Raúl Trejo Delarbre
La Crónica
27/03/2017
Miroslava Breach se había convertido en referencia indispensable para entender a Chihuahua. Las tropelías del ahora ex gobernador César Duarte, la expoliación del pueblo tarahumara, la apropiación de recursos naturales, posiciones políticas y regiones enteras por parte del narcotráfico: tales son algunos de los temas que esa batalladora periodista documentó durante 20 años.
La mataron de ocho balazos la mañana del jueves 23 de marzo, cuando salía de su casa para llevar a la escuela a su hijo de 14 años. El sicario que la asesinó dejó una cartulina que dice “Por lenguona. Sigue tu gobernador. El 80”.
El asesino que ordenó matar a la periodista podría estar ufanándose del crimen o podría inculpar a otro delincuente. El 80 es Carlos Arturo Quintana, líder del grupo La Línea, vinculado al Cártel de Juárez. Ese individuo ha ganado notoriedad en la región cercana a Ciudad Cuauhtémoc, cerca del centro del estado, porque además de encabezar un grupo criminal, hace favores a la gente. “Parte de sus ganancias las destinaba a pintar escuelas y las lecherías de Conasupo. Le gustaba colocar en ellas una leyenda que decía ‘inversión: gobierno 20 por ciento, iniciativa privada 80 por ciento’”, dice un testimonio recogido por el reportero Gustavo Castillo en La Jornada de ayer domingo.
El 80 ha querido controlar posiciones políticas en esa zona. El año pasado su suegra, Silvia Mariscal, fue precandidata por el PRI para la alcaldía de Bachíniva. Esa postulación y otras más fracasaron cuando se supo que estaban ligadas al narcotráfico. La información sobre esos vínculos fue publicada por Miroslava Breach.
Esa reportera, que durante 20 años fue corresponsal de La Jornada, cubrió con detalle el asesinato de Marisela Escobedo en 2010, la madre que fue victimada frente al Palacio de Gobierno en la capital del estado y que exigía que fuera esclarecido el crimen de su hija ocurrido dos años antes. Recientemente, en otro asunto, Miroslava Breach informó que el secretario de Seguridad Pública de Ciudad Juárez, Sergio Almaraz Ortiz, reprobó los exámenes de confianza del Sistema de Seguridad Pública; el funcionario fue destituido poco después.
El asesinato del activista indígena Isidro Baldenegro que denunciaba la tala clandestina en la zona tarahumara, el descubrimiento de fosas clandestinas en el municipio de Madera y la participación del narcotráfico en la perforación ilícita de pozos de agua y en la compra de equipos para riego en nueve municipios del estado, fueron otros temas que Breach investigó recientemente.
Algunos de sus colegas consideran que una de las investigaciones que pudo haber incomodado a los asesinos fue el reportaje, publicado el 6 de agosto de 2016 en La Jornada, en donde denuncia la expulsión de centenares de familias despojadas por el narcotráfico. Aquella nota comenzaba así:
“La historia es la misma en las comunidades de La Lobera, Milpillas, El Huicochi, Las Chinacas, en el municipio de Chínipas; El Manzano, en Urique; Ocoyachi y Jicamorachi, en Uruachi; Bocoyvo, en Batopilas; El Durazno, en Guadalupe y Calvo: grupos de sicarios irrumpen, ordenan a los pobladores dejar sus viviendas y propiedades; luego se asientan en la zona para sembrar amapola, de la que obtienen goma de opio, base de la heroína, cuya demanda desplazó el cultivo de mariguana en la región. En los tres años recientes se incrementó la presión sobre los habitantes de la serranía. Los cabecillas de grupos criminales en la región han aniquilado familias completas en su ambición por el control de la producción y compraventa del enervante”.
Todo eso ha ocurrido al sur de Chihuahua, cerca de Sonora y Sinaloa. En esa región, en Chínipas, nació Miroslava Breach Velducea. Estudió ciencia política en la Universidad Autónoma de Baja California Sur en La Paz y en esa ciudad comenzó a hacer periodismo. Años después fue subdirectora de La Opinión de Los Cabos. Hace más de dos décadas comenzó a trabajar para La Jornada, a la vez que era reportera de Diario de Chihuahua y de El Norte de Ciudad Juárez en el cual fue directora editorial. Tenía 54 años y dos hijos.
La reportera Olga Aragón explicó para Proceso cómo trabajaba su colega y amiga Miroslava Breach: “investigaba mucho pero no publicaba hasta tener los datos bien amarrados, confirmados, y procuraba escribirlos con una redacción muy limpia”.
Marcela Turati, destacada periodista de investigación, describe así, en Proceso de este fin de semana, a Miroslava Breach; “Inquisitiva. Crítica. Comprometida. Sensible. Nunca perdió la capacidad de indignación ante las injusticias, aunque éstas se volvieron cada vez más frecuentes en la entidad que desde muchos años se ha mantenido en los primeros lugares en violencia a nivel nacional, con más de 30 mil asesinatos en los últimos 10 años”.
El abogado Jaime García Chávez, figura emblemática de la lucha cívica en Chihuahua, dijo ante el asesinato: “Nos están intimidando, pretenden que se tenga miedo a querer decir la verdad, hablar con la verdad, se atenta contra nuestra libertad de expresión y se convierte al periodismo en un oficio de muerte, cuando no debe ser así, exigimos que se haga justicia y que se encuentre a los verdaderos responsables de este artero crimen”.
Apenas en diciembre de 2016 fue asesinado el periodista Adrián Rodríguez Samaniego, también cuando salía de su casa en Chihuahua. Desde el año 2000, en ese estado han sido victimados 22 periodistas.
Para el gobierno de Javier Corral Jurado, que tomó posesión en octubre pasado, la expansión de los grupos criminales se ha convertido en un desafío ineludible. No deja de ser significativo, y preocupante, el mensaje que dejó el asesino de Miroslava Breach con una advertencia directa al gobernador.
El asesinato de esa periodista coincidió con una peculiar campaña que el periódico El Universal desató en contra del gobernador Corral. El jueves 23 la nota principal de ese diario mostró al gobernador de Chihuahua durante el fin de semana que pasó en Mazatlán. Aunque llama la atención el viaje para ir a jugar golf en ese puerto sinaloense, el asunto no ameritaba las ocho columnas de un periódico de alcance nacional.
El viernes 24, la insistencia para golpear al gobernador de Chihuahua incluyó una amplia nota en primera plana, su editorial institucional, una descalificación en la columna de chismes políticos, una amplia nota en la página 5 y la publicación en la página 18 de la carta, recortada, que Corral envió para aclarar que no gastó fondos públicos en su viaje a Mazatlán. En todos esos espacios, y en otros más al día siguiente, el periódico reiteró: el gobernador se pasea mientras en su estado avanza el crimen.
El Universal dio mucha más relevancia a esas descalificaciones que a la cobertura del asesinato de la periodista. Para ese diario, el crimen del pasado 23 de marzo fue un motivo adicional de cuestionamiento contra el gobernador panista.
Esa insistencia llama la atención porque nunca antes El Universal desplegó una campaña así contra gobernador alguno, incluso cuando se han conocido casos de comprobada corrupción. Además el ahora gobernador Corral escribió durante 20 años en ese periódico, con cuyo propietario tenía un trato frecuente y cordial.
Hay motivos para suponer que esa animadversión tiene motivos financieros. Al comenzar este año el nuevo gobierno de Chihuahua canceló numerosos contratos de publicidad. El gobierno anterior, del priista Javier Duarte, gastó cada año en publicidad entre 328 y 808 millones de pesos. En total, según la información disponible en el portal de transparencia de la actual administración, Duarte gastó por lo menos 3,522 millones de pesos en publicidad.
El presupuesto de publicidad para 2017 en el gobierno de Corral es de veinte millones de pesos.
Según la información disponible, en 2012 El Universal cobró 8.2 millones de pesos por venta de publicidad al gobierno de Chihuahua. En 2013, 8.3 mdp. En 2014, 2 millones. En 2015, 4.7 mdp en cifras redondeadas. En 2016 no hubo compras de publicidad a esa empresa. En total, ese diario vendió espacios al gobierno de Duarte por 23.2 millones de pesos.
Igual que otros gobiernos, el de Chihuahua gastó mucho más en televisión que en otros medios. Entre 2011 y 2016 Televisa cobró en Chihuahua 270.5 millones de pesos y Televisión Azteca 225.6, calculados a partir de datos que se pueden consultar en el portal del gobierno de esa entidad.
Aprovechar el asesinato de una periodista para descalificar a un personaje público, por los motivos que sean, es una mezquindad. Al gobierno de Chihuahua, que se inició con grandes expectativas de cambio, los ciudadanos de ese estado tendrán que exigirle paso a paso, en cada uno de los problemas que se comprometió a resolver. La insistencia para golpear al gobernador, en este caso, ha soslayado la denuncia y la exigencia de castigo para los auténticos culpables de ese y otros crímenes que son los caciques del narcotráfico.