Raúl Trejo Delarbre
La Crónica
23/08/2021
Desencajado e iracundo, el presidente López Obrador miente, calumnia y confunde todos los días. Desesperado, porque a pesar de la burbuja de autocomplacencias que lo envuelve advierte que el país va de peor en peor, riñe incluso con los suyos. La conferencia matutina es un desfile de rabietas y hostilidades que dan cuenta de la incapacidad del presidente para reconocer la realidad. No mira al país ni al mundo, sino a las ideologizadas construcciones con las que reemplaza a los hechos. No hace política (es decir, no admite concepciones distintas a las suyas para dialogar con ellas) sino pataletas. El país paga las consecuencias de esa persistente negación de la realidad.
El presidente decidió que las escuelas tienen que reabrir de inmediato. Es necesario volver a las aulas pero estamos en uno de los peores momentos de la pandemia. En vez de reiniciar clases con las mejores medidas posibles, se obedece a un ukase sin modalidades ni mediaciones. El retorno podría haberse demorado un par de semanas, para que amaine la actual borrasca epidémica, pero la terquedad presidencial se ancló en el 30 de agosto.
No hay una evaluación seria sobre la situación de las escuelas ni medidas para ventilar salones, medir la calidad del aire o hacer pruebas de Covid. Alumnos y profesores van a una aventura tan riesgosa que la SEP, admitiendo así la ausencia de condiciones de seguridad, solicitó la autorización escrita de los padres de familia que envíen a sus niños a las escuelas. Aquella carta fue mencionada delante suyo en Palacio Nacional, pero después el presidente dijo que no existía. Al negar ese documento desautorizó a su secretaria de Educación, Delfina Gómez.
La cólera presidencial afectó más tarde al subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, quien explicó por qué sería ilegal pagar deuda externa, como quiere el presidente, con recursos que el Fondo Monetario Internacional transferirá a México. Se trata de un monto equivalente a 12 mil millones de dólares. Esos activos se encuentran en Derechos Especiales de Giro, la unidad que emplea el FMI para preservar reservas financieras.
La Ley del Banco de México establece que tales recursos deben formar parte de las reservas del país. No se pueden emplear para gastos del gobierno, ni para pagar deuda. Pero al presidente no le interesan la ley, ni la autonomía del Banco de México. Arrinconado por esas circunstancias, llamó “ultratecnócrata” a Esquivel. Es un adjetivo irreflexivo e injusto, porque las posturas del subgobernador son distintas a las de economistas ortodoxos y neoliberales. Esquivel se limitó a responder que la deliberación pública es parte de la democracia, pero rehuyó la discusión con el presidente.
La tremolina alrededor de la agregaduría de cultura en nuestra embajada en España ha sido otra expresión de caprichos que van de la arbitrariedad, al desgarriate. Mientras más explicaciones ofreció la Secretaría de Relaciones Exteriores, más claro resultó que la destitución del escritor Jorge F. Hernández se debió a sus agudas opiniones sobre la desdichada equiparación que el director de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga, hizo de la lectura por placer con el consumo capitalista.
La designación de la escritora Brenda Lozano para el cargo vacante en Madrid, disgustó a un grupo de fundamentalistas de Morena porque esa autora ha cuestionado la política del gobierno en asuntos de género. El presidente cedió a esos reproches y dijo, entremezclando la demagogia con la cultura, que la agregaduría debe ser ocupada por una poeta indígena.
Mientras Lozano se afanaba por aclarar que no está en contra del gobierno y que votó tres veces por López Obrador, ha resultado evidente que en la administración pública no hay espacio para las opiniones críticas. El presidente y quienes le rodean esperan que la sumisión y el incienso definan el comportamiento de los funcionarios públicos, incluyendo a los creadores culturales.
Episodios como los anteriores son parte de la tragicomedia, colmada de intolerancias, que escenifican el presidente y sus funcionarios. Lo auténticamente ominoso se encuentra en el costo de sus incompetencias (salud, educación, pobreza, violencia) y en la persecución contra adversarios suyos.
Ricardo Anaya se va del país porque, según dice, el presidente lo quiere encarcelar a partir de acusaciones falsas. En 2018 el entonces candidato presidencial del PAN y el PRD sufrió una ilegal persecución judicial. Más tarde se demostró que no había evidencias en su contra (se le culpaba por lavado de dinero) pero para entonces esas acusaciones, ordenadas o permitidas por el presidente Peña Nieto, habían influido en la campaña electoral.
La reciente denuncia de Anaya no puede ser desestimada, ni soslayada con frivolidades. El actual gobierno, igual que el anterior, emplea recursos judiciales con propósitos políticos. Algunas versiones indican que al ex candidato se le investiga por enriquecimiento ilícito. Él dice que probará que no es cierto. Pero son las autoridades judiciales las que tendrían que acreditar esa presunta culpabilidad. La inocencia no tiene por qué ser demostrada.
El presidente pelea todos los días con quienes no le dispensan una adhesión incondicional. Las imposturas con las que quiere sustituir a la realidad no disimulan, y menos resuelven, los problemas que su gobierno deja de atender. Ningún gobierno, tarde o temprano, puede sustentarse en mentiras. Pero pasar de los embustes a la persecución judicial es un gravísimo salto al vacío e indica, también, los riesgos a los que puede conducir la exasperación del presidente.