Sergio López Ayllón
El Universal
09/02/2015
Hace unos días la Constitución cumplió 98 años, y estamos a sólo dos de su centenario. Y no, no es una vetusta anciana. Las más de 600 reformas que ha tenido desde 1917 la han renovado continuamente. Digamos que ha sido objeto de múltiples cirugías que la han transformado sustantivamente sin perder algunos de sus rasgos originales. Es la misma, pero es otra.
Durante la ceremonia oficial de conmemoración del 5 de febrero pasado en Querétaro, los discursos oficiales variaron en su contenido, pero subyació en todos una especie de sagrada reverencia por la Constitución. Para algunos respetar su contenido es sinónimo de orden y paz; otros señalaron que se trata de un ideal fallido, pues la igualdad anunciada contrasta con la realidad que muestra tercamente lo contrario; para otros es un proyecto que debe renovarse. Al final, el presidente Peña Nieto en su discurso miró hacia atrás y recordó algunas de las promesas cumplidas, para después voltear la mirada al futuro y anunciar las promesas de las recientes reformas. La Constitución contiene el proyecto de lo que será.
La Constitución es el lugar simbólico donde se sintetiza pasado, presente y futuro. Es el ancla de las promesas de los cada vez más numerosos derechos que consagra, al tiempo que es el espacio donde se dan las batallas simbólicas por el porvenir. El anhelado Estado de derecho se identifica con el “cumplimiento” de la Constitución en una especie de conjuro que al pronunciarlo quiere acabar con los dolorosos problemas de nuestra dura realidad.
Me parece que urge un discurso y un análisis distinto sobre la Constitución, más crítico y menos complaciente, con el canon que hemos tejido a lo largo de muchas décadas. Cierto, el Estado de derecho puede identificarse con el cumplimiento de la ley (y por ende de la Constitución), pero para poder aproximarnos a esa condición necesitamos preguntarnos seriamente por sus contenidos, por analizar su viabilidad o al menos para reconocer cuáles son las políticas, las medidas, los balances y los compromisos presupuestales que implican. Tendríamos que abandonar el credo según el cual las reformas constitucionales tienen un poder transformador inmanente y reconocer que si no se traducen en acciones y políticas que interactúan con otras y que llevan tiempo, estaremos siempre lejos de lograr los cambios y permaneceremos en la retórica.
También necesitamos preguntarnos seriamente si el arreglo político que contiene hoy la Constitución permite que la acción del Estado se despliegue en el sentido correcto. Mucho me temo que la respuesta es negativa. Tenemos una proliferación de poderes, competencias y órganos autónomos que fraccionan la acción y la responsabilidad; un federalismo mal diseñado y peor ejecutado, sin responsabilidades claras en el que se estrellan repetidamente las buenas intenciones de las políticas públicas; un sistema de partidos costoso, que preserva privilegios y elude responsabilidades; y en fin, carecemos de un sistema de rendición de cuentas que permita consolidar nuestra democracia.
Nuestra Constitución, a fuerza de reformas, es un texto desarticulado, a veces contradictorio, que cumple mal con sus funciones jurídicas y políticas. Por ello el centenario debería servir menos para rendir culto al pasado que para plantearnos las alternativas que tenemos. A decir de los expertos existen dos opciones básicas. Hacer una nueva o renovar su texto para reordenarlo, darle congruencia, reducirlo y acaso crear algunas nuevas instituciones que se requieren. Ninguna solución es perfecta, pero ambas podrían conducirnos a tener una mejor Constitución con mayores posibilidades para que se conozca, se cumpla y se respete.