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El debate público

El Rey del Cash, hallazgos y deudas

Raúl Trejo Delarbre

La Crónica

17/10/2022

A pesar de sus insuficiencias, El Rey del Cash golpea en el centro del mito obradorista. Ni honestidad, ni valentía: las campañas del hoy presidente de la República no fueron financiadas por el pueblo sino con recursos públicos sustraídos a gobiernos estatales y municipales, así como a trabajadores de esas administraciones forzados a entregar cuotas para demostrar con ellas su compromiso político. Andrés Manuel López Obrador y docenas de sus colaboradores vivieron durante años con salarios obtenidos mediante esas contribuciones obligatorias, entregadas siempre en efectivo.

La versión de Elena Chávez resulta verosímil en primer lugar porque estuvo, durante años, en la primera línea del círculo obradorista. Se trata de un testimonio personal, que carece de documentos probatorios. La trama de acopio financiero que relata es, al mismo tiempo, la coartada del libro para esa ausencia de respaldo documental. De acuerdo con esa versión, López Obrador articuló una red de fidelidades y complicidades que incluía la entrega de dinero que podía alcanzar sumas enormes pero, siempre, sin registros formales. No había recibos de ese dinero. Gobernadores y presidentes municipales, así como legisladores y aspirantes a ocupar cargos públicos, entregaban cuotas de acuerdo con la relevancia de sus posiciones o ambiciones. Tales aportaciones no las recibía López Obrador sino algunos de sus colaboradores cercanos.

El libro de Chávez le da sentido a numerosos episodios que hemos conocido en dos décadas de intenso protagonismo político de López Obrador. El dinero cuidadosamente empaquetado por René Bejarano; los sobres recaudados por dos hermanos del hoy presidente; los distinguidos obradoristas que se formaban una y otra vez en la fila de misma sucursal bancaria para hacer depósitos en una cuenta que era supuestamente para ayudar a damnificados del terremoto de 2017 y de la cual, después, salía dinero a nombre de candidatos y empleados de Morena; los descuentos en las nóminas de trabajadores de Texcoco: esos y otros manejos financieros irregulares o de plano ilegales, ensamblan en el modus operandi que describe El Rey del Cash. Así se explican los recursos de los que durante años vivieron López Obrador y sus allegados y el dinero para viajes, mitines y propaganda.

El enorme interés por el libro manifiesta las ganas de saber que, en este asunto, tiene un importante sector de la sociedad mexicana. López Obrador se ha negado a informar el origen del dinero que le permitió hacer proselitismo más allá de los periodos de campaña, cuando los partidos que lo respaldaron tenían derecho a recibir recursos públicos para esas tareas. El Rey del Cash responde a tal duda con la descripción, ciertamente tosca y sin detalles, de esa red de aportaciones.

El dato más preciso del libro, que pareciera reforzar la amplia descripción de Chávez, resulta ser, al mismo tiempo, una de sus debilidades mayores. La autora incluye tres entrevistas, una de ellas con Guadalupe Acosta Naranjo que fue secretario general del PRD en 2006, cuando López Obrador era candidato presidencial de ese partido. Hombre conocido por su talante conciliador, respetado dentro y fuera de la izquierda, Acosta conoció a López Obrador tan de cerca que puede decir que desde la derrota de 2006, el ahora presidente “se enfermó de odio, y todo el odio y resentimiento que hoy trae viene de aquel momento”.

López Obrador había creado una estructura paralela a la del PRD, en cuyos dirigentes no confiaba. Cuando Chávez le pregunta cuánto costó esa red, Acosta explica: “Calculo que debemos de haber gastado unos 120, 140 millones de pesos, porque el IFE nos dio 300 millones para la campaña. Agarré el cheque, lo firmé y se lo entregué, los 300 millones, entero. ‘No quiero que tengamos problemas de que no te dimos dinero’, le dije, ‘de que nos faltó el dinero’, porque yo ya le tenía cierta desconfianza”.

Allí podría encontrarse la revelación más precisa del libro. Sin embargo, resulta difícil creer que la autoridad electoral haya entregado a los partidos el dinero de las prerrogativas en cheques y no en transferencias bancarias y que ese documento bancario pudiera ser endosado por uno de los dirigentes del partido. Posiblemente Acosta Naranjo hizo una metáfora para narrar la entrega de ese dinero a López Obrador. En todo caso, a Chávez ese episodio le parece tan importante, como sustento de su relato, que lo menciona en tres ocasiones a lo largo del libro.

En 2006, además de los recursos públicos que recibió para actividades ordinarias, el Partido de la Revolución Democrática recibió 360 millones de pesos para sus campañas federales. No parece probable que López Obrador, o sus más cercanos, se hayan quedado con una parte de ese dinero. De hecho, como el mismo Acosta recuerda en la mencionada entrevista, el PRD tuvo que endeudarse para sufragar los gastos de publicidad de aquella campaña. En esos años los partidos no tenían tiempos gratuitos en radio y televisión. La Coalición que encabezó López Obrador gastó casi mil cien millones de pesos (no 140, como dice Chávez) de los cuales el 69% fue destinado a medios de comunicación. El PRD tuvo que entregar recibos por esos gastos, que fueron fiscalizados por la autoridad electoral.

El Rey del Cash es un título muy vendedor pero limita los alcances del libro. Quizá lo más relevante en el testimonio de Chávez es la descripción de la doble moral de López Obrador, reacio siempre a admitir errores y dispuesto a culpar de ellos incluso a quienes le han sido más fieles. El otro hallazgo en el libro es la descripción de las aportaciones obligatorias para funcionarios de los gobiernos de Morena, y antes el PRD, comenzando por el gobierno de la Ciudad de México.

La mejor manera de combatir el financiamiento ilegal para actividades políticas es la existencia una autoridad electoral independiente, con suficientes capacidades de fiscalización y sanción. Eso es lo que, hoy en día, López Obrador y su partido quieren debilitar. Si no tuvieran nada que ocultar, no desplegarían la animosidad que mantienen contra el INE.