José Woldenberg
Reforma
15/12/2016
Las siguientes son notas elementales. Pero ante la confusión, ante las opiniones que, como escopeta, tiran al bulto, es posible que lo elemental sea lo fundamental.
1. No se construye democracia para silenciar a los políticos. Me parece una consigna irrefutable. Los políticos de todos los niveles y coloraciones, estando o no en un cargo público, deben tener y tienen todo el derecho de hablar, de defender sus políticas e iniciativas, de criticar a quien gusten, de dar entrevistas, aparecer en los medios, explicar, analizar, señalar o reprochar lo que les venga en gana. Y espero que lo anterior sea un consenso básico y robusto.
Pero también es claro que cuando manejan recursos públicos no pueden disponer de ellos para fines personales. Recursos financieros, materiales y humanos que son para realizar determinadas tareas y programas y para alcanzar ciertos objetivos, y desviarlos constituye una falta. Es eso, no el ejercicio legítimo de su libertad de expresión, lo que debe sancionarse.
Cuando (digamos) un gobernador aparece en la portada de una revista porque ha sido entrevistado no hay falta que perseguir. Para eso está la publicación -para informar, dar voz, inquirir- y el funcionario tiene todo el derecho de emitir sus puntos de vista sobre el mar y los pescaditos. Pero cuando esa misma revista -de tiraje modesto- hace una intensa campaña en buena parte del país con anuncios espectaculares desplegando la portada y reproduciendo el rostro del entrevistado enmarcado de una frase elogiosa, surge la pregunta: ¿de dónde salieron esos recursos? Porque parece altamente improbable que la mencionada publicación tenga capacidad financiera para ello… y aunque la tuviera, difícilmente sería sensato o redituable hacerlo.
Suspicacia similar aparece cuando se aprecia un comportamiento sesgado de cualquier medio. El conocimiento y/o la maledicencia inmediatamente atribuyen el mismo a la compra de espacio y voluntades por parte del político beneficiado. Con el agravante de que lo más probable es que dicha compra no se haya realizado con recursos propios sino públicos. Y con la dificultad de que no es sencillo probar -documentar- esa transferencia.
2. La equidad en las condiciones de la contienda electoral es un pilar de cualquier edificio democrático. Sin ella, el combate se puede asemejar al imaginario de Mike Tyson contra la «Chiquita» González. Por ello, en 1996, los legisladores tomaron dos eficientes palancas para equilibrar el terreno de juego: el financiamiento público a los partidos y su acceso a los grandes medios de comunicación (radio y televisión). Se trataba de construir un piso de equidad, un mínimo de condiciones que hicieran posible una contienda más o menos pareja, un basamento para elecciones legítimas. Pero se trataba de eso, de un «piso» que hiciera posible la disputa por los votos entre corrientes políticas enfrentadas. El resto, se suponía, sería el reino de la libertad para los partidos y candidatos.
No obstante, da la impresión que algunos creen que no se trata de un basamento sino de un «techo». De un afán por lograr que las campañas transcurran en una especie de laboratorio en el que todas las variables puedan ser controladas. No de equidad, sino de igualdad, y por supuesto, resulta una aspiración imposible.
Hasta donde entiendo, el «techo» es el tope a los gastos de campaña y precampaña y el piso la legislación en torno al financiamiento y el acceso a los medios, y el resto es un espacio para que partidos y candidatos hagan lo que quieran y puedan.
3. Lo anterior tiene sentido. Pero ha generado un berenjenal, una nube mediática, que (creo) hace indescifrable para el respetable lo que se encuentra en litigio. Funcionarios que claman que se coarta su libertad de expresión cuando son señalados por comprar publicidad para ellos con dinero público, autoridades que se ven sujetas a reclamos infundados o brumosos, medios que no alcanzan a discernir lo que se encuentra en juego, en ocasiones porque son ellos mismos los que están involucrados en las transacciones comerciales ilegítimas (claro, si se parte de la premisa que la información no se vende al mejor postor).
Y el problema es que no hay soluciones sencillas. Se trata de dimensiones electorales que generan demasiadas turbulencias y además mal entendidas.