José Woldenberg
Reforma
20/04/2017
Leo en Reforma: en la Secretaría del Trabajo se encuentran registradas 3 mil 262 organizaciones: 2,699 sindicatos, 519 federaciones y 44 confederaciones. Solo el 9 por ciento de los trabajadores está afiliado en algún sindicato (18-IV-17). Sé que la noticia pasará desapercibida, que no merecerá mayores comentarios. Ello es reflejo de la pérdida de centralidad de los sindicatos y en consecuencia de la escasa importancia que en el debate público tienen los asuntos relacionados con el mundo del trabajo. ¿Por qué sucede esto si millones de mexicanos habitan ese mundo?
Los datos oficiales nos dicen que 91 trabajadores de cada 100 no se encuentran organizados, es decir, carecen del instrumento capaz de defender de manera colectiva sus intereses y de colocar en alguna mesa de negociación sus necesidades. Uno a uno «tienen que rascarse con sus propias uñas» porque su falta de organización les impide ejercer a plenitud los derechos «consagrados» en la Constitución y la Ley Federal del Trabajo. A cien años de una Carta Magna que garantiza el derecho a la sindicalización y la contratación colectiva, solo 9 de cada cien trabajadores ejercen -en teoría- el primer derecho e imagino que un porcentaje aún menor el segundo. Esto último merece una explicación.
Repito: solo 9 de cada 100 se encuentran nominalmente sindicalizados. Y escribo «nominalmente» porque se sabe que un buen porcentaje de ellos forman parte de «sindicatos» cuya misión es vender protección a las empresas, estableciendo contratos colectivos registrados ante las autoridades, sin el conocimiento de los trabajadores. Otro porcentaje de los afiliados forman parte de muy pequeños sindicatos de empresa cuyo peso relativo es más bien escaso y su poder de negociación exiguo. Y otro porcentaje forma filas en agrupaciones en las cuales las rutinas de la participación han sido desterradas y pequeñas camarillas «representan» a los trabajadores sin su consentimiento. Ahí se encuentra una de las claves para comprender por qué el peso político de las agrupaciones obreras es tan precario.
Recuerdo, no sin cierta nostalgia, cómo hace más de cuarenta años la Tendencia Democrática de los Electricistas encabezada por Don Rafael Galván planteaba la necesidad de reestructurar al sindicalismo para que la voz de los trabajadores fuera escuchada. Era menester organizar a los desorganizados, liquidar los contratos de protección, restablecer o fundar fórmulas de participación democráticas para encauzar las iniciativas y las energías de los trabajadores e integrar grandes sindicatos nacionales de industria para salirle al paso a la atomización organizacional y multiplicar el peso relativo del universo de los asalariados. Todo ello como base para confeccionar una política independiente capaz de colocar en el espacio público y en los circuitos de toma de decisiones los intereses, necesidades y reivindicaciones de los trabajadores.
El ánimo de venganza y la represión contra los electricistas clausuró esa posibilidad. Pero otros dos fenómenos han acabado por sellar la parálisis del sindicalismo. El crecimiento expansivo del trabajo informal -muy por encima del incremento del trabajo formal- hace que vivir en el mundo de la formalidad (con salario seguro, ISSSTE o Seguro Social, días de descanso, vacaciones, horarios preestablecidos, prestaciones, etcétera) sea visto como casi un «privilegio», lo que al parecer tiende a atrofiar los resortes participativos de quienes son beneficiarios de esa circunstancia. Es el entorno de precariedad laboral el que convierte al trabajo formal en un logro que hay que defender, porque millones ya quisieran gozar de sus beneficios.
Y si a ello le sumamos la falta de elaboración y planteamientos que emergen del mundo del trabajo el círculo se cierra. Se trata de un efecto y una causa -de un círculo vicioso-: la precariedad organizativa y el crecimiento del trabajo informal dificultan la presencia de los sindicatos en el debate nacional y su falta de planteamientos e iniciativas en la discusión pública hacen muy difícil remontar sus propias carencias. ¿Será ello parte de la explicación de por qué la agenda liberal-democrática (necesaria y pertinente) está en el centro del debate público mientras los temas del salario, el empleo, las condiciones laborales se encuentran ausentes?