Rolando Cordera Campos
La Jornada
09/08/2020
Como podía esperarse, la pandemia nos ha llevado a mil y un juicios sobre la gestión de la salud y de la economía realizada por el gobierno. Sin una actividad parlamentaria digna de tal nombre y ante el panorama de unos partidos empeñados en vivir su pobreza normal, en el inicio todo recayó en las decisiones presidenciales para, un tanto a trompicones, dejar algún espacio a las iniciativas y modos de entender de los gobernadores.
El saldo para la democracia no es positivo. Más allá del enorme esfuerzo desplegado por los servidores de la salud pública, sobresale un federalismo desarticulado y un Congreso sometido. Allí, las mejores intenciones presidenciales se estrellan contra unas relaciones políticas utilitaristas y miopes. Podrá haber o no brotes de una recuperación voluntariosa, pero las capacidades de Estado con que cuenta la nación para plantearse una indispensable reconstrucción productiva y social están entrampadas.
No se puede emitir una evaluación de todo esto sin aludir a las presencias estructurales y la ausencia de recursos elementales para la acción pública efectiva. Cualquier juicio que soslaya estos factores será parcial, no necesariamente malintencionado, como insisten los epígonos del Presidente y la 4T. Tampoco tendremos un cuadro analítico útil si no sometemos a la crítica lo hecho y dicho por el Jefe del Estado en materia de salud y economía. Sus palabras delinean territorios y afectan al conjunto nacional.
Es cierto que hacer comparaciones puede ser útil pero cuando se abusa del recurso lleva a equívocos muy nocivos. Decir, por ejemplo, que nuestra situación económica es similar a la europea porque en ambas latitudes el PIB descenderá este año en torno a 8 por ciento es cierto, pero soslaya que en aquella geografía el desempleo que resulta del (mal)desempeño económico goza de aseguramiento y tiene lugar en un contexto institucional de protección social universal o casi.
Allá, el impacto social de la caída económica puede ser desolador y empañar las expectativas de los trabajadores desempleados, sobre todo los jóvenes, pero no los arroja a la intemperie. Aquí, por el contrario, todo puede volverse desamparo y, en el mejor de los casos, repercutir sobre los ingresos conseguidos con la suma del trabajo de todos los integranrtes del grupo familiar.
Las segundas y terceras derivadas de estos fenómenos azotan el ánimo familiar y comunitario; pueden agudizar las presiones a la emigración o dar lugar a conductas anómicas o de plano delictivas. En nuestro medio no hay mediación alguna para este primer trauma de la vida social en la recesión, porque no hay los pertrechos necesarios para ofrecer a los que sufren el desempleo opciones de formación y capacitación para prepararse para la recuperación.
Así, el trabajador mexicano sin empleo queda en la intemperie. A simple vista, entre el trabajo formal y el llamado informal no hay distingo, pero quienes lo sufren, bien conocen las diferencias. Si el desempleado es formal, mantiene el servicio médico delIMSS y tiene acceso a su fondo para el retiro, recursos que muchos desbalagados morales quieren ver como un seguro de desempleo que no dice su nombre. Además, tienden a olvidar
lo más elemental: la disminución de fondos del trabajador originalmente destinados a su jubilación.
Para los informales no hay consuelo y su peregrinar por el mundo salvaje de la informalidad económica y laboral es un calvario que se ha agravado.
En esta crisis todos hemos tenido que descubrir que somos iguales, pero debe admitirse que hay unos más iguales que otros. Esto debería llevar a discusiones detalladas sobre la fragilidad de nuestros mecanismos de protección social, que adquirió visos de tragedia con el sistema de salud que recibió la pandemia.
Implantar un seguro de desempleo temporal y de emergencia debería ser mandato de la política gubernamental, al igual que destinar los recursos necesarios para apoyar organismos locales de servicio comunitario y formativo para los afectados y para los jóvenes que se asoman al páramo laboral. Es posible que situaciones parecidas ocurran en otros países, pero en este caso habrá que admitir que toda comparación es odiosa.
Menos accesibles son los ejemplos relativos al desempeño económico y las determinaciones emanadas de las decisiones políticas y de las propias estructuras económicas y sociales, lo que requiere de más espacio que el disponible.
Pero lo que es posible asegurar hoy es que su examen no permite el regodeo con las decisiones del gobierno de la 4T ni la condescendencia con unas estructuras que, como están, no impulsan dinámicas provechosas ni justas. Hay que cambiarlas y empezar a hacerlo ya… Lo que tampoco ha hecho el gobierno.