José Woldenberg
El Universal
04/05/2021
El martes pasado fue un buen día. El Tribunal Electoral confirmó las resoluciones del INE que intentan lograr que entre votos y escaños no exista una desproporción mayor del 8% y la negativa de registro a precandidatos que no presentaron sus informes de ingresos y gastos. Por otro lado, el Inai interpuso ante la Corte una acción de inconstitucionalidad porque supone que el pretendido Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil puede vulnerar la protección de datos personales.
En el primer caso lo que se impuso fue la Constitución y la ley. Y el segundo es expresión de que el marco normativo contiene disposiciones para que una institución estatal pueda interponer un recurso contra aquello que supone una transgresión de las normas constitucionales.
Son decisiones relevantes porque ese abc elemental es el que se desea borrar desde la Presidencia. Y no lo digo yo sino el propio presidente. De manera inexplicable (para mí) sigue insistiendo que la justicia está por encima del derecho. ¿Y quién define lo que es justo e injusto? Pues él. No parecen reparar en que “justicia” por fuera de la ley no es más que venganza discrecional. Y que el ejercicio de la autoridad sin reglas es autoritarismo puro y duro. No estamos en los tiempos del Rey Salomón, en el que una figura presuntamente sabia e imparcial impartía justicia según su criterio, sino en el siglo XXI en el que el derecho faculta a las autoridades para cumplir con ciertas tareas y al mismo tiempo les impone límites. No obstante, todo parece indicar que a nuestro presidente le gustaría ejercer su poder sin el corsé que para él suponen las normas que intentan contenerlo y que son garantía para que los ciudadanos no tengan que soportar una autoridad omnipotente.
Tampoco es una novedad la pulsión presidencial que intenta concentrar el poder del Estado en sus manos. La semana pasada volvió a amenazar con la desaparición de los órganos estatales autónomos para reconcentrarlos en el Ejecutivo y al INE en el Judicial (¡). No ha entendido que buena parte de esas entidades nacieron para cumplir con funciones que el gobierno estaba incapacitado para desempeñar cabalmente. El presidente parece añorar a las monarquías absolutas, antes de Montesquieu y la división de poderes, porque cree que él (una persona virtuosa al verse en el espejo) y la voluntad popular son una y la misma cosa, y que el fraccionamiento del poder político solo sirve a las fuerzas del mal.
Además, quisiera una Presidencia que no fuera escrutada por ningún otro poder constitucional y menos por los actores que desde la sociedad realizan esa labor. Por ejemplo, su reacción ante el informe de la Auditoría Superior que analizaba un sinnúmero de anomalías en el gasto, o cada vez que un medio, partido u organización civil señalan y documentan fallas o raterías en el despliegue de sus políticas públicas, su forma de defensa es la descalificación sin argumentos y sin presentar evidencias alternativas.
Creo que no exagero si digo que al presidente le gustaría encabezar una Presidencia no ceñida a la ley, concentradora del poder del Estado y además inescrutable. Es decir, un hiperpresidencialismo sin contrapesos. Y eso tiene un nombre: autoritarismo.
No obstante, el martes pasado pudimos observar que, si las instituciones de la República no se vencen ante los antojos y chantajes del titular del Ejecutivo, todavía nuestra incipiente democracia puede tener futuro.