José Woldenberg
El Universal
21/06/2022
¿Qué debe hacer una persona, agrupación, empresa, partido político si considera que sus derechos han sido lastimados? ¿Puede hacerse “justicia” por propia mano? En ocasiones, de que puede, puede, pero se supone que no debe. Suele no ser justicia sino venganza. La respuesta debe ser: por supuesto que no, por lo menos si se aspira a una convivencia medianamente civilizada. Un niño informado de sexto de primaria respondería que para eso existen los tribunales. Quien piense que han sido vulnerados sus derechos tiene la posibilidad de interponer una denuncia para resolver de manera adecuada el litigio. Esas simplezas vienen al caso, porque ahora resulta que las decisiones de los tribunales son, al parecer, optativas para algunos miembros de la coalición gobernante. ¿Y si los mandatos de los tribunales no son acatados por quienes detentan el poder hacia dónde nos dirigimos?
Morena y aliados en el Congreso decidieron excluir a los legisladores de Movimiento Ciudadano de la Comisión Permanente en diciembre pasado. Los diputados de MC acudieron al Tribunal Electoral para proteger sus derechos y revertir esa exclusión. El Tribunal les dio la razón dado que todos los grupos parlamentarios deben tener presencia en la Comisión Permanente y ordenó que en la siguiente ocasión debían ser integrados. Pues bien, llegó la siguiente ocasión y a pesar de esa sentencia, en la nueva integración de la CP volvieron a ser segregados. De nuevo MC volvió a apelar al Tribunal, ahora incluso por incumplimiento de sentencia. Y por supuesto el Tribunal resolvió —no podía ser de otra manera— que sus sentencias son obligatorias y deben cumplirse de manera forzosa. La Junta de Coordinación Política está obligada a consumarlas, no son opcionales, no depende de sus humores. No hay más. No obstante, la sentencia se ha desacatado y el propio Tribunal ha señalado que, de no atenderse, los ciudadanos involucrados pueden quedar inhabilitados para ocupar un cargo público de elección.
Dada nuestra triste tradición en la materia, es decir, la laxa relación que millones de personas mantienen con la ley, se tiende a minusvaluar esas transgresiones, a verlas como asuntos menores, insustanciales, casi como si fueran travesuras o vivezas de unos niños. Pero no es así. Ni son niños, ni son particulares, sino legisladores obligados a cumplir, como mínimo, las sentencias emanadas del Poder Judicial. Están obligados porque en este caso las resoluciones del TEPJF son inatacables, salvo que crean que ellos viven por encima de los ordenamientos legales. Se trata del Congreso, en el que suponemos está presente la representación plural de la nación y cristaliza el pacto federal, y si son capaces de comportarse como cuatreros, como si las normas que los obligan no existieran, se continúa abriendo la puerta a los excesos y antojos de quienes detentan el poder. Lo sabemos o deberíamos saberlo: el poder sin ley se convierte en ilegítimo, solo ajustándose a la ley se legitima. Y todos los órganos del Estado, se supone, están obligados a obedecerla. No es una cuestión a discusión y si el desacato continúa deberán proceder las sanciones.
Se ha escrito mucho y debería ser un tema asimilado: la ley del más fuerte o la dictadura de la mayoría acaban por cancelar los derechos de las minorías. La ley de la selva es la negación de una vida regulada y el reino del capricho. El asunto es más grave de lo que algunos piensan. Prefigura un despotismo sin frenos.