Raúl Trejo Delarbre
La Crónica
25/11/2019
«El INE es la espina dorsal de la democracia mexicana” ha explicado, sin exageración alguna, Enrique Krauze. Muchos mexicanos no recuerdan, y algunos políticos no quieren recordar, que durante casi todo el siglo XX no tuvimos elecciones limpias. En cada votación, con algunas excepciones, ganaba el mismo partido. Las trampas para justificar esas elecciones eran tan consuetudinarias que se volvieron parte de la (in) cultura política mexicana. Adulteración del sufragio, acarreos e intimidaciones, cuando hacía falta impúdicos robos de urnas, eran parte de una indeseable e indignante normalidad mexicana.
En sucesivas y siempre épicas ocasiones, distintos movimientos cívicos desafiaron esa antidemocracia que les regateaba a los ciudadanos el derecho de elegir a sus gobernantes y representantes. El Movimiento Henriquista en 1952, la perseverante insistencia democrática del Partido Acción Nacional desde los años 40 y con singular eco a partir de los 80, la participación electoral de las izquierdas incluso cuando no tenían registro electoral (con las candidaturas de Ramón Danzós Palomino en 1964 y Valentín Campa en 1976), los documentados reclamos contra el fraude electoral en Chihuahua en 1982, las reformas políticas a partir de 1977, son algunos momentos destacados en un trayecto colmado de sobresaltos y que desembocó en las reglas que desde hace dos décadas aseguran que en las elecciones se exprese la decisión de los ciudadanos.
La institución a cargo de las elecciones es resultado de esa historia. El IFE antes, y desde 2014, INE, han hecho posible que los votos cuenten, y sean contados. Ese derecho elemental ha tenido que ser reglamentado y asegurado con una numerosa colección de requisitos, desde la elaboración de credenciales para votar (que se convirtieron en el documento de identidad de los mexicanos) elaboradas con sofisticados candados para evitar su adulteración, un padrón electoral actualizado, tiempos de radiodifusión gratuitos para las campañas y la fiscalización de esos espacios así como la supervisión sobre las finanzas de los partidos, hasta la selección y capacitación de los ciudadanos a cargo de las casillas electorales (que en la elección de 2018 fueron casi un millón de personas) y la compleja operación para contar y registrar los votos. Se trata de un proceso tan complicado y arduo que resulta casi imposible que transcurra sin errores pero la autoridad electoral lo ha conducido con extraordinarios índices de eficiencia.
La clave de ese éxito se encuentra en el respeto y el reconocimiento que la institución electoral ha tenido dentro del sistema político mexicano. Esos atributos se traducen en dos garantías. En primer lugar, en su independencia. Tras décadas de simulación, cuando las elecciones eran organizadas por el gobierno, el IFE logró en 1996 su completa autonomía y funciona como organismo del Estado completamente desligado del gobierno. La otra garantía, que le da sentido al funcionamiento autónomo, es la disponibilidad de recursos suficientes para que el organismo electoral cumpla sus numerosas obligaciones. Esas tareas han sido constantemente incrementadas. Desde hace cinco años el INE, además de los procesos electorales, participa en la organización de elecciones locales.
Como ha escrito José Woldenberg, “sabemos que no hay democracia sin elecciones, aunque no basta con que existan elecciones para poder hablar de democracia” (En defensa de la democracia, Cal y arena, 2019). Las elecciones no resuelven todos los problemas de nuestra sociedad pero son el punto de partida indispensable. Ciro Murayama, en otro libro esencial, ha explicado: “Las elecciones y la democracia siguen siendo ese gran invento de la humanidad, único y siempre frágil, para permitir que la disputa por el poder no se dé con violencia ni con saldos de sangre” (La democracia a prueba, Cal y arena, 2019).
Sabíamos que las elecciones están sujetas a tantas vicisitudes que tienen una vulnerabilidad intrínseca. Por eso creamos una institución electoral sólida. Lo que no imaginamos, al menos hasta hace poco tiempo, es que la estabilidad y la consistencia de esa institución podían estar en riesgo y menos aún que serían amenazadas por el gobierno y la fuerza política que ganaron la elección del año pasado.
Andrés Manuel López Obrador no sería presidente y Morena no tendría mayoría en el Congreso si no fuera por el trabajo del Instituto Nacional Electoral, que hizo posible que se cumpliera y respetara la decisión de quienes votaron por ellos. El ahora presidente y los miembros de su partido han sido beneficiarios del desempeño transparente y meticuloso del INE.
Sin embargo, en otra de sus inquietantes actitudes, resultado de una mezcla de confusión, autoritarismo e ignorancia, el presidente López Obrador está empeñado en acabar con el INE como ahora lo conocemos. Le incomoda la independencia de ese organismo autónomo, que ha ofrecido amplias muestras de que bajo la conducción de los actuales consejeros que lo encabezan no se subordina a ninguna fuerza política.
Al gobierno le estorban los contrapesos y por eso arrasó con la independencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En la aversión al INE influyen otras consideraciones
Conforme avanza el calendario y a la sociedad le resulta evidente que el gobierno no cumplirá las promesas de bienestar y renovación que convencieron a muchos mexicanos con ganas de creer, el respaldo al presidente sigue menguando. López Obrador y Morena no tienen la certeza de ganar las elecciones de 2021 y por eso quieren una autoridad electoral dispuesta a ser manejada desde el gobierno. Ya el año pasado, cuando el INE investigó con ejemplar precisión la trama montada por Morena para crear un fideicomiso irregular, al ahora presidente le exasperó el desempeño autónomo de esa autoridad.
La acometida del gobierno contra el INE se despliega en tres frentes. Antes que nada, ha reducido el presupuesto. Los diputados de Morena, por instrucciones de López Obrador, aprobaron una disminución de 1072 millones de pesos para la operación del INE. Se trata de un recorte del 8.6% Esa reducción no afecta el dinero que recibirán los partidos políticos, que en 2021 ascenderá a más de 5200 millones de pesos. De esa cantidad, a Morena le corresponden 1717 mdp.
El partido en el gobierno, al mismo tiempo que conserva dicho subsidio federal, presentó una iniciativa de reforma constitucional para reducir la vigencia del encargo del presidente del INE. Si esa propuesta fuese aprobada, Lorenzo Córdova tendría que dejar esa presidencia dentro de algunos meses y no en 2023, que es el plazo para el que fue designado. Algunos directivos de Morena aseguran que no es una propuesta formal de ese partido pero ha sido suscrita por al menos 140 legisladores de ese y otros grupos parlamentarios.
Por otra parte, López Obrador y sus voceros envenenan la discusión pública con acusaciones contra la autoridad electoral que desplazan el examen de las funciones sustantivas del INE. Ofrecen datos en ocasiones abultados sobre las remuneraciones de los directivos del Instituto pero, además, soslayan el derecho que tiene un organismo autónomo para determinar los sueldos de quienes trabajan allí.
Al emplear el presupuesto para debilitar y amagar a la autoridad electoral, el presidente confirma la pobre y desacertada concepción que tiene de la democracia. Ante el que calificó como “el mayor recorte en la historia del organismo electoral”, el INE reaccionó con responsabilidad pero de manera insuficiente. Cuando el presidente de ese Instituto anuncia que no transferirán “a la ciudadanía los costos de una decisión tomada por la Cámara de Diputados. No se afectará la expedición de la credencial para votar, ni la calidad de las elecciones”, el mensaje que deja sugiere que la reducción no es tan relevante y no es así.
El mismo INE había dicho poco antes que, con un recorte como el ahora aprobado, “podría entrar en una zona de riesgo” en la organización de las elecciones de 2021 —que deben ser preparadas desde el año próximo—. Los alcances de ese riesgo, y de los ataques a la autoridad electoral, tienen que ser explicados y denunciados con toda puntualidad. Al señalar que el INE es la espina dorsal de nuestra democracia, Enrique Krauze añade: “Quebrarlo es quebrarla”. De eso se trata.