Ricardo Becerra
La Crónica
04/05/2021
Se trata de nueve instituciones consumadamente despreciadas. La hostilidad hacia ellas no es una sorpresa, ni por su profundidad ni porque las abraza a todas (aunque el encono se destila especialmente contra el Instituto Nacional Electoral, INE). Y si bien, a estas alturas, los grados importan poco, junto al INE, los blancos mas recurridos del descontento presidencial, en la última semana, fueron el Tribunal Electoral (que pertenece al poder judicial) y el Instituto Nacional de Acceso a la Información.
Pero precisemos la furia. Cuando el presidente o cualquier otro en México habla de “instituciones autónomas”, se refieren al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) ubicado en el artículo 26 constitucional; al Banco de México (Banxico), al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) y a la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), todos ellos radicados en el artículo 28; a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a la Fiscalía General de la República (FGR) cuya existencia se deben al artículo 102 de la constitución. El INAI tiene vida en el artículo sexto y el INE en el artículo 41.
Su anunciada desaparición ha sido una constante, desde el inicio del sexenio. Arreció especialmente a principio de este año contra el IFETEL y contra el INAI y alcanzó una cima la semana pasada porque el Tribunal se alzó como lo que es (un juez constitucional de última instancia, en contra de los intereses del partido del presidente) y el INAI controvirtió la existencia del padrón de datos biométricos que se quiere edificar con los datos personales de los usuarios de telefonía móvil en México.
Durante tres días consecutivos el presidente vilipendió como pudo a esos organismos y por fin el viernes, sentenció: “Preparamos una reforma administrativa para ajustar al gobierno a las nuevas circunstancias; que no tengamos toda esa dispersión, todos estos organismos autónomos. La mayoría no hacen nada, sólo cuando se trata de de defender intereses creados y ganan muchísimo”.
Como enseña la muy reciente historia de la desaparición de los fideicomisos públicos esto no es un globo sonda que busca simplemente distraer la atención y tampoco es una ofuscación por una muy mala semana. Todo lo contrario: estamos ante una definición cardinal de este gobierno.
La mayoría de los observadores han atinado a suponer que estamos ante el fruto maduro de la voluntad ultrapresidencial, concentradora y centralista. Y tienen razón.
Pero si se miran con más cuidado, los dichos y concepciones expresados recurrentemente por López Obrador revelan una decisión de mayor espesura, una reescritura de la historia reciente, una idea fosilizada del Estado, una obsesión por la reducción del gobierno, un desprecio por el funcionariado, por los especialistas y una noción primaria de la democracia y el ejercicio del gobierno.
De ese modo, existen al menos cinco componentes que alimentan la aversión, o mejor, la animadversión contra los organismos autónomos del país, pues ellos no encajan en la mitología del poder (aquí no había democracia antes del 2018). Los órganos autónomos están fuera de una idea del Estado, que se concibe con sencillez dieciochesca (solo son concebibles los tres poderes heredados por el buen Montesquieu -el ejecutivo, el legislativo y el judicial). Los autónomos, son órganos especializados, por definición “desleales” al gobierno en turno. Representan una afrenta contra la dogmática de la austeridad y -según el presidente- las instituciones que valen la pena, son aquellas que forman parte de la constelación que enaltece, que dibujan el acompañamiento diario a la magna obra del señor Presidente.
En ese coctel, autonomía e independencia frente al ejecutivo son, en realidad un contrasentido inaceptable.
Como se ve, estamos ante un pensamiento que no por simple, es menos exuberante. Las razones de la hostilidad contra las instituciones autónomas radica allí, pero seguro existen otras. Quiero decir con ello, que no estamos ante una impostura táctica, sino frente a una doctrina tan coherente como atávica.
¿Quieren explicarse porqué la radical animadversión contra los autónomos? Por todo eso.