Ricardo Becerra
La Crónica
21/08/2016
Mañana —ante los ministros de la Suprema Corte— arranca la comparecencia de decenas de aspirantes a integrar la Sala Superior del máximo Tribunal Electoral en México (TEPJF). Es un proceso trascendente pues si ellos se tomaran en serio su misión, tendrán que recoger un montón de platos rotos, un desorden jurídico, herencia directa de sus señorías, actuales magistrados.
¿Platos rotos? Sí. Y no ignoro algunos aciertos de importancia. Pero puestos en la balanza de la historia jurídica, pesa mucho más esa larga y zigzagueante actuación en la cual el Tribunal no quiso (¿o no pudo?) ofrecer una lectura intelectualmente coherente, ya no digamos de la Constitución y la ley electoral (ya desde 2008), sino de sus propios criterios y de sus extravagantes sentencias.
Pueden hacerse tesis, libros, enciclopedias, a propósito de un Tribunal que complicó y enredó la —de suyo— ampulosa legislación electoral. Puedo llenar la edición completa de la Crónica con ejemplos de ese trabajo desarticulado, casuístico y extraño en su lógica, pero ustedes pueden entender la cosa con estos simples ejemplos.
Allí tienen los “informes de labores” de funcionarios públicos. La famosa compra de miles de spots televisivos (nos guste o no, prohibida por la Constitución), por parte de diputados o senadores, semanas antes de comenzar los procesos electorales bajo el pretexto de “rendir cuentas”.
Como recordarán esto hizo crisis en la elección de 2015 por la desmesurada cantidad de promocionales que vehiculó el Partido Verde en todo el territorio nacional. Nadie sabe dónde están los informes; nadie sabe cuándo ni dónde los ofrecieron; y el Congreso no incluye en su política de comunicación tales “informes” de los señores que trabajan allí, representantes ya de la nación, no de partido. O sea: no hay tales informes, sino compra de tiempos en radio y televisión, estrictamente prohibidos en la Constitución. Pero al Tribunal Electoral la maniobra le pareció un “derecho” del partido en 2009, 2010, 2011, 2012… pero ya no en 2015, ante una airada sacudida de la opinión pública. Y lo peor, para escurrir el bulto de la violación constitucional directa inventaron estrambóticas penas: el Verde es un poco culpable por “posicionamiento” y “sobreexposición”.
¿Oportunismo del pasado? Por desgracia no. Este mismo año, el Tribunal perdonó a un personaje que había desafiado —gritando— que no cumpliría la ley (David Monreal, de Zacatecas) para no presentar su informe financiero de gastos de campaña. ¿Lo recuerdan? El señor no presentó nada de nada y lo usó para retar a la ley y a las autoridades al estilo cuatrero. Pero al extraño Tribunal actual, tal bravata le pareció una bicoca y le perdonó: de esa manera se canceló el sistema de fiscalización cuya base parte, precisamente, del informe que presenta cada candidato.
Hay cientos —sí, cientos— de ejemplos: el Tribunal no tomó su responsabilidad, y en un ping pong adolescente, el jurisdiccional no ejerció su poder, sino que regresó una, dos, tres, cuatro veces, el mismo asunto para cargarle al IFE (INE) el peso de la decisión que ellos —jueces supremos— deberían asumir.
Lo peor: rebajaron el nivel obligado para presentar una denuncia. Bajo un garantismo mal entendido y peor aplicado, nos quisieron hacer creer que un candidato o un partido es tan ¨débil¨ que necesita la “tutela” del sistema. Nada más falso.
El Tribunal que se va, deja una herencia ilógica: de tal sapo tal sentencia, los poderosos partidos deben ser tratados con la ley; los criterios del más débil, las prohibiciones en televisión son las mismas que en cualquier otro tipo de propaganda y admitieron —asumieron como válida— cualquier necedad de los contendientes.
Los nuevos magistrados —y la decisión de la Corte— deberían asumir que la tarea principal es remontar el desorden jurídico y conceptual heredado de la actual Sala: una queja debe presentarse por motivos serios, y la propaganda basada en la propaganda del contrario debe ser castigada, precisamente para sanear el clima electoral de la democracia mexicana.