María Marván Laborde
Excélsior
23/11/2017
Los comerciales y los debates en la modalidad mexicana desnudan la debilidad de nuestra democracia, muestran la ínfima disposición de los partidos para la discusión política. Listillos que son ellos, han aprobado leyes que les sobreprotegen a costa de la densidad de contenidos.
Aun cuando considero que fue un acierto destinar los tiempos del Estado en la radio y la televisión para que todos los partidos pudieran acceder a los medios de manera equitativa y de que se permiten mensajes de uno y dos minutos, los partidos siempre han optado por mensajes de 30 segundos.
Adicionalmente, los legisladores (es decir, los partidos) elevaron a rango constitucional la prohibición de que su propaganda incluyera calumnias o difamaciones. En la exposición de motivos argumentaron que las campañas negras degradaban la política; como lo demostraron Temkin y Salazar, más debilita la democracia la falta de confrontación de ideas y no poder exhibir errores y trapacerías del contrincante. En 2014 se suprimió la difamación, pero prevalece la calumnia.
Estas prohibiciones obligaron a las autoridades administrativas y jurisdiccionales a revisar, a petición de parte, el contenido de las campañas para determinar si con las críticas se infringe la ley. Parte de los elevados costos de nuestro sistema electoral se la debemos a que las autoridades deben revisar, palabra por palabra, lo que se dice en los comerciales. El Tribunal Electoral tiene una sala completa dedicada exclusivamente a resolver estos absurdos litigios. En el 2018, paradójica y afortunadamente, las campañas correrán por las redes sociales, al margen de las quejas de los partidos y la censura de la autoridad. Sólo China, Cuba y Venezuela controlan eficientemente las redes sociales.
Por otra parte, el pánico de partidos y candidatos a confrontarse ha hecho de los debates eventos soporíferos e ineficientes. En 2012 se negociaron las reglas del debate con los representantes de los candidatos. Todos exigieron formatos inocuos. Se prohibió a los moderadores cualquier iniciativa, sólo pudieron dar la palabra; el camarógrafo tenía restricciones como, por ejemplo, enfocar a cuadro a los aludidos, así evitaron que el público se percatara de los gestos de sorpresa, enojo o burla, etcétera.
Afortunadamente, el INE ha tomado la iniciativa para propiciar mejores debates en el 2018. Para ello organizó un foro internacional, en éste se discutieron posibilidades de mejoría pensando en la ciudadanía y no en proteger a los candidatos.
No fue difícil detectar las áreas de oportunidad. Los debates proporcionan elementos de valoración y así ayudan a los indecisos a definirse; también deben provocar cambios en las preferencias. Por eso, normalmente quien va en primer lugar en las encuestas presenta las mayores resistencias. Cómo olvidar los costos que tuvo que pagar López Obrador por no presentarse al primer debate de 2006. Ya determinaron que tendremos tres debates.
El próximo año se buscará que quien modere no esté tan limitado (a) y las cámaras estarán menos tiesas dando ciertos márgenes de libertad a ambos. Nos prometen que habrá mecanismos de participación del público, sobre todo que haya mayor espontaneidad en los planteamientos, evitando que las y los candidatos conozcan de antemano las preguntas y nos reciten de memoria respuestas acartonadas y políticamente correctas.
Durante los debates deberán exponerse a preguntas incómodas, hacer propuestas serias, rebatir lo insensato, por ejemplo, el gravísimo problema de seguridad pública que, como bien dijo Alejandro Hope, en el 2012 fue impunemente ignorado.
Para fortalecer la democracia mexicana es indispensable convertir los debates en batallas sustanciosas entre candidatos y eliminar tanta prohibición absurda que afecta la libertad de expresión y trata a quienes vamos a votar como menores de edad.