Raúl Trejo Delarbre
La Crónica
23/03/2015
Un reloj digital marca con desesperante persistencia los días, horas y hasta segundos que faltan para la jornada electoral del 7 de junio. Hoy lunes estamos a 75 días de las elecciones. La precisión de ese recordatorio en el sitio del INE (www.ine.mx) es distintiva de la preparación meticulosa que se requiere para que tengamos elecciones organizadas y confiables.
Se trata, como afirman las autoridades de ese organismo, del proceso electoral más complejo de nuestra historia democrática. Ahora, además de 500 diputados federales, serán elegidos legisladores locales y ayuntamientos en 16 estados y gobernadores en nueve de ellos. Son 2 mil 159 posiciones de elección, tanto locales como federales. Se estima que habrá más de 16 mil candidatos a esos cargos.
Todas esas elecciones ahora son organizadas por la autoridad nacional, el INE. Y cada una de las campañas de esos candidatos deberá ser auditada de manera constante por esa misma autoridad. Cada gasto, cada factura, cada ingreso, debe ser notificado en el sistema informático diseñado por especialistas de la UNAM y el INE.
El Instituto Nacional Electoral, como sabemos, también tiene a su cargo la administración de los tiempos estatales que les permiten a las campañas ocupar 48 minutos diarios en cada estación de radio y televisión. El INE monitorea, durante 18 horas diarias, mil 647 señales abiertas y 74 de televisión restringida para supervisar que sean transmitidos los spots de los partidos y de promoción electoral.
Además, serán grabados los contenidos de 503 noticieros de televisión y radio, para que un grupo de especialistas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM clasifique cuánto tiempo destinan esos programas a cada partido y si las menciones que hacen son positivas o negativas, entre otros indicadores.
El trabajo que se expresa en esas cifras tendría que resultar asombroso por la minuciosidad que requiere la organización de nuestras elecciones. Pero a estas alturas de la transición política mexicana, las tareas de la autoridad electoral (ahora INE, hasta hace poco IFE) han sido tan razonablemente cumplidas que no suscitan admiración: forman parte de una regularidad que no es vistosa porque no resulta novedosa.
La preparación de las elecciones pasa desapercibida, además, porque se diluye en la catarata de acontecimientos inquietantes que dominan el escenario público. Si acaso, los hechos que rompen la rutina electoral son los que interesan en los medios: las dificultades que pudiera haber para que las elecciones se realicen en zonas conflictivas, como algunos distritos en Guerrero, y por otra parte, las desavenencias entre partidos y/o entre consejeros electorales, que han sobresaltado a la mesa del consejo general del INE.
José Woldenberg insistió desde hace tiempo en que la autoridad electoral ideal, es aquella que pasa desapercibida porque su desempeño no deja insuficiencias ni malestares notorios: igual que los árbitros en el futbol. Algo así, en parte, ha ocurrido con el entramado profesional que hace posibles los aprestos y la fiscalización de las elecciones. Será mejor que tales preparativos no sean noticia destacada, aunque conviene no olvidar la magnitud de esa tarea.
Tenemos 83.5 millones de ciudadanos con credencial de elector (exactamente 83 568 273), se proyecta la instalación de 152 mil casillas (9 mil más que en la elección federal de hace tres años) y para integrar las mesas de cada una de ellas han sido seleccionados, por sorteo, 10 millones y medio de ciudadanos. Más de 40 mil funcionarios electorales han visitado, hasta ahora, los domicilios de casi 10 millones. De ellos, más de 2 millones han aceptado acudir a los cursos de capacitación. De esos ciudadanos serán escogidos más de un millón 200 mil para que conformen las mesas de casillas.
Los riesgos para las elecciones de junio provienen sobre todo de circunstancias ajenas a ese entramado organizativo. La violencia en algunos sitios, la intolerancia en otros, pueden dificultar las campañas e incluso la jornada electoral. Si hubiera contratiempos, será pertinente evaluarlos en el contexto del escenario nacional que conforman esas 152 mil casillas.
La mayoría de los mexicanos, el 56%, aprueba la labor de la autoridad electoral. Eso indica la encuesta GEA-ISA levantada hace dos semanas. El 49% de los ciudadanos considera que el INE garantiza imparcialidad en las elecciones. Pero el 31% cree que no. Así que no serán pocos los esfuerzos para afianzar la certeza en las elecciones como eje de la democracia.
La dificultad mayor está en los partidos y su creciente incapacidad para suscitar confianza entre los ciudadanos. Tendremos que admitir que, ni modo, con esos partidos hay que votar: a pesar de ellos, o incluso en contra de ellos.
En noviembre de 2014, el 31 % de los ciudadanos estaba seguro de ir a votar en las elecciones de junio próximo. Ahora, en marzo, el 49 % manifiesta esa certeza. De quienes dicen que votarán el 7% anuncia, desde ahora, que anulará su voto.
ALACENA: Universidad Obrera
En febrero próximo la Universidad Obrera de México cumplirá 80 años de trabajo ininterrumpido… si el gobierno federal la deja subsistir. Creada en 1936 por Vicente Lombardo Toledano, ha sido centro de capacitación en temas sindicales y de formación de trabajadores en todos los niveles educativos.
El edificio en donde se encuentra, desde 1964, le fue entregado en usufructo por el presidente Adolfo López Mateos y está ubicado en el centro de una zona populosa y difícil del Centro Histórico, a tres calles del Zócalo, frente a la Plaza Loreto. Allí, esa institución es un polo de quehacer cultural cuya utilidad es confirmada por millares de jóvenes que acuden a sus muy variados cursos.
En los meses recientes la SEP ha regateado el presupuesto que desde hace décadas el gobierno federal entrega a la UOM. Los subterfugios burocráticos que esgrimen funcionarios de esa Secretaría no deberían ser más importantes que el compromiso del Estado con una institución comprometida, precisamente, con la educación pública.