Jacqueline Peschard
La Crónica
28/07/2021
A la memoria de Fernando Zertuche Muñoz
Si algo ha caracterizado al PVEM a lo largo de sus más de treinta años de vida -fue fundado en 1986- es que reiteradamente ha violado la legislación electoral, a la par que ha logrado quedar arropado por el partido en el poder, independientemente de su signo ideológico. Fue aliado del PAN en las elecciones de la alternancia del 2000 y después lo fue del PRI en las de 2012, para, después del 2018, sumarse a Morena, en su calidad de nuevo partido gobernante.
Ni las elevadas sanciones económicas que ha recibido por violar en repetidas ocasiones la ley, ni la reprobación social que le ha valido su fama de parásito, han servido para inhibir sus acciones ilegales. Tampoco se han traducido en la pérdida del nicho electoral del que goza y que oscila entre el 4 y el 5% de la votación y que le ha permitido ofrecerse como aliado del partido gobernante.
El PVEM ni es verde, ni es ecologista y por ello no forma parte de la comunidad internacional de los partidos verdes, pero ostenta la marca y en un mar de desprestigio de los partidos políticos, lo ha dotado de un respaldo suficiente para ofrecerse al mejor postor.
Su actuación en las pasadas elecciones del 6 de junio no fue la excepción. En plena veda electoral, la víspera de la jornada comicial, 104 influencers utilizaron sus marcas comerciales en las redes sociales para promover el voto a favor del PVEM, con lo que el partido violó la legislación por doble vía: por no reportar el gasto por el pago de dichos “vendedores de audiencia” en las redes sociales y por haber hecho campaña en un periodo prohibido por la ley y el reglamento de elecciones.
Los principales dirigentes del PVEM argumentaron no haber participado en la organización del ejército de influencers, ya que éstos habían actuado espontáneamente y por decisión propia, ejerciendo su libertad de expresión, con todo y que 3 de ellos reconocieron haber recibido dinero del PVEM a cambio de los promocionales.
El titánico trabajo de fiscalización del INE logró identificar lo evidente; que existía un guión preestablecido, con lo cual se acreditó fehacientemente la trampa del Verde, calificándola de falta grave. Al calcular que el gasto en los influencers había ascendido a 20 millones de pesos, el INE impuso una multa de 40 millones y por lo recurrente de su conducta ilegal, lo dejó sin spots en radio y televisión durante un año.
El presidente López Obrador ha salido en defensa del PVEM y también de Samuel García, el gobernador electo de Nuevo León que fue igualmente sancionado por la participación, en su campaña política, de su esposa que es una influencer, registrada como marca comercial. Pero, la defensa presidencial se ha debido más que a argumentos a favor de la libertad de expresión, a que la sanción la impuso el INE, uno de sus villanos favoritos, más que por ser un organismo constitucionalmente autónomo, por comportarse como autónomo.
Una vez más, al igual que en 2009 y 2015, un grupo de ciudadanos ha demandado que la autoridad administrativa sancione al PVEM con la pérdida del registro, dada su sistemática violación a la ley electoral. A esta demanda se sumaron el PAN y el PRD, pero no fue aprobada en el Consejo General del INE, en buena medida porque por principio, y esa es mi opinión, son los electores quienes deben de decidir si debe expulsarse a un partido político de la participación institucional. Pero, ¿hasta cuándo seguiremos manteniendo a un partido parásito?