Mauricio Merino
El Universal
22/07/2015
Hace apenas unos días, un numeroso grupo de personas y organizaciones publicaron un comunicado en el que expresan su preocupación por dos decisiones tomadas en el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Una se refiere a la reserva de la averiguación previa abierta en contra de los ocho elementos militares involucrados en los sucesos de Tlatlaya, “sin considerar que esta información está relacionada con hechos que han sido declarados por la CNDH como violaciones graves a derechos humanos”. La otra, a la reserva de información sobre el origen y destino de las bitácoras de viaje de las aeronaves de la Conagua, “las cuales hacen referencia al caso de David Korenfeld, quien fue sancionado previamente por la Secretaría de la Función Pública por el uso indebido de un helicóptero oficial”.
“En el primer caso —dice ese comunicado— la argumentación para determinar la reserva de la información fue que el expediente abierto en la jurisdicción militar perseguía —únicamente— los delitos de este orden, mas no los relacionados con violaciones graves a derechos humanos. Es importante destacar que la Sedena nunca permitió el acceso al expediente y a pesar de ésto (cuatro) comisionados decidieron reservar. En el segundo caso, (los mismos comisionados) consideraron que la información contenida en las bitácoras hasta el mes de abril de 2015 podría generar patrones de vuelo, lo que a su vez generaría una afectación a la seguridad nacional, además de poner en peligro a los funcionarios que viajan en los mismos”.
Tras revisar los documentos que respaldan ambas decisiones, coincido con la interpretación de quienes suscribieron el comunicado: los comisionados Kurczyn, Monterrey y Puente —con el voto particular de Acuña—, tropezaron con la misma piedra que acabó minando la autoridad moral del viejo IFAI y quebrando su labor de grupo: rendirse ante los argumentos retorcidos de quienes se niegan a entregar información fundamental para la vida pública de México y sentar un precedente que, de seguirse en adelante, sometería el principio de máxima publicidad a los partidarios del secreto. No quisieron confrontar a la Sedena y tampoco quisieron revelar las fechas, las horas, los orígenes ni los destinos de los vuelos realizados por los helicópteros de la Conagua que, al menos una vez, fueron claramente usados para fines privados.
Por la trascendencia de sus decisiones y su impacto en la ética pública de México, hay instituciones que están llamadas a convertirse en emblemáticas (para bien o para mal), y el INAI no sólo es una de ellas, sino que es una de las principales: nació de la batalla por la transparencia y por la rendición de cuentas y su actuación constituye una puerta de entrada ineludible para combatir la corrupción. Si se rindiera ante los alegatos que prefieren seguir echando velos de opacidad sobre las decisiones oficiales, no sólo acabaría perdiendo su razón de ser sino que podría convertirse en algo peor: en una agencia de legitimación legalizada en contra del derecho a saber.
Las y los comisionados que hoy encarnan el pleno del INAI fueron designados por un procedimiento abierto e inédito en el Senado. Son actores poderosos del nuevo sistema político de nuestro siglo y seguramente están sujetos a toda clase de presiones, seducciones, amenazas y promesas. Pero no habrá nada que pueda protegerlos mejor de los riesgos y las tentaciones que querrán oponerse a su labor que su propia convicción de convertirse en una referencia obligada de las mejores prácticas democráticas de México (y del mundo).
Importa mucho el esfuerzo que se dedica al diseño de una institución pero, al final del día, éstas prosperan o se hunden con la voluntad de quienes las integran. Tenemos las más elevadas expectativas puestas en ese grupo que encarna la cabeza del Sistema Nacional de Transparencia. Pero el movimiento se demuestra andando.