Pedro Salazar U.
El Universal
23/04/2015
El debate sobre la designación del ministro Medina Mora, la decisión reciente sobre la constitucionalidad del arraigo, la inminente discusión entre los ministros sobre temas delicados como la interrupción del embarazo y otros asuntos judiciales que podrían afectar importantes intereses económicos nos obligan a mirar hacia la SCJN. Ni modo: la Corte ha venido ganando protagonismo y, por lo mismo, demanda nuestra atención y seguimiento.
Por eso creo que merece la pena trazar un mapa para ubicar las posiciones políticas e ideológicas de quienes integran al pleno del máximo órgano jurisdiccional del país. Propongo las siguientes coordenadas que implican usos diferenciados de la dicotomía “liberales” y “conservadores”:
a) Cuando se trata de juzgar casos que tienen que ver con asuntos de moral pública los ministros se agrupan siguiendo una lógica similar a la que suele usarse para clasificar a los jueces constitucionales en Estados Unidos. Son conservadores los juzgadores que defienden una concepción tradicional de la familia, que votan por afirmar normas que asignan determinados roles sociales a las mujeres, que apoyan la penalización del aborto, etc. Los liberales, en cambio, defienden posturas “progresistas” en estas cuestiones.
b) Cuando se trata de interpretar al Derecho los conceptos adquieren otro significado. Se dice que son liberales los jueces que interpretan a las disposiciones constitucionales siguiendo una lógica de principios y realizando ponderaciones entre éstos. Ello, sobre todo, cuando se encuentran involucrados derechos humanos. Los conservadores, en cambio, son aquellos ministros que se apegan estrictamente al texto de la constitución y que razonan siguiendo lógicas de jerarquía normativa. A los primeros también se les llama garantistas y a los segundos formalistas. Si usted quiere entender la decisión sobre el arraigo le sugiero utilizar esta clasificación.
d) Pero, para entender ese mismo caso, también existe otra cartografía. En ésta son conservadores los jueces que tienen una alta estima por nociones como el Estado, la Soberanía, los Poderes, etcétera. Así, con mayúsculas. Por lo mismo, cuando están en juego asuntos relacionados con las potestades de los órganos del Estado, suelen inclinarse por fortalecerlas. Sobre todo, al menos en los países latinoamericanos, si se trata de asuntos que interesan al Poder Ejecutivo. Los ministros liberales, en este caso, son los que entienden y defienden su función como contrapeso institucional y suelen favorecer la lógica de los derechos a la de los poderes. Por eso esta coordenada también sirve para comprender la decisión sobre el arraigo.
e) Si pensamos en otra clase de poderes es posible imaginar un cuarto mapa de orientaciones. En éste son conservadores los jueces que favorecen los intereses privados sobre los públicos y, por ende, suelen salvaguardar a los grupos privilegiados frente a la reivindicación de bienes colectivos o de derechos de grupos vulnerables. Son jueces guardianes del status quo y de los grupos acomodados. Los liberales, por su parte, se toman en serio la agenda de los derechos sociales y consideran que el Derecho puede ser un instrumento útil para abonar en la inclusión social.
Lo interesante —al menos si pensamos en la Corte mexicana— es que existen pocos liberales o conservadores consistentes. Si nos atenemos a los discursos, razonamientos y, sobre todo, a los votos de nuestros ministros tenemos que algunos defienden una moral progresista e interpretan al derecho con apertura pero, al mismo tiempo, se cuadran ante el poder presidencial y no custodian los intereses de los grupos acomodados. Otros son conservadores en materia de interpretación pero están dispuestos a reivindicar causas sociales y poner frenos a los otros poderes del Estado si no se atenta contra la moral tradicional. Así sucesivamente.
Confieso que para mí los más peligrosos son los conservadores de cepa pura. Y ando preocupado.