La Suprema Corte falló que el gobierno no puede prohibir que las empresas, los sindicatos y otros hagan gastos en política para influir en las elecciones.
Obama señaló que la corte “le ha dado luz verde a una nueva estampida de dinero [de grupos] de intereses especiales”
Washington’s wild ride, La salvaje cabalgata de Washington. 17-23/01/10.
The New York Times, 24/01/10
Escaño senatorial
The News: La noticia Scott Brown, un senador estatal republicano poco conocido, ganó una elección especial para ocupar el escaño del Senado de Estados Unidos que quedó vacante con la muerte de Edward M. Kennedy
Behind the news: Detrás de la noticia Martha Coakley, la procuradora general demócrata del estado, empezó como una fuerte favorita, pero hizo una campaña débil, mientras que Brown aprovechó la frustración popular por el desempleo, los rescates a los bancos y el debate sobre la atención a la salud. Su victoria les costó a los demócratas el 60º voto senatorial que necesitan para bloquear a los obstruccionistas republicanos empeñados en congelar las nominaciones e iniciativas del presidente Obama.
Atención a la salud
The News: La noticia Los esfuerzos para aprobar el proyecto de ley de atención a la salud fueron desarticulados por el revés en la contienda por el escaño del Senado de Massachusetts.
Behind the news: Detrás de la noticia La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que la versión del Senado del proyecto de ley no podría ser aprobada sin cambios por la Cámara, una opción que les permitiría a los demócratas eludir una amenazante maniobra obstruccionista. El presidente Obama señaló que podría limitar la iniciativa a sólo las prestaciones que tuvieran alguna oportunidad de lograr apoyo bipartidista. Olimpia Snowe, la representante republicana moderada de Maine, advirtió que hay que empezar de nuevo.
Regulación bancaria
The News: La noticia El presidente Obama propuso nuevas normas para controlar a las instituciones financieras grandes, que limitan su participación en el mercado y les prohíben algunas actividades riesgosas, como negociar por cuenta propia o poseer un fondo de cobertura.
Behind the news: Detrás de la noticia. Obama prometió que “el contribuyente estadounidense nunca más será rehén de un banco que sea demasiado grande para fracasar”. Aparentemente, el plan cogió a los ejecutivos con la guardia baja en una semana durante la cual las instituciones financieras estaban reportando resultados del ejercicio 2009 (ganancias récord en Goldman Sachs, pérdidas en Bank of America y Citigroup). Los inversionistas reaccionaron impulsando una abrupta caída de las acciones de los bancos.
Financiamiento de campaña
The News: La noticia La Suprema Corte falló que el gobierno no puede prohibir que las empresas, los sindicatos y otros hagan gastos en política para influir en las elecciones.
Behind the news: Detrás de la noticia En el fallo, el cual anuló dos fallos anteriores, la corte escribió: “Si la Primera Enmienda tiene alguna fuerza, es porque le prohíbe al Congreso multar o encarcelar a ciudadanos o a asociaciones de ciudadanos, sólo por involucrarse en el discurso político”. En disenso, el Magistrado John Paul Stevens dijo que equiparar el discurso corporativo con el humano es un grave error. El presidente Obama señaló que la corte “le ha dado luz verde a una nueva estampida de dinero [de grupos] de intereses especiales”.
Paternidad
The News: La noticia. El ex senador John Edwards admitió haber procreado una hija con una operadora de video con quien tuvo un amorío durante su campaña presidencial.
Behind the news: Detrás de la noticia. Por mucho tiempo, Edwards negó ser el padre e inicialmente negó el amorío. Su reconocimiento ocurrió en la víspera de la publicación de un libro revelador de la ex ayudante. “Fue un error de mi parte negar que es mi hija”, dijo Edwards. Una vocera no pudo confirmar que Edwards está separado de su esposa, Elizabeth, quien sufre un cáncer de mama incurable.
Obama critica duramente a Tribunal Supremo de EU.
La Corte Suprema decidió el jueves que las empresas privadas en el futuro podrán financiar sin límites a los partidos en la campaña electoral y expresarse a favor o en contra de los candidatos.
Publicado: 23/01/2010 09:41
Washington.- El presidente estadunidense, Barack Obama, criticó duramente la sentencia sobre financiación electoral del Tribunal Supremo de su país y anunció acciones contra la misma.
«Esa sentencia es un golpe a la democracia», dijo este sábado en su discurso radial semanal. «No puedo imaginarme otra cosa más devastadora para el interés público».
La Corte Suprema decidió el jueves que las empresas privadas en el futuro podrán financiar sin límites a los partidos en la campaña electoral y expresarse a favor o en contra de los candidatos.
Con ello dio una «enorme victoria» a los lobby y representantes de los intereses particulares, según Obama. Más influencia para ellos es «lo último que necesitamos», añadió. La sentencia permitiría que también empresas extranjeras se inmiscuyeran en la campaña electoral estadunidense.
El presidente anunció también acciones contra la sentencia aprobada por cinco votos a favor de los magistrados conservadores contra cuatro de los liberales y dijo que encargó a su gobierno elaborar una «decididida e imparcial respuesta» sobre la decisión.
El trabajo ya comenzó y continuará hasta que «se repare el daño hecho». Los republicanos saludaron sin embargo la sentencia, considerando que supone una «restauración de la libertad de expresión».
La Suprema Corte da la vuelta a los límites en campaña
Adam Liptak
The New York Times,
21 de enero de 2010
Traducción de Ricardo Becerra Laguna
WASHINGTON.- Haciendo a un lado una interpretación de un siglo de antigüedad y haciendo caso omiso de dos precedentes importantes, una dividida Suprema Corte decidió el jueves que el Gobierno no puede prohibir el gasto político de las empresas en las elecciones.
La decisión fue una reivindicación, sostuvo la mayoría, del principio más básico de la Primera Enmienda de la libertad de expresión: que el gobierno no tiene nada que regular en la libertad del discurso político. Los disidentes dijeron que permitir que el dinero corporativo inunde el mercado político corromperá a la democracia.
La decisión, 5 a 4, no fue sólo un terremoto doctrinal, sino también político y práctico. Especialistas en financiamiento de campañas dijeron que esperaban la decisión, que también se aplica a los sindicatos y otras organizaciones, y que modificará la forma en que se conducen las elecciones.
«Si la Primera Enmienda tiene alguna fuerza», escribió para la mayoría el magistrado Anthony Kennedy, que incluía a los cuatro miembros de su ala conservadora, “ésta prohíbe al Congreso imponer multas o encarcelar ciudadanos o asociaciones de ciudadanos, simplemente por participar en el debate político.»
El Juez John Paul Stevens leyó un largo disenso desde el banco. Dijo que la mayoría había cometido un grave error al tratar la libertad de las corporaciones de la misma forma que la de los seres humanos. Su decisión fue acompañada por los otros tres miembros del ala liberal de la corte.
El senador Russ Feingold, de Wisconsin, autor de la ley McCain Feingold de financiamiento a campañas que imponía límites al dinero de las corporaciones, calificó el fallo de «un terrible error.»
«Haciendo caso omiso de los principios importantes de la moderación judicial y el respeto de los precedentes, la Corte ha dado al dinero de las empresas un nuevo e impresionante papel en las campañas federales», dijo Feingold, un Demócrata.
El senador Mitch McConnell, de Kentucky, el líder republicano y un rival de mucho tiempo de la ley, elogió la decisión de la Corte como «un importante paso en la dirección de restablecer los derechos de Primera Enmienda de estos grupos al establecer que la Constitución protege su derecho a expresarse sobre los candidatos políticos y los temas hasta el día de las elecciones.» El presidente Obama emitió una declaración instando al Congreso a» desarrollar una respuesta contundente a esta decisión. »
«Con su fallo de hoy», dijo, «la Suprema Corte ha dado luz verde a una nueva estampida de dinero de intereses especiales en nuestra política. Es una gran victoria para las grandes petroleras, los bancos de Wall Street, compañías de seguros de salud y los otros intereses poderosos que imponen su poder todos los días en Washington para ahogar las voces de los estadounidenses».
El caso tuvo un origen inverosímil. Involucraba un documental llamado «Hillary: The Movie», un cáustico estofado de 90 minutos sobre crítica política. Fue producido por Ciudadanos Unidos, una corporación conservadora sin fines de lucro, y fue lanzado durante las primarias demócratas a la presidencia en 2008.
Ciudadanos Unidos perdió una demanda ese año contra la Comisión Federal de Elecciones, que derribó los planes para exhibir la película en un servicio de vídeo por cable y de anunciarlo por televisión. Pero la película fue exhibida en los cines en seis ciudades, y sigue estando disponible en DVD y en Internet.
El tribunal inferior dijo que la Bipartisan Campaign Reform Act de 2002, generalmente conocida como ley McCain-Feingold, prohibía las emisiones previstas. La ley prohibe la transmisión, por cable o por satélite, de las «comunicaciones electoralistas», pagadas por las empresas en los 30 días anteriores a una primaria presidencial y en los 60 días antes de las elecciones generales. Ello deja de lado las viejas tecnologías, como los periódicos, y otras nuevas, como YouTube.
La ley, como se delimitó en una decisión de 2007 de la Suprema Corte, aplica a las comunicaciones «que no son susceptibles de ninguna interpretación razonable que no sea como un llamado a votar a favor o en contra de un candidato.» También requiere que se divulgen los nombres de los contribuyentes y descargos de responsabilidad en las producciones y los anuncios de ellas.
El tribunal inferior dijo que la película era una “comunicación electorera” prohibida, pues perseguía un propósito: » informar al electorado de que la senadora Clinton no es apta para el cargo, que los Estados Unidos sería un lugar peligroso con Hillary Clinton y que los espectadores deben votar en su contra «. La ley McCain Feingold, contiene una excepción para los informes de noticias, comentarios y editoriales.
En su punto central, la opinión mayoritaria del juez Kennedy fue acompañada por el Jefe de Justicia John G. Roberts Jr. y los jueces Antonin Scalia, Samuel Alito y Clarence Thomas. La disidencia del juez Stevens fueron los jueces Stephen G. Breyer, Ruth Bader Ginsburg y Sonia Sotomayor.
Cuando el caso fue argumentado por primera vez en marzo pasado, parecía una curiosidad que se decidiría en fundamentos estrechos. La Corte podría haber declarado que los Ciudadanos Unidos no era el tipo de grupo al que la ley McCain Feingold pretendía aplicar, o que la ley no se dirigía a documentales de 90 minutos, o que la tecnología de video “on demand” en la que pretendía difundirse el vídeo no era regulada por la ley. La decisión del jueves rechazó esas alternativas.
En lugar de decidir el caso en junio, la Corte lo dejó para una extraña re-discusión en Septiembre. Ahora se pidió a las partes abordar la cuestión mucho más importante de si la Corte debía anular una decisión de 1990, Austin vs. La Cámara de Comercio de Michigan, que confirmó las restricciones sobre el gasto empresarial para apoyar u oponerse a candidatos políticos, junto con parte del caso McConnell v. la Comisión Federal Electoral, que en 2003 confirmó las disposiciones fundamentales de la ley McCain Feingold.
El jueves, el tribunal respondió sus propias preguntas con un rotundo sí.
La Corte Suprema de los EEUU y el poder del dinero
Juan González Bertomeu
La Jornana, Morelos, ‘Correo del Sur’
31 de enero de 2010
“La igualdad implica… en lo que concierne a la riqueza, que ningún ciudadano pueda ser tan rico como para poder comprar a otro, ni tan pobre como para estar forzado a venderse…”
Jean-Jacques Rousseau
El Contrato Social.
La Corte Suprema de los Estados Unidos, con su reciente decisión de invalidar una ley federal que ponía límites a los gastos electorales de las empresas, acaba de debilitar la ya vapuleada democracia norteamericana. La sentencia, pronunciada por la mayoría conservadora de la Corte, se alinea con otras de los últimos años que también refuerzan el poder de las corporaciones.
La actividad política cuesta dinero. Los candidatos deben asegurarse de que sus proyectos lleguen a los votantes. Para eso deben utilizar los modos que estimen más efectivos. Un siglo atrás, las ideas políticas se daban a conocer casi exclusivamentemediante panfl etos de baja circulación y en mítines públicos. Los candidatos viajaban y exponían sus puntos de vista en pueblos y ciudades correspondientes a sus distritos electorales. La aparición de la radio primero y la televisión luego alteró dramáticamente esta situación. La gente, así, se acostumbró a escuchar ideas por estos medios, movilizándose gradualmente menos que antes, especialmente ayudada por sistemas políticos que no incentivan una participación popular activa.
Un minuto en televisión resulta muy costoso, y por eso los candidatos necesitan reunir ingentes sumas de dinero. La irrupción de internet y otras manifestaciones de la revolución digital cambió en parte esta realidad, bajando los costos de la comunicación y haciéndola más fl uida. La campaña presidencial de Barack Obama, basada en un uso óptimo de la tecnología disponible, es el ejemplo más claro de este punto. Con todo, su impacto sigue siendo limitado, en parte porque mucha gente carece de acceso a internet u otros medios digitales, y porque la popularidad de la televisión sigue y seguirá siendo enorme.
En las sociedades democráticas actuales, entonces, el dinero ejerce una influencia signifi cativa sobre la política en general, y sobre el acceso a los cargos en particular. Un aspecto central en la relación entre el dinero y la política gira en torno a la oportunidad efectiva que cada ciudadano tiene de influir (de hacerse oír) en la toma de decisiones. El principio democrático según el cual cada persona vale un voto (no más y no menos que eso) resulta burlado cuando grandes disparidades económicas hacen, por un lado, que ciertos individuos tengan un acceso asegurado a la arena política (mediante contribuciones a los fondos de campaña o, incluso, autofinanciando una postulación), mientras que aquellos con menores recursos ven significativamente disminuidas sus posibilidades de lograrlo.
En pocos lugares se ha debatido tanto sobre el tema del fi nanciamiento de las campañas políticas como en los Estados Unidos. Esta semana, en el caso Citizens United, la Corte Suprema resolvió la 
cuestión del peor modo posible, permitiendo a las corporaciones gastar de manera ilimitada a la hora de promover a un candidato. Al hacerlo, el alto tribunal invalidó buena parte de la ley federal sobre fi nanciamiento político McCain Feingold (aprobada en 2002, y llamada así por el nombre de los legisladores que la promovieron; el primero de ellos sería luego el rival político de Obama). La sentencia mostró la división aguda existente puertas adentro de la Corte, entre los cinco jueces conservadores que fi rmaron el voto de mayoría (redactado por Kennedy, y secundado por Scalia, Roberts, Alito y Thomas) y los cuatro disidentes, progresistas moderados (Stevens escribió el agrio voto minoritario, acompañado por Breyer, Ginsburg y Sotomayor).
La decisión sobre la validez de la ley fue gratuita, pues el caso no exigía una opinión sobre ella. Su argumento principal fue que los límites a los gastos de las corporaciones o de los sindicatos promocionando a un candidato violan el derecho de aquéllos a la libertad de expresión (en cambio, los límites a las contribuciones directas a una campaña son válidos). Algo similar había insinuado la propia Corte en 1976, en el famoso caso Buckley v. Valeo [424 U.S. 1 (1976)]. En el caso Buckley se discutía la validez de una ley de 1974, aprobada con el objeto de disminuir el peligro de corrupción en el sistema político, pero también de mejorar las condiciones de igualdad en el acceso al poder, para que la mayor riqueza de los candidatos o su mayor capacidad para recaudar fondos no constituyeran circunstancias excluyentes y defi nitorias en una campaña. Entre otros puntos, la ley establecía de manera algo similar a la ley McCain Feingold un límite a las contribuciones políticas a favor de candidatos a cargos a nivel federal, y fijaba un tope a los gastos por parte de individuos o grupos “relacionados con un candidato claramente identificable”.
En su decisión en el caso Buckley, la Corte equiparó las contribuciones a favor de los candidatos con el propio discurso político (protegido por la Primera Enmienda), de especial importancia en un sistema democrático. Al reducir la cantidad de expresiones, los límites en los gastos y contribuciones sólo podían resultar válidos si podían superar un escrutinio especialmente estricto: si se demostraba que la restricción al discurso era absolutamente necesaria debido al especial peso de las razones para adoptarla. El alto tribunal convalidó las restricciones a las contribuciones, afirmando que las limitaciones sobre los montos que alguien puede donar a un candidato o comité importan sólo una restricción marginal sobre la capacidad del individuo en cuestión de involucrarse en un libre juego discursivo. Pero invalidó casi totalmente las limitaciones a los gastos de campaña, rechazando como fin legítimo de la ley el de tender a “igualar la capacidad relativa de los individuos y grupos de influir en el resultado de las elecciones”. En su frase más controvertida, la Corte sostuvo que “el concepto de que el gobierno puede restringir el discurso de algunos miembros de la sociedad con el fin de ampliar la voz relativa de otros es completamente ajeno a la Primera Enmienda, la que fue diseñada para ‘asegurar la más amplia diseminación posible de información a partir de fuentes diversas y antagónicas.’”
Uno de los aspectos más criticables de Buckley es que la Corte reconoció que las asociaciones y corporaciones y no sólo los individuos gozan del derecho a la libertad de expresión. Este criterio es el que reforzó ahora el alto tribunal en el caso Citizens United, dejando a un lado varias decisiones adoptadas luego de Buckley, en las que había convalidado límites semejantes (especialmente los casos Austin y McConnell). La Corte afirmó que los topes a los gastos corporativos (o de los sindicatos, que evidentemente cuentan con menor capacidad económica que las grandes empresas) durante las campañas son inválidos, hiriendo con ello de muerte los inusuales intentos por parte del Congreso de poner un coto al poder que las empresas ejercen sobre la política.
Las contribuciones de dinero, en efecto, podrían constituir una forma de expresión pública de las preferencias de los ciudadanos, o un modo de comunicar ideas, y gozar por ello de alguna protección. Esto se vio tal vez del modo más claro en 2008, durante la campaña presidencial de los Estados Unidos, cuando una enorme cantidad de norteamericanos manifestó su entusiasmo por Barack Obama donando dinero a su campaña, en general muy pequeñas sumas. Sin embargo, la noción de que aquellos mejor posicionados económicamente puedan tener una voz casi infinitamente mayor que el resto resulta antidemocrática. Como dijo el juez J. White en su disidencia en el caso National Conservative Political Action Committee [470 U.S. 480, 508 (1985)], en el que la mayoría de la Corte invalidó ciertos límites, “los gastos producen un discurso (protegido por) la Primera Enmienda… Pero éste es precisamente el punto: ellos producen tal discurso, no constituyen discurso por sí mismos.”
Al sostener ahora que los topes a los gastos violan la Constitución, la Corte insinuó (al igual que en Buckley) que la garantía de la libertad de expresión fue establecida para asegurar la más amplia diseminación posible de información a partir de fuentes diversas y antagónicas. Pero esta afirmación es doblemente tramposa en estos casos. La posibilidad de oír voces diversas y antagónicas se encuentra fuertemente condicionada por razones económicas. Aquellos que menos tienen enfrentan difi cultades casi insuperables para comunicar sus ideas. La libertad de expresión no sólo se ve amenazada por parte del Estado sino también por la situación de poderío económico de la que gozan ciertos individuos y grupos en relación con el resto de la sociedad. Paradójicamente, es la propia Corte la que impide el cambio de esta situación.
Por otra parte, reconocer que las empresas tienen derechos constitucionales o humanos (derechos que en ciertos casos son tan fuertes como los de las personas físicas) es ignorar una realidad obvia: las empresas, a diferencia de los seres humanos, son una mera creación del Estado, y logran constituirse, crecer y construir su poder gracias a las facilidades que el propio sistema legal les brinda. Hacerlas gozar de derechos es, entonces, beneficiarlas artificialmente, por partida doble. Las corporaciones, ahora, tienen derecho a gastar enormes sumas de dinero para beneficiar a un candidato; mejor dicho, para beneficiarse a sí mismas al apoyar a un candidato en condiciones de llevar adelante sus propias propuestas. Como sostuvo la minoría en su disidencia, “[l]a diferencia entre vender un voto y vender acceso es una cuestión de grados…, y la venta de acceso por parte de un candidato no es algo cualitativamente diferente a que éste brinde una preferencia especial a quienes gasten dinero en su nombre.”
Con su decisión, la Corte norteamericana asestó un fuerte golpe al proyecto democrático. Lo hizo en un momento en que, además de padecer otros problemas graves, el sistema político norteamericano está asediado por el poder de las corporaciones. La sentencia refuerza esta dominación, subordinando potencialmente las plataformas políticas de un partido o de un candidato a sus designios, y contradiciendo el ideal democrático de la igualdad entre los ciudadanos. Convierte a la política en una réplica burda del ya disfuncional mercado económico, en el que el valor de una obra o idea se mide por el precio que otros quieren cobrar o pagar por ella, aunque sólo unos pocos puedan cobrar o pagar lo que consideran que esa obra o idea genuinamente vale. Citizens United arroja el juego político a las fuerzas del mercado. Que, como sabemos, es cualquier cosa menos igualitario.
Juan González Bertomeu es un constitucionalista argentino radicado en Nueva York.