Jacqueline Peschard
La Crónica
10/02/2021
Es un lugar común afirmar que el presidente López Obrador ha centrado su programa de gobierno en el combate a la corrupción. Sin embargo, cada vez es más evidente la contradicción entre el discurso y la práctica, pues tanto el gobierno, como el Senado han abandonado a su suerte al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que fue la gran apuesta, surgida en 2015, de un esquema de colaboración entre sociedad civil y gobierno, para armar un mecanismo eficiente para controlar la corrupción en nuestro país.
Hay distintas maneras de socavar a una institución para hacerla inoperante o irrelevante; la más directa es por la vía de despojarla de los recursos presupuestales suficientes para operar, pero también se le puede desaparecer, a través de una reforma legal que cancele sus funciones esenciales. Sin embargo, hay una fórmula más silenciosa y lenta, pero muy perversa de hacerlo, simplemente impidiendo que se renueve su cuerpo directivo, dejándola en la orfandad. Algo así está ocurriendo con el SNA.
El lunes pasado, Rosa Ma. Cruz Lesbros, presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) y, por ello mismo, presidenta del SNA en su conjunto, concluyó su periodo, pero el CPC que, por ley, debe de tener 5 miembros, ahora se quedará sólo con uno, porque el Senado no ha nombrado a los 9 integrantes del Comité de Selección que es el órgano encargado de designar a los integrantes del CPC. Pero, la omisión de los legisladores no es de ahora, ni puede atribuirse a la pandemia y la falta de sesiones presenciales, porque el incumplimiento se remonta a octubre de 2019, cuando el primer Comité de Selección terminó sus funciones. Justificaciones no han faltado -falta de quórum en las comisiones-, -sin acuerdos sobre sesiones virtuales- pero todas revelan el desinterés de los senadores, por decir lo menos. De hecho, hoy finalmente se han presentado a 8 candidatos, pero no se les ha tomado protesta. Lo que parece claro es que ni el partido del gobierno, ni los de oposición están interesados en sacar adelante al SNA, o si se quiere, podemos concluir que a todos los actores políticos les viene bien que éste muera por inanición.
Hay que recordar que el SNA fue una apuesta ambiciosa de colaboración entre instituciones de los tres poderes que tuvieran alguna competencia en el control de la corrupción, ya fuera por estar encargadas de detectar actos de corrupción, de investigarlos, de sancionarlos, y/o de restituir a los fondos públicos los recursos desviados. Las resistencias del poder para darle consistencia y fortaleza al SNA, fueron evidentes desde los primeros años, de ahí que se retrasara el nombramiento del Fiscal Especial Anticorrupción durante dos años y que no se completara hasta la fecha, el proceso de designación, por parte del presidente de la República y el Senado, de los magistrados especializados en corrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que son los encargados, ni más ni menos, que de sancionar las faltas administrativas graves.
López Obrador ha declarado que dichos magistrados no son necesarios y que es mejor ahorrarse los respectivos sueldos, aunque la figura esté prevista en la ley. Más grave aún es que, en respuesta a un amparo promovido por el propio CPC, la SCJN emitió una sentencia en 2020, instruyendo al Senado a concluir tal proceso de nombramiento, empero la Cámara Alta ha optado por desacatar flagrantemente la resolución del máximo tribunal del país.
El presidente López Obrador ha centrado sus baterías discursivas en el combate a la corrupción y no cabe duda que su capacidad de comunicar tal propósito a la población ha sido eficaz. El Indice de Percepción de la Corrupción que anualmente elabora Transparencia Internacional, mostró en 2020, que mejoró dicha percepción, ya que nuestro país avanzó dos puntos en el índice, al pasar de una calificación de 29/100 en 2019, a una de 31/100. Sin embargo, México sigue siendo el país que está peor evaluado dentro de los integrantes de la OCDE. Para decirlo de otra manera, la percepción favorable sobre el liderazgo lopezobradorista no es suficiente para que podamos hablar de algún avance en la lucha por controlar la corrupción en nuestro país.
Es cierto que como ha dicho Edna Jaime, directora de México Evalúa, la creación del SNA generó expectativas desbordadas, sobre todo, entre las organizaciones de la sociedad civil que estuvieron involucradas en el trabajo de construcción de dicho andamiaje institucional. Resulta muy frustrante el desprecio por el SNA, o cuando menos, el desinterés de todos los actores políticos, empezando por el propio presidente de la República que abiertamente rechaza cualquier institución que no esté bajo su línea de mando directa. El SNA fue un proyecto que apostó a un trabajo interinstitucional de mediano y largo plazos que no ha acabado por arrancar. Si, como todo parece indicar, se le deja morir por inanición, queda la pregunta obligada ¿cuánto tiempo nos tomará volver a edificar un mecanismo eficaz para ponerle diques efectivos a los actos de corrupción y transformar el discurso en realidad operante?