Rolando Cordera Campos
El Financiero
07/07/2022
Los éxitos de la señora Buenrostro y sus colaboradores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) desde luego que deben ser celebrados. Qué bueno que además le permitan al presidente dormir tranquilo, pero hay otros temas y problemas que ya deberían estarse abordando en esta temporada (pre) presupuestal que apuntan ni más ni menos que al corazón mismo de la economía política del Estado y por ahí al de la economía mexicana en su conjunto.
Más allá de las preferencias, lo que nos dicen la historia y su presente es que para que la sociedad mexicana funcione necesita del Estado. Para que la proteja, desde luego, pero también para que se encargue de menesteres que todos necesitamos realizar, pero no podemos sino a costos muy altos, en ocasiones inalcanzables.
De aquí la necesidad y la centralidad de los ‘bienes públicos’ que el Estado debe de proveer y, de no hacerlo de manera directa, debe encargarse de que esto se realice en condiciones accesibles para todos. Más allá de la seguridad, lo que hoy quiere decir tal vez demasiado, al Estado moderno le corresponden tareas y misiones de altos vuelos, como la investigación científica de avanzada, emprendimientos comerciales o empresariales que la economía del país requiere, porque no hay empresa privada que le entre.
Así ocurrió con el hierro y el acero, al menos en parte, con el azúcar y con lo que dimos en llamar ‘petroquímica básica’, sin cuyo desarrollo hoy México estaría en una situación crítica en muchos flancos decisivos de su economía. Identificar tareas como las anteriores con un estatismo sin fronteras revela no solo un craso desconocimiento de la historia mundial y nacional, sino que obstruye un debate, hoy indispensable, que tiene que ver con lo que ahora y para mañana y pasado le corresponde emprender o promover abiertamente al Estado, a la vista de un inventario de necesidades cuya presentación y debate no pueden seguir posponiéndose.
Si a estos quehaceres consustanciales del Estado le agregamos el enorme faltante que la pandemia nos revelara en materia de salud y educación, tendremos un primer y abrumador acercamiento al drama que guardan nuestras finanzas públicas. Fondos que el compromiso y la entrega de los funcionarios del SAT encabezados por la señora Buenrostro han podido mantener a flote en estas duras épocas, pero que en rigor no pueden subsanar los requerimientos ingentes que tanto la salud, entendida como cuidado y desarrollo integral del organismo, como la educación entendida como la formación de seres humanos con las herramientas ciudadanas necesarias para participar en una comunidad nacional democrática y un Estado soberano. Y es precisamente en los usos adecuados, suficientes, eficientes y transparentes de los recursos públicos que el vocablo contribución adquiere todo el valor republicano que tiene y conserva.
Las buenas noticias de Raquel Buenrostro en relación con la recaudación que, nos dijo, entre enero y junio de este año ascendió a 2.05 billones de pesos, un aumento de 2.7 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2021 (El Economista, 5 julio de 2022), deberán ser actualizadas muy pronto, en septiembre, cuando el Congreso de la Unión, en particular la Cámara de Diputados discuta o se decida a encarar directamente el eterno dilema de la República entre lo mucho por hacer y los pocos recursos que tiene para hacerlo.
Es de esperar que los servidores públicos de la finanza, su acopio y distribución tengan algo que decir al respecto. También, que los actores políticos asuman ya la centralidad del Estado como regulador y monitor del desempeño económico y, en especial, de las finanzas públicas.