José Woldenberg
Reforma
28/04/2016
El 22 de abril, en una conferencia de prensa, el INE informó que la lista nominal de electores había estado expuesta al público a través de una plataforma de la empresa Amazon. De manera inmediata el INE denunció el hecho ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales e inició «un procedimiento ante instancias internas».
Si usted le dice al velador «duerma y vigile», seguramente éste lo verá con ojos de plato y traspirará nerviosismo. Una indicación contradictoria no se puede consumar cabalmente. O lo uno o lo otro, pero no ambas cosas. Ahora bien, si disposiciones similares se encuentran en la ley, peor aún. El encargado de cumplirlas con dificultades podrá atenderlas.
El artículo 126 fracción 3 de la nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE, heredera del Cofipe) dice: «los documentos, datos e informes que los ciudadanos proporcionen al Registro Federal de Electores (del INE), en cumplimiento de las obligaciones que les impone la Constitución y esta Ley, serán estrictamente confidenciales y no podrán comunicarse o darse a conocer, salvo cuando se trate de juicios, recursos o procedimientos en los que el Instituto fuese parte…o por mandato de juez competente». Muy bien. Pero el artículo 151 dice en su fracción 1: «El 15 de febrero del año en que se celebre el proceso electoral ordinario, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores entregará en medios magnéticos, a cada uno de los partidos políticos las listas nominales de electores divididas en dos apartados, ordenadas alfabéticamente y por secciones correspondientes a cada uno de los distritos electorales». Además, según el artículo 137 fracción 3: «Los listados…se pondrán a disposición de los partidos políticos para su revisión y, en su caso, para que formulen las observaciones que estimen pertinentes».
Confidencialidad y entrega, dos prescripciones antagónicas. Pero que en este caso se entienden, aunque la segunda vulnera a la primera. Son parte de nuestro espíritu paranoico. Me explico. Una base de datos de más de 80 millones de personas, con información sobre su edad, sexo, domicilio, etc., por supuesto que debe ser confidencial. Los ciudadanos dan esa información al INE para integrar el padrón que sólo debe servir para confeccionar la lista de votantes y no debe estar en poder de nadie más. Pero la ley, en sentido contrario, obliga al Instituto -a través del RFE- a entregar esos mismos listados en medios magnéticos y en papel a los partidos. Y se entiende. Las dudas sobre el padrón eran tales que al inicio de los años noventa esa era una de las asignaturas centrales del debate electoral. Los más viejos recordarán el añejo litigio sobre los «fantasmas» y los «rasurados» que supuesta o realmente marcaban al padrón. Los primeros, como su nombre lo indica, eran personas inexistentes a las que se les daba de alta para que otros (esos sí vivos y coleando) pudieran votar varias veces, y los segundos, eran ciudadanos que se habían dado de alta, pero que mañosamente no aparecían en el listado de electores. Hoy, y ahí radica el éxito del padrón y la llamada «credencialización», prácticamente nadie discute sobre la integridad o los eventuales sesgos políticos del listado nominal de electores. Pero toda la parafernalia que en buena hora se edificó para hacer del padrón un instrumento confiable sigue en pie.
Recuerdo incluso un episodio similar al actual que sucedió en 2003. En abril de aquel año, una nota de la agencia AP dio cuenta de una empresa en Estados Unidos -Choice Point- que estaba poniendo en venta una fracción del padrón electoral. De inmediato el IFE hizo una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y luego de investigaciones paralelas de la Contraloría del IFE y la FEPADE, pudo descubrirse: a) la fuente de la filtración (no había salido del Instituto), b) la empresa mexicana que había lucrado con esa parte del listado (Soluciones Mercadológicas en Bases de Datos -SMBD-) y c) fueron recluidos y juzgados los responsables en México.
El INE ha informado que las listas que se entregan a los partidos tienen un código especial y que a través de él se podrá conocer la fuente de la copia que se exhibía en Amazon -y que desde el pasado 22 de abril se dio de baja-. Y por ello se puede esperar que los culpables sean sancionados. Pero mientras se mantengan en la ley disposiciones que ordenen dormir y vigilar al mismo tiempo me temo que las posibilidades de filtraciones seguirán vivas.