Ricardo Becerra
La Crónica
21/12/2021
Solo los derechistas más desenfrenados quieren que el presidente López Obrador, renuncie. Casi nadie, porque se entiende el valor de la estabilidad política.
En cambio, los que quieren que el presidente se quede en su cargo ¡impulsan una consulta para que se vaya! Para organizar ese contrasentido forjaron una ley, cuyos términos cuestan, exige recursos, pero los mismos impulsores no están dispuestos a otorgarlos a quien lo debe organizar.
Esa es la cuestión, el obstinado absurdo de fin de año que generará un conflicto gratuito, a resolver por la Suprema Corte, es decir, lo último que necesitan los mexicanos: otro pleito retorcido. Y todo, cortesía de la presidencia de la república, un pleito atizado por quien se supone es el responsable de gobernar este país. Una locura por donde se le vea. Antes de navidad, tratemos de rescatar algo de cordura, algo de las principales coordenadas, para no perder nuestra razón.
El INE no se niega a cumplir su obligación constitucional: solo pide recursos para hacerla. Raúl Trejo lo explicó ayer en páginas vecinas: la logística es la misma, exactamente, para realizar una elección de la Cámara de Diputados. 161 mil casillas, con un millón 162 mil funcionarios que las cuidarán y 32 mil capacitadores que los entrenarám, vigilados por todos los partidos políticos en todos los tramos de la elección: difusión masiva, verificación, monitoreos, impresión de materiales y un largo etcétera organizativo. Si la revocación es de verdad, su elección ha de ser de verdad. Esa es la simple petición del INE.
La mayoría en la Cámara de Diputados, cree que está relevada en su obligación de presentar argumentos (lo señala Jesús Silva Herzog-Márquez). Morena ha creído que su mayoría (38 por ciento) le permite hacer y deshacer, sin explicar, sin razonar. Lo suyo es atacar “porque así lo debe hacer el INE” sin darle recursos explicítamente. Es imposible. Lo derechos cuestan y la revocación, con 161 mil casillas, cercanas a la gente, también.
De modo que el INE ha sido puesto frente a un dilema extravagante: mejor adelgaza las normas de organización y así, ahorrarás dinero. Una máxima monacal de los tiempos de “austeridad”, a costa del profesionalismo, del cumplimiento legal, de las cosas bien hechas (Mauricio Merino).
¿Y quien resolveraá este entuerto? La Suprema Corte que ya erró dos veces: primero regaña al INE por no preveer en su presupuesto anual los recursos para posibles ejercicios de consulta o revocación, y luego, por que los prevé. Si la Corte fuese coherente consigo misma, tendría que darle la razón al INE pues hizo, precisamente, lo que ella le exigió (José Ramón Cossio).
La cuestión más honda está en el abuso autoritario: ahorcar presupuestalmente a las instituciones y poderes autónomos, o sea, a los que le son incómodos, impulsarlos hacia misiones imposibles, así sea mediante una argumentación enloquecida, como es el caso. En esa diana está CONEVAL, el INAI, el INEGI y sí, la propia Suprema Corte. ¿Están concientes de las implicaciones, sus señorías?
El conflicto de enero, es mayor y está cantado.