José Woldenberg
Reforma
13/08/2015
Anticoncepción, aborto, violencia obstétrica, muerte materna, reproducción asistida y vida laboral y reproductiva son los capítulos del muy relevante informe que presenta GIRE junto con la Red de Abogados por la Defensa de la Reproducción Elegida, titulado Niñas y mujeres sin justicia. Se trata de una zona en la cual confluyen decisiones íntimas y políticas públicas y que impactan en forma directa -y en ocasiones dramática- la calidad de vida de las mujeres. Por razones de espacio me referiré solamente a cuatro de los seis capítulos.
1. Las mujeres deben tener el derecho a decidir qué hacer y qué no con su sexualidad. Las diferentes técnicas anticonceptivas han logrado, para bien, escindir el ejercicio de la sexualidad y el placer de la reproducción. Son un avance que ofrece la posibilidad de modelar y modular la maternidad. Por ello, deben estar al alcance de todas. Y sin embargo, eso no sucede. Cierto, según las cifras aportadas, las adolescentes cada vez más conocen de su existencia, pero su accesibilidad -por estados- resulta muy desigual y el número de embarazos adolescentes sigue siendo alto. Por ello, ponerlos al alcance de todas sigue siendo una reivindicación con sentido. Pero precisamente porque se trata de una determinación que debe ser de la mujer, el informe de GIRE y RADAR, denuncia también la «anticoncepción forzada», la presión que en algunas instituciones de salud se hace sobre las mujeres para, por ejemplo, colocarles un dispositivo intrauterino. En este terreno, podríamos decir, el quid es información, educación, accesibilidad y decisión de la mujer.
2. El marco normativo del aborto en México es muy desigual. Si en el DF existe la posibilidad de llevarlo a cabo de manera voluntaria durante las primeras 12 semanas de la gestación, en el resto de las entidades las causales varían. Por violación, en las 32 entidades, es motivo de exclusión de responsabilidad, pero por peligro de muerte de la madre solo en 23, por alteraciones genéticas o congénitas graves del producto en 16, por inseminación artificial no consentida en 12 y por causas económicas en 2. Lo óptimo sería extender a toda la República un modelo como el de la capital (en donde, por cierto, 1 de cada 4 abortos es de mujeres que viven fuera del DF), pero como bien señala el Informe, por lo menos sería conveniente generalizar en toda la República algunas causales para la interrupción legal del embarazo, destacadamente cuando la madre pone en peligro su salud. El problema fundamental es que en algunos estados no solo no se marcha en esa dirección, sino que se criminaliza el aborto, llegando en el extremo a equipararlo al homicidio en razón de parentesco.
3. Toda mujer debería tener acceso a una esmerada atención durante la gestación, el parto y el post parto. Y dado que ello no sucede siempre, el Informe pone el dedo en la llaga de la llamada «violencia obstétrica. Se trata de «cualquier acción u omisión por parte del sistema nacional de salud que cause un daño físico y/o psicológico a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio». Los asuntos documentados van desde la falta de acceso a los servicios de salud reproductiva hasta el abuso de medicamentos, pasando por los tratos degradantes o el menoscabo en la capacidad de decidir de manera libre e informada. Llama la atención el elevado número de cesáreas que se practican en México (muy por encima del promedio europeo), que al parecer se explica más «por las intenciones del personal de salud», que por la decisión de las mujeres o las necesidades clínicas.
4. Un capítulo especial está dedicado a la muerte materna. Se trata de las muertes «prevenibles que suceden durante el embarazo, el parto y puerperio». En ese renglón los avances son mensurables, pero aún se encuentran lejos de los «Objetivos de Desarrollo del Milenio». Y como en todo en nuestro país se constatan también grandes oscilaciones regionales. La tasa más baja se presenta en Aguascalientes, Coahuila, Colima, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Tabasco y Tamaulipas, mientras las más altas aparecen en Campeche, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán y Veracruz. Los ejemplos del Informe resultan tristes y preocupantes. Mujeres atendidas con negligencia, prisa, descuido y que desembocan en muertes que debieron ser evitadas.
Un diagnóstico crudo y certero de los problemas que afrontamos para hacer realidad el ejercicio universal de los derechos reproductivos. Una agenda oportuna, necesaria y acertada.