Dimensiones de la crisis

El lunes 16 de octubre renunció Raúl Cervantes, procurador general de la República, y en su breve, pero sustancioso discurso en el Senado daba cuenta de un panorama desolador. Describió una PGR anacrónica, sin las herramientas necesarias para enfrentar las diversas tramas de la delincuencia internacional. Acusó un grave déficit de capital humano y moral.

Los resultados presentados este miércoles, de la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia, elaborado bajo la dirección del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, del Centro de Investigación Económica (CIDE) y del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), confirman lo dicho por Cervantes. Las y los mexicanos tienen bajísimos niveles de confianza en el sistema de procuración de justicia; hay evidencia de su corrupción e imparcialidad; la violación de derechos humanos es parte del cotidiano actuar de las autoridades.

Por ello el exprocurador, al momento de renunciar, habló de la urgencia de crear una fiscalía autónoma. También advirtió que dejaba lista la carpeta de investigación de uno de los “mayores esquemas de corrupción internacional de América Latina y México”. Habló de un muy complejo esquema para corromper funcionarios y de los esquemas financieros ideados para esconder el dinero mal habido. Agradeció a sus pares en el extranjero por la colaboración que permitió los avances de esta investigación en el país. Dejó en claro que todo estaba listo para hacer las imputaciones correspondientes en los próximos días. Nunca mencionó a Odebrecht por su nombre, pero todos sabíamos de qué hablaba.

Lejos estamos de ver llegar esas carpetas al juez. Por el contrario, dos días después, Peña Nieto advirtió al país que dejaría a la PGR en manos de un encargado del despacho, que hoy sabemos ni siquiera cumple con los requisitos legales para desempeñar la tarea que le ha sido asignada. Éste destituyó el viernes al fiscal Santiago Nieto que tenía a su cargo la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y en consecuencia las implicaciones de la trama Odebrecht en las elecciones de 2012.

El pretexto esgrimido en escueto boletín resultó desde el principio inverosímil: violación (en abstracto) del código de ética de la institución al haber “revelado información de una carpeta de investigación”. Violando todas las normas del debido proceso, sin derecho a defenderse u ofrecer una explicación, fue sacado de sus oficinas con urgencia y en cuestión de minutos tomaron posesión de sus documentos y computadora. Ahora que conocemos la grabación de la entrevista con el periódico Reforma ni siquiera es claro que dicha transgresión pueda demostrarse de manera fehaciente.

Un transitorio de la reforma política que estableció que el fiscal debía ser nombrado por el Senado le permite a este mismo cuerpo colegiado revertir la decisión, de dudosa legalidad, por mayoría simple.

Por más de dos años el Senado ha procrastinado la creación de la Fiscalía General de la República. Atorados por el nombramiento del fiscal, el desencuentro de los partidos también ha impedido que tengamos al fiscal Anticorrupción.

Consecuencia de la misma dilación, no existen reglas claras sobre cómo debería procesarse la objeción del Senado a la remoción del fiscal. En medio de la crisis política, cualquier decisión será tomada a la luz de los interesados por confirmarla o revertirla. No hay manera en este momento de tomar una decisión neutral, con aquel velo de ignorancia al que aludía Rawls en su Teoría de la Justicia.

A la crisis del modelo de procuración de justicia se ha sumado la crisis política desatada por la renuncia del procurador y la remoción del fiscal. La profundidad de la crisis de corrupción envuelve la trama y nos enfrenta a un Senado incapaz de estar a la altura que exige el Estado.