María Marván Laborde
Excélsior
27/10/2016
Desde la reforma del 2008 se estableció, a través de una artículo transitorio, que a partir del 2016 la renovación sería escalonada para asegurar la estabilidad política del país. Ésta es una práctica que en la ingeniería institucional es muy apreciada. Se tiene la ventaja de que el mandato de cada magistrado es fijo y, por tanto, no está sujeto a los cambios de humor de los partidos, se asegura que siempre haya una combinación entre los nuevos que inyectan aire fresco y los veteranos que con su experiencia reducen la curva de aprendizaje.
Paradójicamente ahora, también en nombre de la estabilidad, se quiere prorrogar cuatro años los nombramientos de José Luis Vargas Valdez e Indalfer Infante González, para pasar de tres a siete años y por dos el de Reyes Mondragón Rodríguez y Felipe Fuentes Barrera para que en lugar de durar seis años en el encargo permanezcan por ocho. La única manera de lograr esto es con la flagrante violación al artículo 99 de nuestra Constitución. Sus impulsores podrán tratar de construir argumentos con un rebuscado lenguaje que aparente legalidad, podrán envolverlos en una ficticia y demagógica “necesidad histórica” o utilizar cualquier otro pretexto, lo cierto es que no hay argumento que valga, ni razón que esconda o disimule la inconstitucionalidad de la propuesta.
El proceso de nombramiento de los magistrados electorales es complicado porque la naturaleza del cargo que desempeñan exige de los más altos niveles de legitimidad. Tanto los partidos políticos como la ciudadanía en general tienen que tener plena confianza en las decisiones del cuerpo colegiado. Por ello intervienen en el nombramiento dos de los tres Poderes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Senado. A la SCJN le correspondió hacer la convocatoria y una doble selección. Se inscribieron 106 hombres y 20 mujeres, en un primer momento dejaron a 42 personas para entrevistarlas y de ahí seleccionaron a 21 que acomodaron en siete ternas. Valga aclarar que la SCJN no determinó que ternas irían por 3, 6 o 9 años.
El Senado tenía que escoger a una persona de cada terna y ellos determinaron la duración de cada uno. Hasta el momento de la toma de protesta el proceso estuvo bien hecho. Si se reflejaron las cuotas de los partidos, creo que es hora de ser realistas y reconocer que todo nombramiento que salga del Congreso responderá a un acuerdo político. Esto es mejor alternativa que una designación presidencial; el equilibrio debe surgir de la colegialidad.
El problema grave está en el intento de remedio que están queriendo implementar. Podemos imaginar que el arreglo les dejó inconformes y por ello están promoviendo cambiar la ley para favorecer, aparentemente, a cuatro personas, pero en realidad para dejar contentos a los tres partidos con poder de decisión. Lo cierto es que los legisladores siempre se enredan a la hora de nombrar cuerpos colegiados, especialmente los relacionados con funciones electorales. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral estuvo incompleto más de 14 meses y la propia Sala Superior llevaba más de un año con seis de sus siete miembros.
Si esta iniciativa de ley llegara a pasar, el Senado dará un golpe mortal a la legitimidad de los siete magistrados, quienes ya juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución. Si ellos no expresan su rechazo a esta iniciativa del Senado, su silencio los hará cómplices de su propia debilidad. El PRI, el PAN, y el PRD darán la razón a quien dice rechazar el statu quo por ser todos puercos, cerdos y marranos.