Jacqueline Peschard
La Crónica
07/07/2021
El hiperpresidencialismo de hoy no es como el de la época del PRI hegemónico, cuando no había competencia política, ni partidos de oposición con posibilidad de ganar elecciones. Tampoco había espacios de libertad de prensa, ni una sociedad civil y una opinión pública activas, o instituciones orientadas a la defensa de derechos humanos y todas esas expresiones de pluralidad y de contrapeso son quizás las que hacen que el hiperpresidencialismo actual sea más grotesco que el de antaño.
De hecho, mientras que el anterior se fincaba en una suerte de consenso pasivo, o de conformidad con el estado de cosas, ante la ausencia de derechos y libertades, a cambio de paz social y de continuidad institucional, el de ahora parece enfrascado en el desmantelamiento de toda aquella institución o grupo social que se oponga a la concentración del poder.
El de hoy comparte con el antiguo el afán por concentrar facultades en el titular del Ejecutivo, en detrimento de los otros poderes, de los organismos autónomos, erigidos al calor de las reformas constitucionales de los últimos treinta años y, desde luego, de lo ganado por la sociedad civil en términos de incidencia en los asuntos públicos. Y esta pulsión por absorber cada vez más poder se percibe día a día y desde diferentes ámbitos de la vida pública.
La manipulación presidencial de la consulta popular es quizá el mejor ejemplo de la manera cómo opera el hiperpresidencialismo, hoy. Al recurrir a dicha figura de democracia directa y participativa, desde el inicio de su gobierno, primero de manera informal, sin apegarse a las normas establecidas en ley, ni garantizar al menos condiciones para evitar dobles votaciones o votos de personas sin derecho a hacerlo, o para cubrir cierta cantidad de votos para hacer obligatoria la decisión de los ciudadanos, la consulta popular se coronó como un instrumento de legitimación social de las determinaciones del gobierno.
La consulta popular del próximo 1º de agosto, convocada por el presidente López Obrador y aprobada por la mayoría de ambas Cámaras del Congreso, debido a que Morena no logró juntar el 2% de las firmas de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, para activarla desde la sociedad, por primera vez se ha ceñido a la Constitución y a la Ley Federal de Consulta Popular.
Sin embargo, el dilema que plantea la abigarrada pregunta que se someterá a consideración de los ciudadanos no es si se está a favor o en contra de que se esclarezca la conducta de los actores del pasado que violaron la ley, a fin de reparar el daño a las víctimas, sino si se va a acudir a las mesas de consulta, avalando con ello la pretensión movilizadora de la Presidencia.
De hecho, lo absurdo de la pregunta no deja espacio racional para la negativa, lo cual despojó a la consulta de su potencial para ser expresión de un derecho ciudadano, como señala el artículo 35 constitucional, o para ser una fórmula de participación ciudadana para decidir sobre asuntos de interés público.
El INE habrá de desplegar una campaña pedagógica que seguramente se orientará a explicar el significado de la pregunta de la consulta y parece claro que ganará el voto a favor del “juicio a los ex presidentes”, la interrogante está en si acudirá a votar el 40% de los electores para que un resultado incierto en su traducción práctica sea vinculatorio para las autoridades competentes.
El abuso de la figura de la consulta popular es, sin duda, uno de los rasgos distintivos del hiperpresidencialismo, hoy.