridad pública, además, desde hace años expertos nacionales y foráneos han ofrecido numerosas propuestas. El combate a la delincuencia no requiere de fórmulas ingeniosas y mucho menos de avenencia con los capos del narcotráfico sino de claridad, decisión y honestidad. Los “foros” están concebidos como un espectáculo en donde se dirá mucho pero de los que no resultará algo nuevo. El Papa ya desmintió que vendría. Pero aunque acudiera o enviase un mensaje, no diría mas que lugares comunes porque con la delincuencia no puede haber conciliación alguna. Lo que hace falta conciliar son las ocurrencias, con la realidad.
Es pertinente buscar acuerdos cuando se establecen relaciones de interlocución respetuosas, en donde cada parte reconozca derechos de la otra. Pero forzar la conciliación o, peor aún, simular que la hay, sólo demora la solución de los problemas. El ya célebre último párrafo de la carta a Donald Trump es expresión de zalamería delante de un déspota. Al compararse con él, con el pretexto de que ambos derrotaron al establishment en sus respectivos países, López Obrador se desprestigia a sí mismo. Después de compararse con Trump, no harán falta argumentaciones ni calificativos para explicar porqué ambos personajes son expresiones del populismo autoritario.
Hasta ahora, ninguna de las medidas anunciadas por el próximo gobierno modifica las tendencias recientes de la economía, ni atenúa la desigualdad entre los mexicanos. Faltan cuatro meses para que López Obrador tome posesión y hay tiempo para que la “Transformación” sea algo más que efímero eslogan. Hasta ahora, la única lógica que se puede advertir en las decisiones del presidente electo es una caprichosa distribución del poder entre quienes le han sido fieles o a favor de quienes él considera que prestigiarán a su gobierno. A sus funcionarios, los designa pensando en él mismo y no en el país.
Hay nombramientos que le dan al próximo gobierno un talante avanzado como el de la posible secretaria de Gobernación, doña Olga Sánchez Cordero que, en contra de las definiciones que hasta ahora han tenido Morena y sus aliados, reconoce derechos de las personas y ofrece una agenda avanzada. Gerardo Esquivel tiene talento para que la Subsecretaría de Presupuesto reorganice el gasto público a favor de una auténtica política social; sin embargo ese economista poco o nada podrá hacer si el gobierno carece de ingresos suficientes.
A las Naciones Unidas el presidente electo enviará a un psiquiatra. Juan Ramón de la Fuente es un hombre inteligente pero entre sus varias especialidades no se encuentra la diplomacia. Su designación tiene más implicaciones en el terreno de la propaganda que en el de la política exterior y significa una desconsideración más para el Servicio Exterior Mexicano.
Hasta ahora, por cierto, la Cuarta Transformación no contempla el compromiso del próximo gobierno con la defensa de los derechos humanos en otros países. ¿Qué hará el próximo embajador en la ONU cuando se planteen sanciones contra gobiernos autoritarios como los de Nicaragua, Venezuela o Cuba? Los dirigentes de Morena acaban de suscribir, en La Habana, la declaración del Foro de Sao Paulo que respalda la represión de Daniel Ortega contra los estudiantes en Nicaragua. El posible embajador De la Fuente, ¿va a ser representante de un gobierno cómplice de atropellos como esos? La política exterior de López Obrador puede ser distinta, pero el partido del que es propietario ha sido cómplice de gobiernos represores y antidemocráticos.
Otras designaciones confirman que el presidente electo ve a la administración pública como un campo a conquistar, en donde apreciará más la lealtad (con él) que la aptitud. A la dirección de Pemex va un ingeniero agrónomo que en el último cuarto de siglo se ha dedicado a tareas políticas al amparo de López Obrador. La Comisión Federal de Electricidad será dirigida por un profesional de la metamorfosis política que ha ocupado numerosos cargos pero nunca cercanos al sector energético.
El presidente electo ha tenido demasiada prisa para colmar el espacio público con anuncios que aparentan grandes cambios. En ellos hay más forma que fondo. Se apreciarían más las propuestas a partir de diagnósticos puntuales y abiertas, entonces sí, al escrutinio público. En las tareas de gobierno –a diferencia de las campañas políticas o la especulación mediática– los proyectos que no toman en cuenta los pesos y los centavos terminan por convertirse en fardos inmanejables. Si sus promotores no ponen los pies en la tierra, la Cuarta Transformación puede ser otro mito genial.
El presidente electo dijo que este fin de semana iría a Chiapas para hacer una “investigación de campo” en la Selva Lacandona. ¿Qué va a aprender que no sepan ya los muy calificados especialistas que han estudiado los recursos naturales y a la población de esa zona? López Obrador no puede emprender “investigaciones de campo” en todos los temas. Está bien que aprenda, pero sus prioridades siguen resultando inciertas.
ALACENA: Sin cobertura de prensa
En su visita del fin de semana, López Obrador no se dejó acompañar por la prensa. De lo que haya ocurrido ayer en la Selva nos enteraremos únicamente de lo que quiera difundir su equipo de prensa. Como ciudadano, tiene derecho a ir solo a donde quiera. Como próximo presidente, sus actividades son de interés público. No es aceptable que se margine a los medios.