Fuente: La Cronica
1.- Hace 18 años el Consejo General del IFE sesionó por primera vez. Fernando Gutiérrez Barrios presidía ese órgano que todavía no era ciudadano ni profesional ni autónomo del gobierno, pero su sesión inaugural y el contexto en la que se celebró, ya anunciaba un destino —dramático hasta la teatralidad— de la institución. Las elecciones precedentes, las de 1988, habían sido las más competidas e impugnadas de la historia moderna; el parto de la reforma legal y de los cambios constitucionales había sido cardiaco y doloroso; los consejeros —figura novísima— estaban obligados a aplicar una ley absolutamente desconocida y por si fuera poco, el IFE trabajaría en un clima público brumoso, exasperado, repleto de contradicciones.
Así cursó el proceso electoral de 1994; así el del año 2000, el de seis años después y así los comicios venideros del 2009, que se realizarán luego de una profunda y extensa reforma correctiva. Fueron cinco pruebas organizativas en las que el IFE emergió fortalecido, mejor, cada vez más creíble (sólo una vez, en el 2006, esta trayectoria prometeica no pudo consumarse). De ese trayecto, pueden hacerse muchos balances de lo ocurrido, pero hay un filón que casi nunca aparece en el debate, pero que es tan decisivo como la independencia de sus consejeros, la profesionalización, la ciudadanización de la organización o la equidad en la contienda: me refiero al azaroso y yuxtapuesto crecimiento institucional del IFE. Y es que el órgano electoral ha vivido una historia como ninguna otra institución moderna de México.
No me refiero tanto a sus altas tensiones políticas, sino a la manera que ha metabolizado tareas tan disímbolas que en cualquier otro país son ejecutadas por autoridades bien distintas. En el origen, un consenso partidario sintetizó en 11 puntos (llevados a la Constitución) la esfera ideal de la nueva autoridad electoral en México: el proceso electoral definido como función estatal y pública; los responsables de la organización serán funcionarios profesionales, los ciudadanos, vigilados por los partidos políticos; el organismo público decisor había de ser autónomo; sus acuerdos tendrían que ser emitidos en sesiones públicas y, he aquí la semilla, el IFE debía edificar un sistema para un padrón electoral nacional confiable. Desde hace 18 años, el IFE aparece como una entidad sui generis (véase Reforma política y electoral en América Latina, 1978-2007, de Daniel Zovatto y Jesús Orozco, UNAM-IDEA, 2008), pues no sólo tiene como tarea propia organizar elecciones, sino que además debe emitir el principal documento de identificación de la población mayor de 18 años. Es decir: la falta de una cédula de identidad nacional fue suplida, para fines prácticos, por la credencial construida ¡por la autoridad electoral!
El Estado nacional renuncia a esa responsabilidad (por negligencia o desconfianza) y el día de hoy, 70 millones de mexicanos utilizan ese instrumento electoral para cientos de usos que no son electorales. Sin quererlo, el IFE ha creado la acreditación legal básica que ha permitido que millones de personas puedan incorporarse al mercado y a la economía, realizar transacciones, abrir cuentas bancarias, tener un crédito, contar con servicios básicos, acceder a la justicia y ejercer muchos otros derechos ciudadanos (entrar al antro incluido).
A decir del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la credencial de elector “es la herramienta legal para que al menos 16 millones de ciudadanos pobres en México existan”. O sea: el IFE ha sacado de la invisibilidad a los más pobres del país. Este es un punto que nunca ha sido celebrado como se debe, pero a pesar de ello, tiene una cara que es menos jubilosa: esa no es tarea de una autoridad electoral. Y como tuvo tanto éxito, la tentación de seguir suministrando de funciones ajenas a la autoridad electoral se mantiene y se replica. 2.- Luego está el caso de la fiscalización: en casi todos los países democráticos las finanzas de los partidos políticos son revisadas por un órgano diferente al organizador. En México no.
La Comisión de Elecciones Federales (FEC) en EU o en España, el Tribunal de Cuentas, son ejemplos de modelos más racionales, pues esta función regalada al corazón del IFE, inyecta inevitables dosis de discordia y de tensión entre el árbitro y los jugadores, pues lo que tendría que ser una cuidadosa operación de acompañamiento, convergencia, consenso (organizar una elección con el aval de los partidos paso a paso) se vuelve un campo minado en el que los partidos reaccionan ante las recurrentes sanciones que la autoridad debe imponer, lo que genera ríspidos episodios de cuestionamiento in toto a la labor del IFE. Puede decirse que el prestigio del IFE ha sido su principal veneno. Pues conforme se ha consolidado y ofrecido buenas cuentas, los legisladores no encuentran mejor idea que seguir llenándolo de más y más riesgosas atribuciones; por ejemplo, volverlo un juez persecutor, juzgador y sancionador.
Hasta 1994 el IFE sólo “instruía”, es decir, investigaba y elaboraba expedientes rigurosos en los cuales se hacía constar de alguna anomalía o conducta ilegal de los partidos, luego de lo cual enviaba las evidencias disponibles al Tribunal Electoral. Pero en 1997 fue dotado de funciones para dirimir controversias entre los propios contendientes que tienen el particular gusto de acusarse entre sí como forma de desplegar su propia propaganda, y más que eso: a partir del siglo XXI, el IFE también debió meterse a las cocinas de los partidos para resolver controversias ¡entre los militantes de una misma organización! Todo lo cual incrementa las razones para el roce y el enquistamiento entre jugadores y árbitro. La cosa llegó aún más lejos en el año 2007, pues el nuevo Código Electoral exhibe un flamante libro séptimo, decenas de artículos con procedimientos, faltas punibles, sanciones, que han tornado al IFE en una maquinaria con claros tintes contenciosos y sancionadores.
Y más que eso, el IFE ha visto multiplicar a los sujetos que debe regular, con quienes debe establecer coordinación y los que deben acatar sus disposiciones. Si antes el IFE se erigía en plena autoridad para los partidos políticos nacionales, para las agrupaciones políticas nacionales y para los observadores electorales, a partir de la reforma su universo de regulación se amplía a aspirantes, candidatos y precandidatos a cargos de elección popular; concesionarios y permisionarios de los medios electrónicos; autoridades electorales locales (institutos, comisiones, tribunales, incluyendo el federal); los gobiernos y las instituciones públicas del país que realizan incursiones en los medios masivos; los particulares o los grupos que intervengan (o quieran intervenir) en la contienda política mediática, los notarios públicos del país, etcétera. 3.- Finalmente, la nueva reforma electoral, la del año 2007, han añadido al órgano electoral federal 53 nuevas tareas, destacadamente la primera regulación efectiva de los medios de comunicación electrónica en México, en lo que toca a los tiempos de transmisión oficiales, convirtiendo a la institución en una entidad nacional, un administrador único para todo el país y para todas las elecciones que se celebren en el territorio nacional.
Así, el IFE ha de bailar con la más fea, con poderes de hecho que en rigor nunca han sido regulados con precisión y efectividad por el Estado mexicano. Y otra vez se repite la historia: allí y donde el Estado fracasó (en la regulación de medios electrónicos) fue finalmente convocado el IFE, desde el terreno electoral, para empezar una tarea absolutamente inédita. Pero así han sido sus 18 años. Intensos, llenos de crecimiento y a menudo convulsos; pero quizá, en este cumpleaños, la reflexión que valga la pena es la de los límites institucionales de una organización clave para la convivencia política y pacífica de los mexicanos.
El año que viene tendremos elecciones impecables, de eso estamos seguros. Pero quizá ahora sea un buen momento para reconocer su tradición, para asentar una cultura institucional que le dé continuidad, para anunciar sin mala conciencia que no puede ofrecer, ubicar los pivotes que le permitirán cambiar e innovar y hallar un sitio pausado y estable en el concierto del pluralismo mexicano.