Las autoridades VS. La reforma electoral
Lorenzo Córdova, Pedro Salazar
Coordinadores
Este es un libro que habríamos preferido no coordinar. La actividad académica, salvo en algunas circunstancias especiales, suele estar orientada por la curiosidad y el buen ánimo intelectuales. Y este no es el caso. El motor de este volumen es la preocupación por nuestras instituciones electorales y, por ende, por el estado de nuestra novel y frágil democracia. Por lo mismo, el ánimo y los motivos descansan detrás de este libro no son felices y contrastan de manera radical con los que motivaron la coordinación de otro volumen que, por invitación de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hace apenas unos meses, realizamos para ese órgano jurisdiccional y que llevó por título Estudios sobre la reforma electoral 2007. Hacia un nuevo modelo (México, TEPJF, 2009). En aquella ocasión, convocamos a un nutrido grupo de estudiosos y funcionarios públicos para dar cuenta de las principales transformaciones a nuestro marco jurídico electoral de aquel año y reflexionar sobre el sentido y alcance de la misma. Se trató, en cierto sentido, de una celebración colectiva y escrita del complicado acuerdo político al que habían llegado las principales fuerzas políticas del país después del azaroso proceso electoral de 2006 y al término de cada década sin reformas electorales de gran calado.
El subtítulo de aquella obra no era casual: Hacia un nuevo modelo.
Los promotores de la obra, los coordinadores de la misma y, como consta en los textos ahí contenidos, la enorme mayoría de los autores participantes, parecíamos coincidir en que la operación de reforma emprendida y culminada en aquella ocasión implicaba una vuelta de tuerca para apuntalar a las instituciones democráticas. De hecho, se trataba de un reto mayúsculo para las instituciones electorales (“joya de la corona” de nuestra azarosa transición) y, con la probabilidad, conllevaría la implementación de un nuevo arreglo de normas, prácticas, decisiones y resoluciones que transformarían sensiblemente la manera de operar de nuestras autoridades electorales, su relación con los partidos políticos y con otros actores poderosos (como los medios de comunicación electrónicos: en particular: radio y televisión). Nadie dudaba de la magnitud del reto y de la complejidad de su ejecución pero, entre los colaboradores del libro, existía un ánimo compartido en torno al tino de la dirección en la que se había apostado.
En ese contexto __y queden los textos de aquél volumen como constancia histórica __, si bien era previsible que después de la experiencia que arroja la elección de 2009 podría ser necesario realizar ajustes a las normas para modelar algunos de sus efectos, ninguno de los colaboradores vislumbraba__ ni auspiciaba__ una contrarreforma inspirada en el pasado y obsequiosa con los poderosos intereses que la reforma había afectado. En particular, para decirlo sin ambages, nadie suponía una alineación de las autoridades estatales con los intereses de los concesionarios de radio y televisión. Y, dentro del grupo de autores de aquella obra, conviene reiterarlo, se encontraba (en realidad, se encuentran) funcionarios electorales del más alto nivel, tanto en el ámbito administrativo como el jurisdiccional.
Al momento de escribir estas páginas, lamentablemente, las cosas parecen haber cambiado. Algunas decisiones del Consejo General de Instituto Federal Electoral, de la Sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación e, incluso, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de jueces ordinarios, han puesto en jaque aspectos medulares de aquella operación constitucional y legislativa que prometía un nuevo modelo electoral,. A la luz de esas resoluciones no parece exagerado afirmar que la reforma se fue quedando sin garantes y que en el horizonte se anuncia una contrarreforma. Las y los responsables de esta defensa omisa tiene nombre y apellido pero el gran perdedor es el Estado__ protoconstitucional y democrático__ mexicano. La reforma, primero, quedó huérfana (es vergonzosa la postura de los representantes y líderes de la enorme mayoría de los partidos políticos ante las decisiones que han demostrado al nuevo entramado institucional) y, después, fue abandonada a su suerte por parte de los consejeros y juzgadores nombrados para vigilar el respeto del ordenamiento jurídico vigente.
Vale la pena recordar que, desde su aprobación, la reforma había sido combatida por empresarios, concesionarios de medios e, incluso, por algunos intelectuales. La campaña mediática en contra de la operación legislativa fue inusitada y, salvo contadas excepciones, no tuvo una finalidad informativa. Por el contrario, las más de las veces, los objetores de la reforma recurrieron a descalificaciones auto interesadas y basadas en información falsa y/o distorsionada. Destruir la reforma, doblegar al Estado, parecía ser la consigna de alguno de los objetores. En paralelo a la campaña mediática, algunos actores iniciaron una serie de acciones legales__en particular un conjunto de amparos__ en contra de las nuevas normas constitucionales y legales. Obviamente esta opción por la vía legal no supuso el fin de las estrategias de golpeteo: basta con recordar algunas acciones de frontal desacato y desafío a las normas y las autoridades como el ominoso caso de la interrupción dolosa de la transmisión televisiva para insertar publicidad partidista durante el “super tazón”.
El origen y las razones de estos embates pueden ser múltiples por lo que no viene al caso especular en torno a ellos en esta introducción. Después de todo cada quien defiende sus intereses y sus convicciones cómo su ética, sus intereses y su compromiso cívico le dan a entender. Además, sería apresurado e injusto suponer que todos los críticos de la reforma electoral actuaron motivados por las mismas razones. Que posteriormente todas las críticas__ bien o mal formadas e intencionadas__ hayan sido y sigan siendo funcionales a la estrategia de los grandes grupos empresariales y mediáticos que no pierden ocasión para utilizarlas, es una cuestión aparte. Cada quien, de nueva cuenta, libremente, sabrá en cuál terreno decide verter abono. Estas cuestiones, en todo caso, son objeto de otra clase de discusiones filosóficas, morales y políticas.
Pero lo que no puede dejar de criticarse frontalmente es el comportamiento de las autoridades del Estado mexicano frente a estas acciones. Y esa es la finalidad principal de este volumen. Al diseñar e invitar a los autores que participan en el mismo __académicos (de la UNAM, el ITAM, el CIDE y el ITESM) y funcionarios públicos __ nunca pretendimos realizar un balance de las autoridades que emitieron las decisiones que son analizadas críticamente en el libro. Para evitar confusiones conviene reconocer expresamente que no todas las decisiones de los órganos colegiados que emitieron las resoluciones aquí estudiadas merecen una crítica como la que aquí se hace. Algunos acuerdos del Consejo General del IFE y diversas sentencias del TEPJF y de la SCJ merecen, por el contrario, ser reconocidas y celebradas. Pero no es el caso de los acuerdos y resoluciones que, deliberadamente, fueron escogidos para ser estudiados en este volumen. Lo que nos propusimos fue identificar algunos botones de muestra significativa por su débil sustento y motivación y, sobre todo, por sus dañinas consecuencias para el desenvolvimiento del nuevo modelo electoral. Si bien los temas implicados no siempre encierran la misma relevancia, el sentido de las decisiones, en todos los casos, da muestra de un desempeño deficitario por parte de las autoridades que las adoptaron. Y, por lo mismo, De ahí la importancia del conjunto y la justificación del libro.
Hasta aquí el contexto, las causas y el sentido del libro que el lector tiene en sus mano. Pero, ¿cuál es su finalidad (al menos la deseada)? Los coordinadores y autores de los textos aquí publicados queremos, con responsabilidad, contribuir__ a robustecer nuestro debate público. Esta es, desde nuestra perspectiva, la misión de la academia que decide comprometerse con la democracia. Nuestro instrumento idóneo para exigir una cabal rendición de cuentas a los funcionarios y jueces del país son los argumentos, las ideas y razones que se esgrimen públicamente. Y que, desde su publicidad, quedan expuestas a la crítica y constituyen una invitación al debate (esperemos, inteligente y riguroso).
Desde nuestra perspectiva, como coordinadores de esta obra, los miembros del Consejo General del Instituto Federal Electoral, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las otras instancias judiciales que adoptaron las decisiones aquí analizadas se equivocaron al hacerlo. Y, con ello, han faltado a la función que les corresponde y han abandonado su (debido) compromiso con el imperio de la ley. Tal vez estemos equivocados. Pero, como creemos en la legalidad democrática, rechazamos los discursos que golpetean a las instituciones y nos oponemos al reblandecimiento de nuestro debate público, hemos decidido convocar a un grupo de especialistas para que __al igual que nosotros__ pusieran sus opiniones razonadas en blanco y negro. Esta es, para nosotros, la única acción responsable y consecuente con esa convicción desencantada. En este volumen están nuestros argumentos (y los de los autores invitados). Ojalá exista disposición para escuchar (y, si es el caso, para contradecirlos). Lo que sabemos desde ahora es que nadie podrá decir que guardamos silencio.